Una pareja de mujeres demanda a Sanidad por negarles la inseminaci¨®n

Un matrimonio de mujeres ha demandado al Ministerio de Sanidad por negarles el tratamiento de reproducci¨®n asistida que necesitan para ser madres. Tania y Ver¨®nica ¨Cnombres supuestos de las demandantes, que no han querido hablar con los medios de comunicaci¨®n¨C alegan que la limitaci¨®n impuesta por el Gobierno en octubre de 2014 atenta contra la igualdad y es anticonstitucional, seg¨²n afirma su abogada, Carmen de Miguel, directora legal regional de Women¡¯s Link, la organizaci¨®n que les ha dado apoyo.

Las limitaciones a la prestaci¨®n de la reproducci¨®n asistida derivan del real decreto de abril de 2012 que se dict¨® para recortar 7.000 millones en el gasto sanitario p¨²blico. En concreto, esta partida deb¨ªa suponer 54 millones. El texto restring¨ªa el acceso a estas t¨¦cnicas a "aquellas personas con imposibilidad de conseguirlo [el embarazo] de forma natural". Y se especificaba que esto pod¨ªa deberse a "un trastorno documentado de la capacidad reproductiva" o a "ausencia de consecuci¨®n de embarazo tras un m¨ªnimo 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de m¨¦todos anticonceptivos". Con ello dejaba fuera a mujeres solas que quisieran inseminarse, o a parejas de lesbianas que desearan ser madres, ya que se les exig¨ªa haber mantenido coitos vaginales (por tanto, con un hombre).

La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, justific¨® este recorte alegando que "la falta de var¨®n no es un problema m¨¦dico", con las consiguientes protestas de organizaciones de mujeres. Para las que quisieran ser madres sin tener que alegar que el coito vaginal con un hombre no les funcionaba, quedaba solo la opci¨®n de acudir a una cl¨ªnica privada.

El caso de Tania y Ver¨®nica es, por un lado, representativo de esta situaci¨®n, y, por otro, algo especial. Tania hab¨ªa comenzado ya el tratamiento en la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz de Madrid, y se hab¨ªa sometido a un ciclo que no hab¨ªa logrado el embarazo. Un mes despu¨¦s de la publicaci¨®n en el BOE de la orden ministerial de octubre de 2014 que desarrollaba el decreto de recortes sanitarios de 2012, las mujeres fueron informadas en el centro sanitario de que quedaban excluidas del programa de reproducci¨®n asistida. Tras sus quejas y la presentaci¨®n de la demanda, en mayo de 2015 la cl¨ªnica les inform¨® de que reevaluar¨ªa todos los casos, con lo que est¨¢n de nuevo en tratamiento.

Las demandantes han presentado varios peritos que apoyan su pretensi¨®n. El informe del ex-ministro de Sanidad Bernat Soria y la m¨¦dica Ver¨®nica Juan se?ala que ¡°negar un proceso de fertilizaci¨®n in vitro a una ciudadana, en base a razones que no son de tipo m¨¦dico o biol¨®gico, puede suponer un da?o irreparable en sus derechos reproductivos, carece de bases m¨¦dicas y es una forma de opresi¨®n ideol¨®gica y negaci¨®n de derechos de quienes no comparten tu forma de pensar". En este caso no hay un impedimento m¨¦dico (l¨®gicamente, el tratamiento no se ofrece a quienes se hayan esterilizado voluntariamente o presenten una contraindicaci¨®n m¨¦dica para el embarazo o el desarrollo del feto, como refleja la orden ministerial).

Santiago Barambio, expresidente de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo (ACAI), ha afirmado en el juicio que la orden ¡°no contempla los distintos modelos de familia. La p¨¦rdida de la oportunidad de ejercer una reproducci¨®n que es posible, especialmente si ello es por un acto de discriminaci¨®n, puede perjudicar la estabilidad de la salud ps¨ªquica de quien sabe que tiene la potestad de ser madre".

Esto ¨²ltimo es importante, ya que las demandantes han mantenido su acci¨®n ante la justicia a pesar de haber reiniciado el tratamiento, y ello se debe "a los da?os morales y patrimoniales" que su exclusi¨®n del programa les produjo, afirma su abogada, Carmen de Miguel. "Hubo un da?o psicol¨®gico durante los seis meses que pasaron hasta que las aceptaron de nuevo y gastaron dinero ya que fueron a centros privados" para ser madres, a?ade.

Una portavoz de Sanidad, que ahora dirige Alfonso Alonso, ha declarado que "lo ¨²nico que se hizo con aquella orden fue clarificar y unificar los criterios para la aplicaci¨®n de las t¨¦cnicas de reproducci¨®n asistida", y que ello se hizo "basado en la evidencia y los criterios cient¨ªficos".

En un comunicado, el hospital ha manifestado que "realiza su actividad asistencial y no asistencial manteniendo, como no puede ser de otra forma, un escrupuloso respeto a la legalidad vigente", y que todos "son atendidos por igual al margen de su condici¨®n u orientaci¨®n sexual". En el caso en concreto de Tania y Ver¨®nica confirma que se les inform¨® del cambio en la situaci¨®n legal, y que en abril de este a?o se les ofreci¨® otro tratamiento. Adem¨¢s, insiste en que "las pacientes no han sufrido ning¨²n retraso en su tratamiento respecto al resto de casos a los que en principio no afectaba la norma estatal".

Lo que no explica el hospital es por qu¨¦ se cambi¨® de opini¨®n y decidi¨® reanudar el tratamiento. La abogada de la pareja opina que se debi¨® a la presi¨®n de la demanda. Fuentes sanitarias creen que pudo deberse a que la Comunidad de Madrid no cerr¨® claramente el acceso a este tratamiento porque no adapt¨® la norma estatal m¨¢s all¨¢ de indicar que la iba a acatar.

La Federaci¨®n Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales FELGTB), que envi¨® a una representante al juicio para apoyar a las demandantes, ha dicho en un comunicado que es "necesario expandir la igualdad de derechos a todas las mujeres y a todas las autonom¨ªas" el acceso a la maternidad.