El Gobierno pedir¨¢ al Constitucional el bloqueo de todo acto secesionista

El Consejo de Estado aval¨® este martes al Gobierno para impugnar la resoluci¨®n independentista aprobada por el Parlamento catal¨¢n. El Consejo dictamin¨®, por unanimidad, la idoneidad del recurso que plantear¨¢ este mi¨¦rcoles el Ejecutivo, con el que pretende que el Tribunal Constitucional bloquee cualquier intento de aplicar cada aspecto de la resoluci¨®n. El recurso pedir¨¢ al tribunal que advierta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al secretario, Pere Sol, y a toda la Mesa de la C¨¢mara, as¨ª como a Artur Mas y a su Gobierno, de la posibilidad de ser suspendidos de sus funciones o acusados de desobediencia.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto echar mano de la reciente reforma de la ley del Tribunal Constitucional para pedir no solo la suspensi¨®n de la declaraci¨®n secesionista, sino tambi¨¦n que la decisi¨®n judicial sea notificada personalmente a cargos y funcionarios, a los que se les advierta de las consecuencias de su incumplimiento, tal y como permite esa reforma aprobada en octubre.

El pleno del Constitucional aprobar¨¢, previsiblemente en la tarde de este mi¨¦rcoles, la admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso del Gobierno, lo que provocar¨¢ ¡ªde forma autom¨¢tica, tal y como dicta la Constituci¨®n¡ª la suspensi¨®n de la resoluci¨®n impugnada. Sin embargo, seg¨²n traslad¨® el Ejecutivo de Rajoy al Consejo de Estado ¡ªel m¨¢ximo ¨®rgano consultivo¡ª, su intenci¨®n no es solo la suspensi¨®n. La propuesta tambi¨¦n plantea que la decisi¨®n judicial sea notificada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; a todos y cada uno de los miembros de la Mesa de la C¨¢mara catalana, incluidos los diputados de Ciudadanos, PSC y Catalunya S¨ª que es Pot (grupos que no respaldaron la resoluci¨®n); y al secretario general del Parlament, Pere Sol, que no es un cargo p¨²blico sino un funcionario.

Prohibir y advertir

El recurso reclamar¨¢ que la previsible suspensi¨®n sea notificada a los miembros del Consejo de Gobierno de Mas, es decir, a la vicepresidenta y a todos los consellers en funciones. Y que todas esas notificaciones est¨¦n acompa?adas de prohibiciones y advertencias. As¨ª, el Ejecutivo pedir¨¢ al Constitucional que imponga a Forcadell, a la Mesa y al secretario del Parlament "la prohibici¨®n expresa de admitir a tr¨¢mite, ni para su toma en consideraci¨®n ni para su debate o votaci¨®n, iniciativa alguna, sea de car¨¢cter legislativo o de cualquier otra ¨ªndole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resoluci¨®n, incluido su anexo".

Y, por ¨²ltimo, requerir¨¢ al tribunal para que tambi¨¦n proh¨ªba a Mas y a su Consejo de Gobierno "promover cualquier iniciativa legislativa o dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier actuaci¨®n con la misma finalidad". Las maniobras que el Gobierno pretende bloquear no son solo las tres leyes prometidas por los independentistas ¡ªlas de proceso constituyente, seguridad social y hacienda propia¡ª, sobre las que existe escaso o nulo margen al estar el Ejecutivo catal¨¢n en funciones, sino tambi¨¦n el bloque de medidas sociales que Junts pel S¨ª y la CUP pactaron y decidieron a?adir en el anexo de la resoluci¨®n secesionista.

Las notificaciones, de cumplirse las pretensiones del Gobierno, ir¨¢n acompa?adas de la advertencia expresa de suspensi¨®n de sus funciones, as¨ª como de "procederse por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, en caso de incumplimiento". Es decir, el Gobierno quiere que la decisi¨®n del Constitucional bloquee cualquier intento de ejecutar la resoluci¨®n independentista y que, adem¨¢s, todos los implicados est¨¦n advertidos de las consecuencias del incumplimiento de esa decisi¨®n para poder actuar contra ellos si desobedecen.

"Prudencia" es una de las palabras que, en los ¨²ltimos d¨ªas, m¨¢s pronuncian los magistrados del Tribunal Constitucional. Mientras que la decisi¨®n de suspender la resoluci¨®n no genera ninguna duda, ya que es autom¨¢tica si el recurso no tiene ning¨²n defecto de forma, las notificaciones y advertencias que reclama el Gobierno s¨ª despiertan debate.

En la decisi¨®n que el mismo Constitucional tom¨® sobre la consulta independentista en Catalu?a celebrada el 9-N de 2014, el tribunal suspendi¨® la votaci¨®n pero no incluy¨® la advertencia a Mas sobre la obligaci¨®n de cumplir y las responsabilidades e infracciones que supondr¨ªa ignorarla, tal y como, tambi¨¦n entonces, ped¨ªa el Gobierno. En este caso, la posibilidad de notificar personalmente y advertir forma parte de la reforma de la ley del Constitucional, pero es una opci¨®n que queda en manos del tribunal.