El Constitucional ya impidi¨® frenar iniciativas parlamentarias

El Tribunal Constitucional marc¨® el camino para hacer frente a decisiones de parlamentos auton¨®micos y excluy¨® la posibilidad de que el Gobierno central frenara un debate parlamentario. Un auto de abril de 2004 estableci¨® que la ¨²nica v¨ªa previa a la celebraci¨®n del pleno es el recurso de amparo de los diputados del parlamento en cuesti¨®n, pero sin posibilidad en todo caso de frenar el debate y votaci¨®n. El Gobierno central debe esperar a que sea aprobada en el pleno para impugnarla.

Es decir, los parlamentarios pueden recurrir en amparo la decisi¨®n de la Mesa de tramitar la iniciativa, pero sin posibilidad de suspensi¨®n autom¨¢tica y sin poder evitar el debate y la votaci¨®n. Y el Gobierno central solo puede impugnar y suspender el texto que sea debatido y aprobado al final del tr¨¢mite parlamentario, seg¨²n la doctrina del Constitucional.

Ese camino, el del recurso de amparo contra la decisi¨®n de la Mesa de tramitarla alega? vulneraci¨®n del derecho de participaci¨®n del art¨ªculo 23 y es el utilizado ahora por Ciudadanos, PSC y PP en el Parlamento de Catalu?a. El final de esta v¨ªa es casi simb¨®lico y solo con efectos pol¨ªticos porque no supone suspensi¨®n autom¨¢tica del pleno y la resoluci¨®n no se sustanciar¨¢ en una sentencia hasta dentro de m¨¢s de un a?o.

Como no es autom¨¢tica la suspensi¨®n, Ciudadanos y PP han pedido la suspensi¨®n cautelar¨ªsima, una opci¨®n excepcional en el Constitucional. Hay casos aislados de suspensi¨®n cautelar por recursos de amparo, pero no parece f¨¢cil que la haya ahora por plazos y por la doctrina de aquel auto y por eso no la pide el PSC.

El auto de 2004 rechaz¨® un recurso del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en el que se pretend¨ªa frenar el debate del Plan Ibarretxe

De hecho, el Constitucional ha fallado en numerosas ocasiones en recursos de amparo de grupos parlamentarios en el Congreso y en asambleas auton¨®micas contra decisiones de las mesas y casi siempre a favor de los recurrentes, pero siempre a?os despu¨¦s.En ninguno de esos casos se ha concedido suspensi¨®n cautelar. No hay precedente de iniciativas parlamentarias suspendidas cautelarmente.

En abril de 2004, el pleno del Tribunal Constitucional emiti¨® un auto en el que rechaz¨® un recurso del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en el que se impugnaba la decisi¨®n de la Mesa del Parlamento vasco de tramitar y someter a votaci¨®n el llamado Plan Ibarretxe y se pretend¨ªa frenar el debate en la C¨¢mara auton¨®mica. Es de las muy escasas ocasiones que en democracia el Constitucional no ha admitido a tr¨¢mite una impugnaci¨®n del Gobierno central.

La Constituci¨®n establece que la sola admisi¨®n a tr¨¢mite de una impugnaci¨®n del Gobierno central contra decisiones auton¨®micas suspende su entrada en vigor durante cinco meses, despu¨¦s de los cuales el tribunal debe pronunciarse sobre el fondo.

En aquel auto, aprobado por escasa mayor¨ªa, se dec¨ªa claramente que la ¨²nica v¨ªa posible previa al debate es la del recurso de amparo. De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy podr¨ªa ahora forzar una impugnaci¨®n y arriesgarse a otro rechazo, pero parece haberse inclinado por esperar a que la resoluci¨®n soberanista sea aprobada, en cumplimiento de la doctrina de 2004. Frente a las cr¨ªticas que recibe por no actuar ya, la explicaci¨®n es que el Constitucional ya se pronunci¨® en una circunstancia similar y dej¨® establecido el camino.

Cuando impugne, una vez aprobada la resoluci¨®n, el Gobierno pedir¨¢ la suspensi¨®n que es autom¨¢tica en cuando sea admitido el recurso por el Constitucional.

El Constitucional argumentaba que frenar la tramitaci¨®n de una iniciativa parlamentaria afectaba al principio democr¨¢tico y que en el propio procedimiento puede ser sometido a modificaciones y cambios por v¨ªa de enmiendas, por lo que es necesario esperar a conocer los t¨¦rminos en que es aprobada para impugnarla y, en su caso, suspenderla.

"La eventual inconstitucionalidad de los actos parlamentarios solo es relevante cuando concluyen con una resoluci¨®n, disposici¨®n o acto que se integra en el Ordenamiento (y deber¨¢ verificarse con motivo del juicio de constitucionalidad que eventualmente se inste respecto de esa disposici¨®n, resoluci¨®n o acto), o cuando, sin finalizar el procedimiento en el que se insertan, producen una lesi¨®n inmediata de derechos fundamentales de los sujetos legitimados para participar en el procedimiento. Aquel control se verificar¨¢ por v¨ªa del recurso y de la cuesti¨®n de inconstitucionalidad; este mediante el recurso de amparo", conclu¨ªa aquel auto.

En este caso concreto, el problema de la resoluci¨®n no es tanto el contenido independentista como la invocaci¨®n a la desobediencia legal. De hecho, una de las ¨²ltimas votaciones de la legislatura en el Congreso de los Diputados era una moci¨®n de ERC instando al Gobierno central a negociar la independencia de Catalu?a. La funci¨®n calificadora de la Mesa del parlamento no se limita, no obstante a tramitar sin m¨¢s las iniciativas, de hecho, es habitual que se pida a los grupos proponentes que las reformulen.

El citado auto se?alaba que "no debe condicionar anticipadamente la suerte de ning¨²n debate, so pena de negar al Parlamento la facultad de arbitrar la discusi¨®n pol¨ªtica en los t¨¦rminos que estime convenientes. So pena, en definitiva, de someter al Parlamento a tutelas inaceptables" y se pronunciaba por "rechazar impugnaciones que, como es el caso, desnaturalizar¨ªan irremediablemente, de prosperar, los principios fundamentales de la democracia parlamentaria".