Los Tribunales Superiores ven dif¨ªcil la aplicaci¨®n de la reforma procesal

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) auton¨®micos han aprobado este mi¨¦rcoles en Bilbao una declaraci¨®n institucional en la que valoran "positivamente" la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya entrada en vigor se prev¨¦ a comienzos de diciembre, aunque advierten de que su aplicaci¨®n ser¨¢ complicada por la escasez de efectivos en las Salas de lo Civil y Penal. La planta actual de los Tribunales Superiores "no permite, con car¨¢cter general, la debida implantaci¨®n de la reforma", han defendido en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢.

Los presidentes de los TSJ consideran que la nueva ley procesal, que el Gobierno defiende frente a las cr¨ªticas recibidas de abogados, jueces y fiscales, es positiva pues "garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia", pero advierten de que supondr¨¢ un aumento de la carga de trabajo que algunos tribunales no podr¨¢n soportar.

El sistema de "apelaci¨®n dual" que establece el nuevo proceso penal recogido en la reforma promulgada introduce "una importante complejidad" en la tarea de enjuiciamiento que pone en riesgo su adecuada puesta en pr¨¢ctica en el conjunto de los tribunales. "Se estima imprescindible disponer de un detallado estudio del incremento de la carga competencial" que supondr¨¢ la entrada en vigor la ley.

Los m¨¢ximos responsables de los 17 Tribunales Superiores consideran "necesario a corto plazo" un aumento de la plantilla en las Salas de lo Civil y Penal, adem¨¢s de una "necesaria dotaci¨®n de letrados" de la Administraci¨®n de Justicia.

Catal¨¢ ha asegurado posteriormente que la implantaci¨®n efectiva de la segunda instancia penal leva "asociado el compromiso del Gobierno de dotar adecuadamente de todas las estructuras de gesti¨®n que permitan que sean operativas".

El ministro de Justicia ha admitido que su aplicaci¨®n exige crear plazas y dotas de m¨¢s recursos a los Tribunales de Justicia. En todo caso, ha a?adido que las reformas legales, como el caso de la nueva normativa procesal, "hay que dejar que se consoliden" para ver "c¨®mo funcionan".

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la limitaci¨®n de los plazos de instrucci¨®n a seis o 18 meses prorrogables, entre otras medidas. Tras su aprobaci¨®n por las Cortes, y ante su pr¨®xima entrada en vigor, todas las asociaciones de jueces y fiscales la han rechazado y se han sumado otros colectivos como el de los abogados, a trav¨¦s del Consejo General de la Abogac¨ªa, que, en algunos casos, han hablado de "impunidad" y "ley de punto final".

En la misma declaraci¨®n, los presidentes de los TSJ han acordado "por unanimidad" hacer una defensa de la "independencia judicial" ante las "presiones soportadas" por las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a durante la toma de declaraci¨®n al presidente catal¨¢n Artur Mas en la causa por el 9-N. "Toda actuaci¨®n que se realice en detrimento de esta independencia judicial supone un ataque al Estado de derecho", dicen los jueces.

"En una sociedad democr¨¢tica el Poder Judicial es esencial para garantizar el Estado de derecho, y preservar los derechos de los ciudadanos. Estos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces act¨²en con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial", dice el escrito.

El ministro Catal¨¢ tambi¨¦n se ha adherido a esta cr¨ªtica a las movilizaciones y protestas organizadas frente al Palacio de Justicia de Catalu?a, y ha vuelto a pedir a las instituciones catalanas respeto a la independencia judicial. Adem¨¢s, ha opinado que actuaciones como el registro de la sede de CDC son la garant¨ªa del buen funcionamiento del Estado de derecho.