Guerrero afirma que Hacienda y la Intervenci¨®n avalaron los ERE

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andaluc¨ªa y principal imputado del caso ERE, ha vuelto a disparar hacia arriba, hacia la c¨²pula del Gobierno andaluz. En su tercera declaraci¨®n ante el juzgado que instruye el caso, el ex alto cargo ha insistido en que ¨¦l se limit¨® a autorizar las ayudas del fondo de 855 millones, dise?ado por el Ejecutivo aut¨®nomo y similar al que anteriormente a la d¨¦cada 2001-2010 hab¨ªa aplicado el Gobierno central para dar subvenciones excepcionales. Ya declar¨® dos veces ante la juez Mercedes Alaya, con el resultado de prisi¨®n preventiva ambas, y ahora lo ha hecho ante la nueva instructora Mar¨ªa N¨²?ez.

Esta ma?ana las balas de Guerrero se han dirigido hacia la Consejer¨ªa de Hacienda y la Intervenci¨®n General de la Junta, que seg¨²n su relato acogieron una reuni¨®n con la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo (que dio las ayudas) para establecer la legalidad del procedimiento de los ERE. El ex alto cargo afirma que la exviceconsejera de Hacienda entonces, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, aval¨® la legalidad de las subvenciones junto al ex interventor general Manuel G¨®mez. Empleo hab¨ªa pedido una reuni¨®n tras un duro informe de la Intervenci¨®n General en 2005 que cuestionaba el procedimiento empleado, y tras sondear si deb¨ªa cambiarse la concesi¨®n de ayudas, la respuesta final de Hacienda fue que pese a las inconvenientes del sistema de pago de los ERE, no se hab¨ªa detectado menoscabo de fondos p¨²blicos.

Sin embargo, esta tarde G¨®mez ha negado la mayor sobre la supuesta reuni¨®n de hace una d¨¦cada: ¡°Me parece inveros¨ªmil y solo se trata de manchar sin pruebas. No es veros¨ªmil todos los participantes juntos. Los ¨®rganos administrativos se expresan por escrito¡±.

La tercera comparecencia de Guerrero ha sido breve (dos horas en comparaci¨®n con las 20 horas en tres d¨ªas que dur¨® la primera) y confuso, pre?ada de incoherencias y contradicciones, por lo que la luz sobre los hechos investigados ha sido muy relativa.

Guerrero ha insistido en que se limit¨® a cumplir las ¨®rdenes de sus superiores para conceder a ayudas, e incluso ha negado la mayor: dice que no hubo intrusos (beneficiados como prejubilados pese a que nunca trabajaron en las empresas) y que estos ten¨ªan derecho a las p¨®lizas subvencionadas por la Junta, pese a que entre ellos estaba su suegra Victorina Madrid, incluida como prejubilada de una empresa que ni siquiera conoci¨®. El exdirector ha admitido asimismo que hubo miles de trabajadores desconocedores de la l¨ªnea de ayudas que no pudieron solicitarlas por su lejan¨ªa a los sindicatos y a la Junta.

Su abogado, Fernando de Pablos, insisti¨® en la misma l¨ªnea: "El sistema empleado por la Junta fue exactamente el mismo que el Ministerio de Trabajo, con las mismas publicidades y requisitos, exactamente igual". Guerrero ha incidido en que las ayudas de los ERE nunca se sometieron al criterio de los servicios jur¨ªdicos de la Junta, ni tampoco a ning¨²n despacho externo. Poco despu¨¦s de la salida de Guerrero de Empleo, esta consejer¨ªa encarg¨® un informe sobre la legalidad de las ayudas al bufete Garrigues.

En el fondo de los ERE, Guerrero ha admitido que se incluyeron subvencioes para que las empresas cancelaran cr¨¦ditos con los bancos, conseguir l¨ªneas de descuento y cancelar deudas con la Seguridad Social, unas obligaciones cuya responsabilidad pertenece a las empresas. "En mi conciencia era todo legal", ha resumido Guerrero a la juez, seg¨²n fuentes presentes durante la declaraci¨®n ante la nueva instructora del caso, Mar¨ªa N¨²?ez, que sostiene a priori un criterio opuesto a la juez Mercedes Alaya.

Guerrero fue el ex alto cargo del Ejecutivo andaluz que autoriz¨® la mayor¨ªa de las ayudas y ERE del fondo que dispuso de 855 millones desde 2001 hasta 2010. El exdirector estuvo al frente de Trabajo desde 1999 hasta 2008. Hoy Guerrero est¨¢ desempleado, pero recientemente la juez N¨²?ez orden¨® a la Junta que le devolviera 17.730 euros de su salario embargado por Alaya, despu¨¦s de que la justicia ordenara su reingreso como funcionario de la Junta.

Durante los ¨²ltimos dos a?os el ex alto cargo de la Junta se hab¨ªa negado en repetidas ocasiones a declarar por consejo de su abogado, la ¨²ltima hace solo dos semanas en un asunto desgajado del caso ERE.

Guerrero declar¨® dos veces ante Alaya. La primera de ellas fue una declaraci¨®n que se prolong¨® durante 20 horas en tres d¨ªas, y en la que Guerrero apunt¨® hacia la c¨²pula del Gobierno andaluz como descargo de su nefasta gesti¨®n. Del juzgado ingres¨® en prisi¨®n preventiva ante la gravedad de las acusaciones contra ¨¦l. Tras la comparecencia, Alaya le impuso una fianza r¨¦cord de 686 millones. Un a?o despu¨¦s Alaya le convoc¨® de nuevo. La Guardia Civil le hab¨ªa acusado de recibir numerosos pagos de la consultora Vitalia, que posteriormente su abogado considera que est¨¢n acreditados y son legales. Tras esa segunda comparecencia, volvi¨® a ingresar en prisi¨®n preventiva.

Esta ma?ana estaba prevista asimismo la comparecencia de los ex interventores generales de la Junta Manuel G¨®mez, como imputado, y Roc¨ªo M¨¢rquez, como testigo. Sin embargo, han sido aplazadas a la espera de que el Tribunal Supremo remita la declaraci¨®n de G¨®mez ante el alto tribunal por la pieza instruida en Madrid sobre el dise?o del procedimiento.