De la confrontaci¨®n al di¨¢logo: por una Ley de Claridad para Espa?a
Queremos aportar una v¨ªa de soluci¨®n combinando legalidad con democracia
Probablemente los resultados del 27 de septiembre no sean concluyentes porque no habr¨¢ una mayor¨ªa suficiente para avanzar hacia la declaraci¨®n unilateral de independencia y porque, en cualquier caso, el Estado no aceptar¨¢ ser interpelado desde fuera de la legalidad. Arreciar¨¢n a partir del d¨ªa 28 los gestos de confrontaci¨®n a la espera de las elecciones generales sin que ning¨²n resultado garantice, a d¨ªa de hoy, una v¨ªa de soluci¨®n.
Los t¨¦rminos en los que se ha planteado el problema hasta ahora no permiten otro escenario que la confrontaci¨®n: los principios que se defienden, por un lado o por otro, no se han querido conjugar a la vez.
Para pasar de la confrontaci¨®n al di¨¢logo es necesario que ambas partes asuman dos principios: el principio de legalidad, por el que no hay di¨¢logo posible si no se respeta la legalidad constitucional, y el principio de democracia, por el que se debe reconocer que existe en Catalu?a una expresi¨®n independentista relevante que no puede ser ignorada por los dem¨®cratas.
Sin embargo, excepto la gen¨¦rica invocaci¨®n al di¨¢logo y el consenso de la Tercera V¨ªa, nadie parece aceptar ambos principios plenamente y al mismo tiempo.
La lista independentista Junts pel S¨ª no reconoce el principio de legalidad. CDC y ER se han embarcado en un proceso hacia una declaraci¨®n unilateral de independencia que tiene, como ¨²ltimo episodio por ahora, el fraude de ley de unas elecciones auton¨®micas convertidas en plebiscito.
Podemos, con S¨ª que es Pot, invoca el derecho a decidir, disfrazando el derecho a la autodeterminaci¨®n. Pero nunca Naciones Unidas reconocer¨¢ ese derecho a Catalu?a: no sufre ocupaci¨®n colonial o ausencia de democracia, no se ha impedido el desarrollo de sus singularidades ni carece de sistema de autogobierno. Adem¨¢s, el derecho a decidir desprecia el principio de legalidad y el imperativo de negociar a partir de ella.
El PP y Ciudadanos, por su parte, se atienen al principio de legalidad sin reconocer el principio de democracia: Espa?a ha decidido ya sobradamente en la historia y en la Constituci¨®n. Este argumento considera como valor supremo la indisoluble unidad de la naci¨®n espa?ola anteponi¨¦ndolo a la libertad y pluralismo pol¨ªtico que establece la Constituci¨®n como valores superiores.
El PSOE es la opci¨®n pol¨ªtica que por trayectoria hist¨®rica pudiera abrirse a una nueva reflexi¨®n. Siempre ha respetado las singularidades nacionales y ha gobernado en di¨¢logo con ellas: invoca la reforma de la Constituci¨®n y una redefinici¨®n federal de Espa?a. Pero, aunque el federalismo fuera una soluci¨®n para el futuro, sin conjugar los principios de legalidad y democracia no es posible ofrecer una soluci¨®n precisa hoy.
Con ¨¢nimo de concretar aspiraciones como las de la Tercera V¨ªa, y como ¨²ltimo paso si fracasara una aut¨¦ntica negociaci¨®n pol¨ªtica no intentada por Rajoy y Mas, queremos aportar una v¨ªa de soluci¨®n combinando ambos principios. La propuesta consiste en que las Cortes sancionen una Ley de Claridad:
a) Que establezca como inicio del proceso la necesidad de un pronunciamiento de mayor¨ªa reforzada del Parlamento de Catalu?a a favor de una consulta pactada.
b) Las Cortes estar¨ªan obligadas a recoger esta petici¨®n y pedir¨ªan al Gobierno de la Naci¨®n la convocatoria de una consulta para comprobar la voluntad de los catalanes. La ley fijar¨ªa su car¨¢cter exclusivamente consultivo, el contenido claro de la pregunta, la participaci¨®n m¨ªnima exigible y las mayor¨ªas cualificadas requeridas de apoyo.
c) En caso de un pronunciamiento favorable a la independencia, esta no ser¨ªa autom¨¢tica, sino que dar¨ªa lugar a la negociaci¨®n bilateral de buena fe con el Estado para estudiar los t¨¦rminos de la separaci¨®n u otra f¨®rmula que apareciera en ese proceso. En funci¨®n del resultado de la negociaci¨®n, se efectuar¨ªa la reforma de la Constituci¨®n sometida a refer¨¦ndum en toda Espa?a.
La f¨®rmula tiene ventajas: es realizable dentro de la legalidad constitucional; exige di¨¢logo y negociaci¨®n constantes desde el comienzo; respeta el principio democr¨¢tico con una consulta; y solamente en el caso de que esta se inclinara hacia el independentismo, promover¨¢ los cambios constitucionales que solo el pueblo espa?ol puede aprobar.
Esta v¨ªa tiene resonancias con la opini¨®n de expertos como Rubio Llorente y sus ¡°nueve tesis sobre Catalu?a¡±. Adem¨¢s, hay precedentes en pa¨ªses con problemas parecidos. Se apoya en principios similares a los que posibilitaron el refer¨¦ndum escoc¨¦s. En su esquema procedimental podr¨ªa mejorar la aplicaci¨®n de la Ley de Claridad utilizada en el caso de Quebec en Canad¨¢.
Si otros pa¨ªses de respetable cultura pol¨ªtica han combinado los grandes principios de legalidad y democracia, ?por qu¨¦ no Espa?a?
Od¨®n Elorza es diputado del PSOE y Manuel Escudero,economista y director general de Deusto Business School.
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