La inspectora jefa de Hacienda no asume el informe contra Rato
El exvicepresidente econ¨®mico del Gobierno comparecer¨¢ el pr¨®ximo mi¨¦rcoles
Margarita Garc¨ªa-Valdecasas, inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), asegur¨® al juez que ella se limit¨®, ¡°como es habitual¡±, a firmar el informe de los funcionarios que motiv¨® la denuncia de la fiscal¨ªa contra el exvicepresidente del PP Rodrigo Rato, su detenci¨®n e imputaci¨®n por tres delitos fiscales, uno de alzamiento de bienes y otro de blanqueo. El juez Antonio Serrano-Artal ha citado el mi¨¦rcoles a Rato para preguntarle por los tres delitos que le atribuye la ONIF, y que suman un fraude de 1.039.741 euros.
El instructor no ve el alzamiento de bienes que denunci¨® Hacienda
La Agencia Tributaria analiz¨® un extra?o movimiento patrimonial de Rodrigo Rato y concluy¨® que estaba ocultando sus propiedades poni¨¦ndolas a nombre de otras personas para evitar el pago de una fianza lo que se pod¨ªa interpretar como un alzamiento de bienes. As¨ª lo escribi¨® en el informe que remiti¨® a la Fiscal¨ªa para que presentara una denuncia contra Rato.
Rato don¨® a sus hijos ¡°sin que haya quedado acreditado que
mismos conocieran el prop¨®sito del denunciado¡± participaciones de cuatro empresas por 2.594.348 euros.
Cuando Rato llev¨® a cabo estas operaciones, a¨²n no se le hab¨ªan impuesto fianzas relacionadas con el caso Bankia. La primera, de tres millones de euros por la supuesta administraci¨®n desleal en la concesi¨®n de tarjetas de cr¨¦dito a consejeros y directivos, la deposit¨® mediante un aval bancario en octubre de 2014. La segunda fianza, relacionada con la salida a Bolsa de Bankia, de 800 millones, rebajada luego a 34, fue consignada por la entidad financiera en marzo de 2015, aunque posteriormente se le iba a reclamar al expol¨ªtico.
La Audiencia Provincial analiz¨® el caso e interpret¨® que los hechos investigados por la Agencia Tributaria y las pruebas aportadas no demostraban la existencia de un delito de alzamiento de bienes pues Rato pag¨®? la fianza sin problemas.
El juez pregunt¨® esta ma?ana a Garc¨ªa-Valdecasas sobre el informe de su departamento que atribu¨ªa a Rato hasta cinco delitos, y la inspectora jefe lo defini¨® como ¡°una denuncia temprana sobre posibles riesgos¡±. Los abogados de Rato, presentes en la declaraci¨®n, insistieron en preguntar a Garc¨ªa-Valdecasas si las acusaciones del informe eran suficientemente s¨®lidas, a lo que la inspectora jefe respondi¨® reiteradamente que las conclusiones de los funcionarios se basaban en los datos que figuraban en los ficheros de la ONIF. La base de datos de la Agencia Tributarias es el soporte documental en el que se apoya la ONIF para sus investigaciones.
El juez Antonio Serrano, pregunt¨® a Garc¨ªa-Valdecasas si conoc¨ªa la diferencia existente entre ¡°indicios¡± y ¡°sospechas¡± y la inspectora jefe contest¨® que no y aclar¨® que no era una experta judicial, seg¨²n fuentes conocedoras del interrogatorio. Los abogados del exvicepresidente pidieron al juez el archivo de la causa al escuchar las explicaciones ¡°endebles¡± de la inspectora jefe. La Fiscal¨ªa se opuso porque a¨²n falta por conocer el segundo informe de la ONIF, elaborado con los datos obtenidos en el registro de la vivienda y de la oficina de Rato.
El magistrado decidi¨® citar al exvicepresidente tras interrogar como testigo a la inspectora jefe. Tres meses despu¨¦s de su detenci¨®n y del registro de su casa y su despacho, Rato comparecer¨¢ el mi¨¦rcoles para dar las primeras explicaciones ante un juez sobre su comportamiento fiscal en relaci¨®n con sus actividades profesionales y sus empresas dentro de la causa en la que el investiga su patrimonio y sus actividades econ¨®micas.
La Fiscal¨ªa le atribuy¨® en un principio fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes. El juez, sin embargo, ha limitado por ahora la investigaci¨®n al fraude fiscal.
El exvicepresidente tiene tres causas abiertas en los juzgados. Dos de ellas est¨¢n relacionadas con su ef¨ªmero mandato en Caja Madrid y Bankia. La primera investiga el supuesto fraude a accionistas por la salida a bolsa de Bankia. La segunda analiza el supuesto uso indebido de tarjetas de cr¨¦dito por parte de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia durante el mandato de Rato. El tercer procedimiento afecta a sus negocios particulares.
Kradonara es la empresa de Rodrigo Rato con la que, seg¨²n la Agencia Tributaria, el exvicepresidente econ¨®mico del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar hizo maniobras irregulares por las que ahora est¨¢ imputado por delito fiscal.
Seg¨²n Hacienda, Rato usaba Kradonara para facturar sus servicios de asesoramiento a Telef¨®nica, algo irregular que supon¨ªa un ahorro importante de los impuestos que deb¨ªa pagar el exvicepresidente. Adem¨¢s, Rato recib¨ªa a trav¨¦s de Kradonara ingresos del extranjero con la ¡°finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias¡±.
Tres delitos fiscales por 1.039.741 euros
recibi¨® entre 2012 y 2013 ¡°importantes transferencias de
en cuentas corrientes de las que tiene el efectivo poder de disposici¨®n¡± procedentes de Suiza, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos y Dominica.? El exvicepresidente recibi¨® de esta forma el dinero "con el prop¨®sito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales pues no fueron incluidas por el mismo en las correspondientes declaraciones de su IRPF¡±, seg¨²n la Agencia Tributaria.
A mediados de 2012, con Bankia al borde de la quiebra, el Gobierno le despidi¨® de la presidencia de la entidad bancaria y Rato pas¨® a trabajar de asesor para otras empresas y bancos, con los que obtuvo ingresos declarados a Hacienda de manera supuestamente irregular.
La Agencia Tributaria sostiene que el vicepresidente factur¨® sus
para Telef¨®nica (307.627 euros) a trav¨¦s de la empresa de su propiedad Kradonara, en lugar de hacerlo como persona f¨ªsica. Con esa operaci¨®n, Rato se ahorr¨® mucho dinero en impuestos y defraud¨® al fisco, seg¨²n denunci¨® la Fiscal¨ªa de Madrid. Adem¨¢s, la sociedad Kradonara ocult¨® a Hacienda sus ingresos procedentes del extranjero "con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias¡±, seg¨²n la Agencia Tributaria.
El fraude fiscal que calcula Hacienda por todos estos hechos alcanza los 445.649 euros en 2011; 350.000 euros en 2012 y 244.092 euros en 2013.
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