Los fiscales rechazan las propuestas de Catal¨¢ para aplicar la ley procesal

El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, ha escuchado este martes durante dos horas las duras cr¨ªticas de los miembros del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, les ha explicado que no suspender¨¢ su entrada en vigor y les ha ofrecido medidas adicionales para aplicarla. Pero para los miembros electos del Consejo ¡ªconservadores y progresistas y representantes de los 2.500 miembros de la carrera fiscal¡ª esos medios son insuficientes, la norma es inconveniente e imposible de aplicar.

"Las medidas propuestas no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y solo la pr¨®rroga de la entrada en vigor podr¨ªa resultar satisfactoria. Lamentamos que una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios t¨¦cnicos no haya sido tomada en consideraci¨®n por el ministro", han asegurado en un comunicado los miembros del Consejo Fiscal tras la reuni¨®n con Catal¨¢.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada en las Cortes y entrar¨¢ en vigor el 7 de diciembre. Contiene la limitaci¨®n de los plazos de instrucci¨®n a seis o 18 meses prorrogables, entre otras medidas. Todas las asociaciones de jueces y fiscales la han rechazado y se han sumado otros colectivos como el de los abogados, a trav¨¦s del Consejo General de la Abogac¨ªa, que, en algunos casos, han hablado de "impunidad" y "ley de punto final".

En la reuni¨®n, el ministro les ha propuesto medidas adicionales como el refuerzo de plantillas de fiscales o mejoras del sistema inform¨¢tico, sin precisar, y una instrucci¨®n para que los secretarios judiciales den traslado de las actuaciones a los fiscales. Sin embargo, no pudo ir m¨¢s all¨¢ porque la propia norma establece que su aplicaci¨®n no puede llevar incremento de presupuesto.

Todos los representantes de los fiscales han cuestionado la norma

Todos los representantes de los fiscales, pertenecientes a la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales y a la Uni¨®n Progresista de Fiscales han cuestionado la norma. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, pese a que rechaz¨® la ley en declaraciones a EL PA?S y suscribi¨® hace meses un informe cr¨ªtico, se ha puesto de parte de Catal¨¢ durante la reuni¨®n.

A la salida, el ministro solo ha admitido la posibilidad de introducir cambios dentro de unos meses si se advierten disfunciones. Para entonces ya se habr¨¢n celebrado las elecciones y habr¨¢ otra configuraci¨®n parlamentaria. Por ejemplo, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha insistido en su rechazo a la reforma legal y ha anunciado que si gobiernan la cambiar¨¢n. Los socialistas mantienen en su programa electoral su propuesta de instrucci¨®n en manos de los fiscales, que el PP hizo suya al inicio de la legislatura y luego abandon¨®.

"Si en el futuro comprobamos que lo que hoy consideramos suficiente no lo es, hipot¨¦ticamente podr¨ªa plantearse una suspensi¨®n de plazos pero no ahora", ha precisado el ministro.

Al acabar la reuni¨®n, los miembros electos del Consejo Fiscal han suscrito un comunicado en el que se remiten al informe cr¨ªtico de esta instituci¨®n y consideran insuficientes las medidas propuestas por el ministro de Justicia. En su opini¨®n, es inaplicable la norma.

La limitaci¨®n de plazos se aplica con car¨¢cter retroactivo a los procesos ya abiertos, por lo que tendr¨¢n que revisar cientos de miles de sumarios en los pr¨®ximos meses. Seg¨²n el ministro de Justicia, no ser¨ªa democr¨¢tico suspender ahora la entrada en vigor de la ley.

Para los representantes de los fiscales en el Consejo "es inexplicable e ins¨®lito, m¨¢xime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses".

Al rechazo a la ley se sumaron a ¨²ltima hora los secretarios judiciales, ahora llamados letrado de la administraci¨®n de Justicia, a trav¨¦s del Sindicato de Letrados de la Administraci¨®n de Justicia con un comunicado en el que aseguran que "una instrucci¨®n precipitada e improvisada dirigida por parte del Ministerio de Justicia no ser¨ªa una soluci¨®n adecuada, y que podr¨ªa generar nuevas disfunciones" y "el sistema de plazos m¨¢ximos en fase de investigaci¨®n pierde su sentido si no se atribuye a la Fiscal¨ªa la instrucci¨®n de los procesos".

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