La reforma del Constitucional divide a las asociaciones de jueces

Las asociaciones de jueces y fiscales han coincidido en la necesidad de reformar la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional para establecer "claramente" que tiene fuerza ejecutiva y sus resoluciones deben ser cumplidas. Eso s¨ª, mientras unas creen que la urgencia del cambio est¨¢ justificada, otras entienden que se trata de una "improvisaci¨®n" que transmite la sensaci¨®n de que el Estado no tiene medios para frenar la deriva secesionista y que el PP no conf¨ªa en la justicia ordinaria.

El presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha defendido que "nadie puede negar la conveniencia" de esta reforma legislativa, despu¨¦s de que con ocasi¨®n de la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre hubo quien argumentara "equivocadamente" que las resoluciones del Constitucional solo eran declarativas. "No nos parece mal que se ponga claramente que son ejecutivas en una ley", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

La asociaci¨®n, mayoritaria en la carrera judicial y de car¨¢cter conservador, ve con buenos ojos que el Alto Tribunal pueda imponer multas coercitivas o acordar una suspensi¨®n "instrumental" de funciones en la medida en que el ejercicio de estas entorpezca la orden emitida por este ¨®rgano. "Si no, llegar¨ªamos al c¨ªrculo vicioso de la inejecuci¨®n", ha a?adido.

En cuanto a la urgencia de la tramitaci¨®n en el Congreso, Llarena ha respondido que se trata de una v¨ªa "l¨®gica a la altura de las circunstancias". Esta opini¨®n coincide con la del presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, que ha resaltado la "cosa est¨¢ calentita, por lo que habr¨¢ que intentar" evitar un posible escenario de declaraci¨®n unilateral de independencia en Catalu?a.

"Me parece bien y es necesario. Hemos visto a veces como sus peticiones se quedaban en nada por falta de medios para hacerlas eficaces", ha manifestado Gallardo, al ser preguntado sobre la norma presentada por el Partido Popular en la C¨¢mara Baja.

Desde la Asociaci¨®n de Fiscales, su portavoz Emilio Fr¨ªas ha manifestado que "no ser¨ªa malo" que el Constitucional pueda ejecutar por s¨ª mismo sus resoluciones, aunque "otra cosa distinta es imponer sanciones". En este sentido, ha explicado que las multas no son novedosas y ha defendido el respeto al principio acusatorio y la audiencia del interesado en medidas como la suspensi¨®n de funciones.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha destacado que se pueden estudiar las competencias ejecutivas del Tribunal Constitucional para que sus resoluciones "no queden en papel mojado", pero hay otras formas de aplicar las sanciones. "Los juzgados ordinarios tienen competencias propias en casos de desobediencia", ha remachado.

Gendarme de urgencia

En este sentido, ha planteado que el Constitucional est¨¢ concebido como el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna con una misi¨®n esencial en la protecci¨®n de los derechos fundamentales y no como un "gendarme de urgencia" para cuestiones pol¨ªticas. "Se da la impresi¨®n de que el PP no conf¨ªa en la independencia de los jueces ordinarios y de que el Constitucional est¨¢ politizado", ha a?adido Bosch.

"El Gobierno ha tenido bastante tiempo y es poco comprensible que en la recta final de legislatura aborde deprisa y corriendo una cuesti¨®n de tanta trascendencia", ha se?alado Bosch, para a?adir que el alcance de la reforma requiere de una "reflexi¨®n adecuada" y de un amplio consenso entre las fuerzas pol¨ªticas, algo "poco compatible" con la urgencia de la v¨ªa escogida.

En esta l¨ªnea, se ha expresado el portavoz de la Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, al manifestar que la "Justicia tiene mucho que decir" en esta reforma, por lo que no parece l¨®gico que el PP eluda los informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal.

"No se puede hacer de la noche a la ma?ana, es una muestra de improvisaci¨®n a un mes de las elecciones catalanas que da la sensaci¨®n de que el Estado no tiene mecanismos suficientes ante la situaci¨®n de Catalu?a y de que la papeleta la tiene que sacar adelante el Tribunal Constitucional", ha concluido Viada.