El Gobierno no frenar¨¢ la reforma procesal pese al rechazo un¨¢nime
El ministro de Justicia atribuye las cr¨ªticas a la Ley de Enjuiciamiento a que "todo cambio del sistema de trabajo genera una incertidumbre"
El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, est¨¢ dispuesto a proponer un plan con medidas para poder aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el 7 de diciembre. Pero no est¨¢ dispuesto a aplazar su entrada en vigor como piden las asociaciones de jueces y fiscales. Toda la carrera judicial y fiscal, a trav¨¦s de sus asociaciones, rechazan el apartado referido a los plazos concretos de instrucci¨®n por entender que son inaplicables. Incluso, llegaron a hablar en un comunicado conjunto de "ley de punto final" y de "impunidad" para los grandes casos. Para el ministro esa valoraci¨®n es "un desprop¨®sito".
El Gobierno no suspender¨¢ la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de las protestas de todas las asociaciones de jueces y fiscales contra la limitaci¨®n de plazos de instrucci¨®n que contiene. El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, asegur¨® este viernes a EL PA?S que "aplazar la entrada en vigor no es la soluci¨®n".
Justicia ya par¨® en 2014 con un decreto una ley aprobada
Si el Gobierno quisiera podr¨ªa frenar la entrada en vigor de la Ley de Enjuciamiento Criminal o retrasarla como piden jueces y fiscales para facilitar su aplicaci¨®n. Hay precedentes de leyes que son frenadas cuando est¨¢n en vacatio legis, es decir, cuando ya han sido publicadas en el Bolet¨ªn Oficial del Estado y antes de entrar en vigor. El ¨²ltimo es, precisamente, del actual Gobierno y del titular de Justicia. Fue la ley que regula el registro civil para desjudicializar y encomendar su gesti¨®n a los registradores mercantiles. Ante los problemas de aplicaci¨®n, el 4 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprob¨® un decreto-ley que inclu¨ªa la suspensi¨®n de la entrada en vigor de la norma que hab¨ªa aprobado el Parlamento. Aquella fue una suspensi¨®n sine die, lo que supon¨ªa que el Consejo de Ministros frenaba una ley tramitada en las Cortes. Lo hac¨ªa, adem¨¢s, dentro de un decreto ¨®mnibus de medidas econ¨®micas. Tan excesivo era el procedimiento que hace dos semanas el Tribunal Constitucional emiti¨® una sentencia en la que reconven¨ªa al Gobierno por el abuso de ese decreto-ley previsto solo para asuntos de urgencia. Como todo decreto-ley aquel fue ratificado ese mismo mes de julio en el Congreso. Si ahora el Gobierno tuviera voluntad de frenar la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento s¨®lo tendr¨ªa que aprobar un decreto-ley muy breve. Esa norma tendr¨ªa que ser ratificada en las Cortes y aunque se disuelvan las Cortes el 27 de octubre puede hacerlo la Diputaci¨®n Permanente. El Gobierno lo puede hacer porque tramit¨® Ley de Enjuiciamiento Criminal en dos partes y la referida a los plazos de instrucci¨®n la hizo ley ordinaria y no org¨¢nica. Si hubiera sido org¨¢nica no podr¨ªa cambiarla por decreto-ley.
Catal¨¢ asegura que "es un desprop¨®sito tachar la norma de ley de punto final o asegurar que facilita la impunidad" como aseguran las organizaciones profesionales de jueces y fiscales.
El ministro atribuye el rechazo un¨¢nime de jueces y fiscales a la resistencia normal cuando se establece un cambio de modelo. "Todo cambio del sistema de trabajo genera una incertidumbre", asegura.
No obstante, explica que el martes acudir¨¢ al Consejo Fiscal para exponer c¨®mo se aplicar¨¢ la ley y para poner sobre la mesa un plan de trabajo con medidas concretas.
Entre esas medidas se incluye la posibilidad de establecer un nuevo sistema de organizaci¨®n de los juzgados antes de la entrada en vigor de la ley el pr¨®ximo 7 de diciembre. Los fiscales se quejan de que al aplicarse con car¨¢cter retroactivo los l¨ªmites temporales de instrucci¨®n es preciso revisar una por una los millones de causas abiertas, a pesar de que el ministerio p¨²blico no tiene acceso inmediato a todas las investigaciones.
Para ello, Catal¨¢ propondr¨¢ aprobar un reglamento dirigido a los secretarios judiciales, que est¨¢n a cargo del ministerio para "facilitar la colaboraci¨®n entre jueces y fiscales".
El ministro asegura que tambi¨¦n est¨¢ dispuesto a incrementar el n¨²mero de fiscales sustitutos para reforzar las plantillas.
La instrucci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado para aplicar la norma pide tambi¨¦n cambios en los sistemas inform¨¢ticos de la Justicia con medios que en este momento no existen. El ministro de Justicia afirma que est¨¢ dispuesto a estudiar tambi¨¦n mejoras sobre ese sistema.
Margen suficiente
Catal¨¢ explica que no es cierto que las causas deban revisarse antes del 7 de diciembre, puesto que el plazo de instrucci¨®n es de seis meses, es decir, que hay margen hasta junio de 2016 para esa revisi¨®n.
"Se pueden cumplir los plazos", asegura el titular de Justicia que explica que han tomado como referencia los baremos de carga de trabajo de los juzgados y los tiempos medios de instrucci¨®n que en 2014 fueron de 245 d¨ªas de media, seg¨²n la memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado y la del Poder Judicial.
En los casos considerados complejos el plazo de instrucci¨®n se ampl¨ªa a 18 meses, lo que para Catal¨¢ "resulta razonable".
Explica que el transcurso de esos plazos sin pr¨®rroga no supone archivo de las actuaciones. Los cr¨ªticos con la reforma entienden que pasados esos plazos no es posible practicar m¨¢s diligencias lo que, en la pr¨¢ctica, supone el cierre de esas causas. Las cr¨ªticas se refieren tambi¨¦n al hecho de que solo puedan prorrogarse los plazos a instancias del fiscal y no de oficio por el juez o a instancia de alguna otra parte como las acusaciones. Catal¨¢ argumenta que no ha dado tiempo a cambiar el sistema para que el fiscal se encargue de la instrucci¨®n, pero que "se trata de avanzar en esa direcci¨®n".
El ministro a?ade que es "injusto que se juzgue la ley solo por el apartado de los plazos porque incluye una veintena de novedades destinada a facilitar la agilidad del proceso". Por ejemplo, la eliminaci¨®n de la conexidad para evitar las macrocausas, la doble instancia penal o la regulaci¨®n de la intervenci¨®n de las comunicaciones, entre otras.
Por el momento ya han firmado m¨¢s de 1.100 fiscales la carta pidiendo que se frene la entrada en vigor de la reforma, lo que supone la mitad de los miembros de la carrera.
En otras instancias avanza el rechazo a la reforma y, por ejemplo, la junta de jueces de Granada ha aprobado una resoluci¨®n cr¨ªtica con la norma en la que se habla de impunidad para los grandes casos, informa Efe.
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