El Gobierno conf¨ªa en que no tendr¨¢ que actuar en Catalu?a hasta el 20-D

El Gobierno espera que hasta despu¨¦s de las elecciones generales del 20 de diciembre no haya incumplimientos de la suspensi¨®n de la resoluci¨®n independentista del Parlamento de Catalu?a que el Tribunal Constitucional decrete en las pr¨®ximas semanas, seg¨²n fuentes del Ejecutivo. Es decir, entiende que puede no ser necesario tomar medidas de fuerza o de sanci¨®n en Catalu?a hasta despu¨¦s de las generales, incluso, cuando est¨¦n constituidas las nuevas Cortes en enero y, probablemente, hasta que no haya nuevo Gobierno central.

El Gobierno tiene todo preparado y estudiado para actuar si se precitar¨¢n iniciativas independentistas en Catalu?a. Sin embargo, entiende que la resoluci¨®n que se aprobar¨¢ este lunes en el Parlamento de Catalu?a no tiene en s¨ª misma fuerza ejecutiva, aunque considera que debe recurrirla porque abre la puerta a una situaci¨®n que desborda la Constituci¨®n e incita a violar el Estado de derecho incumpliendo leyes y sentencias.

Posibles actos que se deriven de la resoluci¨®n ser¨ªan, por ejemplo, pasos concretos como la creaci¨®n de instituciones propias mencionadas en la resoluci¨®n. Estos supuestos requieren proyectos de ley y tramitaci¨®n parlamentaria que dif¨ªcilmente pueden completarse antes de que haya un Gobierno que haya salido de las generales del 20 de diciembre, siempre seg¨²n el Ejecutivo.

La resoluci¨®n habla concretamente de tramitar en 30 d¨ªas leyes como las de seguridad social y de hacienda p¨²blica. Pero, a pesar de esos plazos que establece, el Gobierno de Mariano Rajoy prev¨¦ que no se puedan tomar esas decisiones hasta despu¨¦s de las generales. Por un lado porque precisan de trabajos y tr¨¢mites previos antes de llegar al Parlamento de Catalu?a, como por ejemplo el informe del Consejo Consultivo catal¨¢n. Y, sobre todo, porque esos tr¨¢mites estar¨ªan condicionados tambi¨¦n a que haya sido elegido el nuevo presidente de la Generalitat, algo que podr¨ªa demorarse a¨²n por falta de acuerdo entre los partidos independentistas sobre qui¨¦n ser¨¢ su candidato. Aunque la previsi¨®n del Gobierno es que cualquier actuaci¨®n de enfrentamiento corresponder¨¢ ya al futuro Ejecutivo, s¨ª ha estudiado todas las posibilidades como una aplicaci¨®n remota y limitada del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Por ejemplo, para asumir competencias de seguridad en Catalu?a. Esa medida la adoptar¨ªa la Diputaci¨®n Permanente del Senado.

Precedente de Atutxa

La otra v¨ªa, mucho m¨¢s sencilla, es la de la aplicaci¨®n de la reciente reforma del Tribunal Constitucional para sancionar incumplimientos de sus decisiones. El final de ese proceso podr¨ªa ser la suspensi¨®n de sus funciones de la presidenta del Parlamento de Catalu?a, Carme Forcadell, pero, en todo caso, el procedimiento establecido demorar¨ªa esa suspensi¨®n hasta despu¨¦s del 20 de diciembre. Lo que s¨ª har¨¢ el Gobierno es pedir que el Constitucional notifique personalmente a Carme Forcadell la suspensi¨®n que en su momento decrete, una vez que admita a tr¨¢mite el recurso contra la resoluci¨®n. Eso ocurrir¨¢ no antes del final de la pr¨®xima semana y supondr¨¢ que Forcadell asuma la responsabilidad de cualquier incumplimiento legal.

No ser¨ªa la primera vez que se act¨²a contra un presidente de un Parlamento aut¨®nomo por no cumplir una resoluci¨®n judicial. Aunque con muchas diferencias, la justicia actu¨® contra Juan Mar¨ªa Atutxa, presidente del Parlamento vasco, por negarse a ejecutar una resoluci¨®n de la justicia que le obligaba a disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale. La diferencia con este caso es que entonces fue una actuaci¨®n penal. Atutxa, despu¨¦s de varios avatares judiciales y absoluciones, fue condenado por el Tribunal Supremo cuando ya hab¨ªa abandonado a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n para todo cargo p¨²blico, y 18.000 euros de multa. Pese a las diferencias, el precedente, avalado entonces por el Constitucional, sirve para reafirmar la responsabilidad de los presidentes de Parlamentos en el cumplimiento de resoluciones judiciales.