?Y ahora qu¨¦?

Cualquier respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy al desaf¨ªo soberanista del Parlamento de Catalu?a pasa por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo tendr¨¢ que estudiar en qu¨¦ momento act¨²a, es decir, si espera a que el Parlamento de Catalu?a vote y apruebe la moci¨®n independentista o si act¨²a ya contra ella. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, estudia tambi¨¦n la iniciativa.

V¨ªa parlamentaria. Los partidos de la oposici¨®n en el Parlamento de Catalu?a pueden intentar que la resoluci¨®n se frene en la Mesa y no llegue al pleno.

Suspensi¨®n cautelar. Cuando el Gobierno act¨²e ser¨¢ en forma de impugnaci¨®n ante el Constitucional. La sola admisi¨®n a tr¨¢mite de la impugnaci¨®n, que es segura, supone la suspensi¨®n de la aplicaci¨®n de la resoluci¨®n independentista. Esta situaci¨®n ya se produjo en 2013 cuando el Constitucional fren¨® una declaraci¨®n similar, aunque no iba tan lejos como la presentada ahora. La suspensi¨®n es temporal a la espera de un pronunciamiento sobre el fondo antes de cinco meses, cuyo sentido parece claro tambi¨¦n, seg¨²n el citado precedente. Cuando se produzca la suspensi¨®n y sea comunicada por el Constitucional al Parlamento de Catalu?a quedar¨¢n legalmente frenados todos los actos que deriven de ah¨ª. El Parlamento y el Gobierno de la Generalitat tendr¨¢n que decidir si acatan esa suspensi¨®n o si siguen adelante como augura la resoluci¨®n.

Suspensi¨®n de Mas. Si se acata, se frena el proceso. Y si no es as¨ª, se puede aplicar la reforma expr¨¦s del Constitucional que aprob¨® el PP en solitario hace solo un mes. Con esa reforma, el propio Constitucional podr¨¢ suspender en su cargo a Artur Mas y a cuantos participen en ese incumplimiento. La reforma legal habla de suspensi¨®n en su cargo "por el tiempo preciso", sin concretar plazos ni procedimiento. Mas tendr¨¢ que acatar la suspensi¨®n de su cargo y si no fuera as¨ª, el Tribunal podr¨¢ utilizar las fuerzas de seguridad para ejecutar la resoluci¨®n e imponer la medida cautelar.

Art¨ªculo 155. En paralelo, el Gobierno dispone del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n que le permite sustraer competencias de una comunidad, por ejemplo, las de seguridad y orden p¨²blico, en caso de incumplimiento. Para eso tendr¨ªa que pasar por el Senado, en el pleno o en la diputaci¨®n permanente si es antes del 13 de enero.

C¨®digo Penal. Para aplicarlo se requerir¨¢ que Mas lo acepte, se resista o tenga que ser obligado por las fuerzas de seguridad. En este ¨²ltimo supuesto ya entrar¨ªa en escena el C¨®digo Penal y delitos de rebeli¨®n o desobediencia. Intervendr¨ªa entonces la Fiscal¨ªa como en el 9-N.