Cada comunidad da una cobertura diferente a los inmigrantes

Desde que en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprob¨® la exclusi¨®n sanitaria, muchas comunidades han ido aprobando diferentes normativas, decretos o instrucciones para dar alguna atenci¨®n a sus residentes que se hab¨ªan quedado sin tarjeta sanitaria. En algunos casos se piden tres meses de empadronamiento; en otras seis. Las hay que exigen no superar un m¨¢ximo de ingresos. En otras el solicitante tiene que reunirse con los servicios sociales para que estos analicen su petici¨®n concreta. En algunos casos las dificultades burocr¨¢ticas han hecho que pocas personas se beneficien de estos programas especiales. En Galicia, por ejemplo, apenas 1.470 personas consiguieron cobertura a trav¨¦s del Programa de protecci¨®n social de la salud p¨²blica en a?o y medio.

Las coberturas tambi¨¦n son diferentes. En algunas se incluyen las recetas de medicamentos; en otras no. Hay comunidades que, pese a aplicar a rajatabla el real decreto 16/2012, pusieron sus propias excepciones, como enfermedades cr¨®nicas, mentales o de riesgo para la salud p¨²blica. Las sociedades m¨¦dicas reclaman equidad entre territorios.

Aval del Constitucional

El Ministerio de Sanidad trat¨® de matizar ayer las declaraciones de su n¨²mero dos, Rub¨¦n Moreno, tanto sobre la posibilidad de llevar al Constitucional las normativas auton¨®micas sobre atenci¨®n a inmigrantes como sobre las ¡°multas millonarias¡± que podr¨ªa imponer la Comisi¨®n Europea a Espa?a. Moreno asegur¨® en el Congreso que ha encargado informes a la Abogac¨ªa del Estado. Una portavoz de su departamento reconoci¨® ayer que pedir informes a la Abogac¨ªa del Estado cada vez que aparece una nueva normativa auton¨®mica es ¡°lo habitual¡± y que de momento no hay indicios de inconstitucionalidad. ¡°Es lo que se va a estudiar¡±, a?adi¨®.

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado dos veces sobre el derecho de las comunidades a dar asistencia sanitaria a sus residentes. El Ejecutivo de Rajoy recurri¨® la Ley Navarra de asistencia Sanitaria Gratuita y un decreto del Pa¨ªs Vasco que estas comunidades aprobaron despu¨¦s de que el Gobierno restringiera la atenci¨®n a inmigrantes en 2012. En los dos casos el Constitucional aval¨® que dieran asistencia universal. El alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constituci¨®n, debe prevalecer sobre el beneficio econ¨®mico vinculado al ahorro que la discriminaci¨®n en la atenci¨®n sanitaria supone.

La otra cuesti¨®n pol¨¦mica que plante¨® Moreno es la posibilidad de que la Comisi¨®n Europea imponga ¡°multas millonarias¡± a Espa?a. Podr¨ªa tener ¡°consecuencias catastr¨®ficas¡±, asegur¨®. El secretario general mencion¨® que la Comisi¨®n ya estuvo a punto de multar a Espa?a por este mismo motivo.

Turismo sanitario

Moreno se refiere a un dictamen motivado ¡ªel primer paso en un procedimiento de infracci¨®n comunitario, una especie de apercibimiento¡ª de 2011 en el que la Comisi¨®n emplazaba a Espa?a a dejar de denegar la tarjeta sanitaria europea a ciudadanos de la UE residentes en Espa?a, algo que entonces hac¨ªan tanto Andaluc¨ªa como Valencia.

El procedimiento no sigui¨® adelante. El a?o siguiente, el Gobierno cambi¨® la ley con el real decreto 16/2012 que asoci¨® la cobertura sanitaria al aseguramiento en la Seguridad Social. Esto dej¨® fuera a los ciudadanos de la UE que usaban gratis la sanidad espa?ola ¡ªel llamado turismo sanitario¡ª, pero tambi¨¦n retir¨® la asistencia a inmigrantes en situaci¨®n irregular. Moreno argumenta que si ahora se da tarjeta a estos ¨²ltimos, los comunitarios tambi¨¦n podr¨ªan exigirla por ¡°sentirse discriminados¡±.

Sin embargo, ninguna de las comunidades que ha devuelto la asistencia est¨¢ entregando tarjetas sanitarias. ¡°No se les asegura, solo se les da acceso al sistema¡±, explican en Arag¨®n. Se les entrega un documento que acredita que llevan unos meses empadronados y tienen que justificar que no hay un tercero obligado a pago (seguros, convenios internacionales, ciudadan¨ªa de la UE). Estas autorizaciones solo tienen validez en la regi¨®n que las expide.