Prevaricaci¨®n, no malversaci¨®n

El magistrado Alberto Jorge Barreiro sostiene que la Junta de Andaluc¨ªa concedi¨® 855 millones en ayudas sociolaborales durante 11 a?os mediante un procedimiento sin control que facilit¨® el fraude.

• El origen del fraude. ¡°La consejer¨ªa de Empleo implant¨® en 2000 un sistema de concesi¨®n de ayudas sociolaborales a empresas en crisis sin bases reguladoras, ni convocatorias donde se publicitasen las ayudas ni criterios de selecci¨®n de los beneficiarios, ni baremos, l¨ªmites y condiciones de las subvenciones a conceder, por lo que los sistemas utilizados para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales¡±.

• Prevaricaci¨®n, no malversaci¨®n. Los imputados, ¡°conocedores de este sistema ilegal dictaron resoluciones con visos de arbitrariedad, a sabiendas de su injusticia, cuando aprobaron en los consejos de Gobierno las modificaciones presupuestarias con el fin de incrementar una partida que permit¨ªa dedicar grandes cantidades de dinero a conceder ayudas a empresas que sab¨ªan que se iban a conceder por un procedimiento ilegal (...) No constan indicios de que Chaves, Zarr¨ªas y Gri?¨¢n intervinieran directamente en esas entregas de fondos p¨²blicos, ni que supieran que se estaba disponiendo de los caudales p¨²blicos para ayudas con destino al lucro il¨ªcito de terceras personas¡±.

• P¨¦rdidas millonarias. El magistrado advierte de que no todo el dinero empleado (855 millones) se puede considerar defraudado. ¡°Concurren supuestos de concesiones claramente fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que s¨ª tendr¨ªa que hacerse cargo el erario p¨²blico en todo caso, aunque cumplimentando el procedimiento legal para las concesiones¡±. El magistrado apunta la existencia de 77 intrusos ¡ªpersonas que sin pertenecer a la empresa cobraron por el ERE¡ª, se?ala que se pagaron prejubilaciones cuya cuant¨ªa rebasaba los l¨ªmites legales y denuncia una p¨¦rdida de 66 millones en sobrecomisiones pagadas a dos compa?¨ªas de seguros.

• Los avisos de ilegalidad. El Interventor de la Junta de Andaluc¨ªa avis¨® desde 2005 del sistema irregular de ayudas, pero no lleg¨® a redactar un informe de actuaci¨®n para obligar a tomar medidas. El juez sugiere que el Interventor no dio ese paso por miedo a perder el cargo, para el que fue nombrado por el Gobierno. Y se pregunta ¡°si un interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido¡±.