Las otras cinco operaciones del PP que ¡°perjudicaron¡± al paciente

El PP asegura que lleg¨® a La Moncloa cuando Espa?a se encontraba en "estado cr¨ªtico". Repite con ah¨ªnco que la "situaci¨®n estaba muy mal, peor de lo que nos hab¨ªan dicho". As¨ª que, como expone el ¨²ltimo spot de los populares, el Gobierno de Rajoy se enfund¨® la bata m¨¦dica y se puso a curar un paciente "grave" que "se nos iba" a causa de la crisis. Con este s¨ªmil, el Ejecutivo defiende sus cuatro a?os de legislatura. E intenta, de cara a las pr¨®ximas generales, centrar su mensaje en "el fin" de la coyuntura. Una estrategia que trata de sacar de la primera l¨ªnea del debate otras de sus operaciones. Esas que carecen de dimensi¨®n econ¨®mica y que responden a una intenci¨®n pol¨ªtica e ideol¨®gica. Las mismas que empujaron a miles de personas a las calles y que suponen, seg¨²n denuncian los colectivos sociales, un retroceso en los derechos de los ciudadanos. Aqu¨ª cinco de las cirug¨ªas del PP. Como la Ley Mordaza: que, seg¨²n dice No Somos Delito, "perjudic¨® tus libertades".

El decreto ley de RTVE. El Ejecutivo apenas tard¨® cuatro meses en modificar, a trav¨¦s de un decreto ley, la normativa que obligaba a elegir al presidente de la corporaci¨®n por dos tercios del Congreso. El Gobierno elimin¨® el requisito y lo rebaj¨® a la mayor¨ªa absoluta. Una reforma que dejaba la decisi¨®n en manos del PP. Desde entonces, las cr¨ªticas no han cesado. El Consejo de Informativos ha denunciado que "han regresado las pr¨¢cticas de manipulaci¨®n y censura que ya parec¨ªan superadas". Los trabajadores han hablado de una caza de brujas; y han protestado por la creaci¨®n de una redacci¨®n paralelaante el intenso a?o electoral. Adem¨¢s, la audiencia ha descendido. "La modificaci¨®n legislativa de 2012 elimina todo tipo de contrapesos y permite ubicar al frente de RTVE a un hombre de partido", sentencia el Consejo de Informativos.

Ley mordaza. Ni las intensas protestas de los colectivos sociales, ni el amplio rechazo de la oposici¨®n, ni las cr¨ªticas de los organismos europeos y de la ONU. Nada fren¨® a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ley mordaza, que entr¨® en vigor el pasado 1 de julio. Una normativa que sanciona, entre otras acciones: manifestarse junto al Congreso y al Senado; difundir im¨¢genes de polic¨ªas; parar un desahucio y protestar escalando edificios. La polic¨ªa ya la ha aplicado: mult¨® a un joven por llamarles ¡°escaqueados¡± en las redes sociales. La oposici¨®n acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial" con esta legislaci¨®n. "Es una norma limitadora de las libertades p¨²blicas, lo cual es inadmisible en un entorno democr¨¢tico", apostilla el colectivo No Somos Delito, uno de los principales grupos que ha impulsado las protestas contra esta ley.

La religi¨®n, a las aulas. La Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ley Wert, introdujo una reforma radical al sistema educativo. La entrada en vigor implica que la Religi¨®n pasa a ser una materia que punt¨²a como cualquier otra para la media acad¨¦mica y para recibir una beca o ayuda. Es decir, influir¨¢ para acceder a la universidad. Pero no es el ¨²nico punto conflictivo. "La Conferencia Episcopal Espa?ola no solo logr¨® que la LOMCE volviera a incluir la Religi¨®n como materia evaluable; ahora ha logrado imponer un temario retr¨®grado que entra en conflicto directo con otros contenidos del curr¨ªculo escolar basados en la evidencia cient¨ªfica", sentenci¨® EL PA?S en un editorial, al referirse a un temario que trata de "relativizar" errores cometidos por la Iglesia cat¨®lica al perseguir a quienes defendieron postulados cient¨ªficos que colisionaban con la fe, como Galileo Galilei.

La Iglesia cat¨®lica ha logrado imponer un temario retr¨®grado Editorial de EL PA?S

Cadena perpetua. Bajo el eufemismo de ¡°prisi¨®n permanente revisable¡±, el PP reintrodujo esta legislatura la cadena perpetua, abolida en 1928. "La decisi¨®n del Gobierno no se sostiene si analizas las cifras [Espa?a tiene una de las menores tasas de criminalidad del mundo, pero una de las m¨¢s altas de poblaci¨®n reclusa de Europa]. El C¨®digo Penal ha dejado de ser un instrumento de pol¨ªtica criminal para convertirse en otro de agitaci¨®n y propaganda", expuso Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad de M¨¢laga. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogac¨ªa defienden que esta norma choca con la Constituci¨®n, ya que esta obliga a que las penas de c¨¢rcel est¨¦n "orientadas hacia la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social". En esa idea insiste casi toda la oposici¨®n, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ley de Punto Final. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es una "aut¨¦ntica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados". As¨ª de contundente se han manifestado seis asociaciones de jueces y fiscales, que han denunciado la entrada en vigor de esta normativa el pr¨®ximo 5 de diciembre y que fija l¨ªmites m¨¢ximos de 6 o 18 meses para instruir los sumarios. El Consejo Fiscal ya la cuestion¨® y habl¨® de una ¡°oscura redacci¨®n¡±. Los jueces que llevan algunas de las investigaciones m¨¢s sensibles de Espa?a tambi¨¦n afirmaron que esta ley abr¨ªa las puertas a la impunidad de los corruptos.