La polic¨ªa critica que las declaraciones de detenidos no sean probatorias

El acuerdo de 30 de junio de la Sala II del Tribunal Supremo que sustituye al de 2006 reza as¨ª: ¡°Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio. No pueden operar como corroboraci¨®n de los medios de prueba. Ni ser contrastadas por la v¨ªa del art¨ªculo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ni cabe su utilizaci¨®n como prueba preconstituida en los t¨¦rminos del art¨ªculo 730 de la misma ley. Tampoco pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron¡±. A continuaci¨®n, realiza una confusa salvedad, que viene a decir que en caso de autoinculpaci¨®n pueden ¡°constituir un hecho base para leg¨ªtimas y l¨®gicas inferencias¡± siempre y cuando los agentes que presenciaron la declaraci¨®n presten testimonio en el juicio.

El asunto afecta fundamentalmente a aquellas declaraciones de detenidos que no sean ratificadas en sede judicial. Y tuvo especial relevancia en los tiempos de actividad etarra, en los que los terroristas reconoc¨ªan sus cr¨ªmenes ante los polic¨ªas y despu¨¦s se retractaban ante el juez, por ejemplo.

La cuesti¨®n ha llevado a los sindicatos policiales ha realizar informes internos al respecto, como el realizado por la Confederaci¨®n Espa?ola de Polic¨ªa (CEP) en el que resalta: ¡°El cambio operado en esta materia por el Tribunal Supremo supone elevar el list¨®n de exigencia en relaci¨®n con las declaraciones autoinculpatorias realizadas por detenidos en sede policial. Frente al criterio de 2006, que establec¨ªa una serie de requisitos, ahora se ha completado con la necesidad de que esas manifestaciones se corroboren por la propia Polic¨ªa, de tal forma que las mismas puedan llegar a juicio con mayor carga probatoria. Es decir, se requiere un ¡°plus¡± que va m¨¢s all¨¢ de respetar las garant¨ªas exigidas en 2006 y pasa por realizar actos de investigaci¨®n sobre esos hechos que el detenido confiesa¡±.

El acuerdo de 2006 reconoc¨ªa que ¡°las declaraciones v¨¢lidamente prestadas ante la polic¨ªa pueden ser objeto de valoraci¨®n por el Tribunal, previa su incorporaci¨®n al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia¡±.

La CEP entiende que la praxis que se manten¨ªa hasta la fecha era la correcta, respetando toda una serie de garant¨ªas (presencia de letrado, lectura de derechos constitucionales y ratificaci¨®n en la vista oral del juicio por los agentes) que imped¨ªan cualquier sombra de sospecha por parte de los detenidos. ¡°No hay, en este sentido, llamada de atenci¨®n alguna sobre el proceder policial, que en CEP entendemos era correcto y suficiente porque, entre otras cosas, era el que marcaba el propio Tribunal Supremo¡±, se?alan.

¡°Esto ya se ven¨ªa recogiendo en sentencias desde hace a?os¡±, se?alan en el Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP), ¡°pero ahora la idea es plasmarlo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en tr¨¢mite parlamentario) y, por eso han sacado este acuerdo, como paso previo¡±.

Desde la Fiscal¨ªa se ha criticado tambi¨¦n el acuerdo, que adem¨¢s de no ser un¨¢nime (12 votos a favor y cinco en contra), se aprob¨® existiendo otro texto alternativo propuesto por una parte de los magistrados de la Sala. ¡°El acuerdo del Supremo se carga la posibilidad de que las declaraciones policiales sirvan de contraste con las judiciales y restringe su valoraci¨®n a unas condiciones muy estrictas como que lo afirmado en ellas ya est¨¦ acreditado por otros medios probatorios, lo cual en hace innecesario cualquier valoraci¨®n de esas declaraciones policiales¡±, apuntan. Y algunos fiscales han se?alado que, ¡°incluso contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto¡±.

Desde el m¨¢ximo ¨®rgano judicial, sin embargo, se entiende ese acuerdo ¡°como una adaptaci¨®n¡± a su propio modo de valorar hasta ahora esas declaraciones realizadas en sede policial con todas las garant¨ªas.

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