La fiscal general cuestiona la reforma procesal del Gobierno

La fiscal general del Estado y cuatro asociaciones de jueces y fiscales cuestionan, en distinto grado, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Consuelo Madrigal lamenta que no sea una reforma global, que se aplique un sistema de plazos de instrucci¨®n que ten¨ªa sentido si instru¨ªan los fiscales, que entre en vigor con tanta premura y que no haya m¨¢s medios para la Justicia. Las asociaciones hablan directamente de ¡°impunidad¡± para grandes casos de corrupci¨®n al establecer plazos para la instrucci¨®n de los sumarios.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cuestiona en declaraciones a EL PA?S la reforma procesal aprobada por las Cortes y que entrar¨¢ en vigor dentro de dos meses. Al tiempo, jueces y fiscales est¨¢n en pie de guerra contra la reforma apoyada solo por el PP y cuatro de sus asociaciones han hecho p¨²blicos en los ¨²ltimos d¨ªas comunicados en los que expresamente hablan de ¡°impunidad¡± para grandes procedimientos, especialmente los referidos a los casos de corrupci¨®n.

Madrigal rechaza, no obstante, que provoque impunidad ¡°porque nos esforzaremos los fiscales para que eso no ocurra¡±. La fiscal, propuesta para el cargo por el Gobierno del PP, critica en primer lugar que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¡°no sea global sino por parches¡±.

Es una reforma parcial porque hace un a?o el Gobierno renunci¨® a una reforma integral del proceso penal. En el inicio de la legislatura un grupo de expertos propuso un nuevo C¨®digo Procesal Penal que sustitu¨ªa la ley de Enjuiciamiento Criminal que procede del siglo XIX. La reforma impone plazos de seis o 18 meses para instruir esos sumarios, con posibilidad de pr¨®rrogas.

Adem¨¢s, Madrigal se remite al informe que hizo en su momento el Consejo Fiscal para explicar que el sistema de plazos de instrucci¨®n ten¨ªa sentido con el modelo que el Gobierno de Mariano Rajoy propuso en 2011 en el que los fiscales se encargaban de la investigaci¨®n, bajo supervisi¨®n de jueces de garant¨ªas. El Gobierno abandon¨® esa propuesta y finalmente son los jueces los que mantienen la instrucci¨®n y, por tanto, deciden ellos mismos sobre los plazos de instrucci¨®n, que solo pueden ser ampliados a petici¨®n del fiscal.

Aquel informe del Consejo Fiscal, realizado antes de la tramitaci¨®n parlamentaria ya advert¨ªa de que ¡°el plazo de duraci¨®n de las diligencias no es realista y adem¨¢s es preciso establecer con mayor detalle las consecuencias procesales de su transcurso hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal espa?ol tal medida de limitaci¨®n temporal sujeta a control carece de sentido, de utilidad y resulta de dif¨ªcil aplicaci¨®n pr¨¢ctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresi¨®n¡±.

Ahora, en opini¨®n de la fiscal general del Estado el resultado final es ¡°disfuncional¡±. Madrigal, adem¨¢s, pide ¡°m¨¢s tiempo para adaptar la organizaci¨®n y las funciones¡± y reclama ¡°m¨¢s infraestructura¡±. La norma tiene una vacatio legis (plazo entre la publicaci¨®n y la entrada en vigor) de dos meses, lo que seg¨²n Madrigal es insuficiente. En esta objeci¨®n coincide con cuatro asociaciones de jueces y fiscales.

¡°Hay que hacerlo con las mismas personas, lo que resulta dif¨ªcil¡±, a?ade la fiscal y explica que ¡°adem¨¢s hay que encontrar una soluci¨®n con las 12 comunidades que tienen transferidos los medios materiales de la Justicia¡±. ¡°No habr¨¢ impunidad, las intenciones son buenas, pero falta la adecuaci¨®n necesaria¡±, explica.

Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Uni¨®n Progresista de Fiscales y Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales van mucho m¨¢s all¨¢ y advierten en sus comunicados de las ¡°aciagas consecuencias pr¨¢cticas¡± de la reforma. Las citadas asociaciones de jueces y fiscales entienden que, al no ir acompa?ado de m¨¢s medios y de una nueva regulaci¨®n global del proceso penal, no tendr¨¢ m¨¢s efecto que esa impunidad que citan.

Seg¨²n la UPF, ¡°es un nuevo remiendo con un efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la averiguaci¨®n de sus responsables¡±. A?ade que se ha hecho ¡°desde el m¨¢s absoluto desconocimiento¡±, con ¡°medidas de nefastas consecuencias¡±, que ¡°determinar¨¢ la impunidad de ellos¡± y ¡°dificultar¨¢ la investigaci¨®n judicial¡±.

La APIF habla de ¡°absoluto desconocimiento¡± y asegura que ¡°se pone un escollo m¨¢s a la instrucci¨®n de las causas que nos llevar¨¢ a espacios de impunidad con instrucciones deficientes¡±.

Jueces y fiscales explican que, por un lado, las grandes causas de corrupci¨®n requieren investigaciones complejas y tr¨¢mites lentos como los de comisiones rogatorias que hacen imposible cumplir esos plazos. A?aden que la aplicaci¨®n inmediata de la norma obliga a revisar todas las causas abiertas para computar esos plazos ya que el inicio del l¨ªmite de instrucci¨®n es retroactivo, por lo que deber¨¢n dedicarse solo a esa labor durante meses.

El fiscal es el que, en ¨²ltimo t¨¦rmino, tiene capacidad para forzar la pr¨®rroga de los plazos o para obligar al cierre del sumario si no lo pide. El juez no puede prorrogar de oficio, ni lo pueden pedir las acusaciones.