Una legislatura (casi) constituyente

Por primera vez desde 1978 la aritm¨¦tica parlamentaria puede empujar a crear, en este pr¨®ximo mandato, una ponencia en el Congreso que estudie una amplia reforma constitucional y, finalmente, hasta puede terminar la legislatura con la convocatoria de un refer¨¦ndum para la siguiente. As¨ª ser¨¢ si en las elecciones del 20-D se cumplen las previsiones de las encuestas y si los partidos ponen en marcha sus programas.

Todas las formaciones que, previsiblemente, estar¨¢n representadas en el pr¨®ximo Congreso, salvo el PP, llevan en sus programas reformas de la Constituci¨®n y, en la mayor¨ªa de los casos, de calado; es decir, de las que exigen disoluci¨®n posterior de las Cortes y refer¨¦ndum. Y, si se cumplen los resultados de las encuestas, es posible que PP y PSOE ya no alcancen juntos los 210 diputados que marcan la mayor¨ªa precisa para grandes decisiones como la reforma constitucional. Necesitar¨ªan a otros partidos por primera vez.

Adem¨¢s, grupos como Podemos tendr¨¢n capacidad para forzar en todo caso la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum, aunque se trate de una reforma sencilla.

La acidentada historia de Espa?a ha hecho que todas las constituciones hayan sido derogadas y nunca reformadas. Hasta el momento, la de 1978 solo ha sido retocada en dos ocasiones, por la v¨ªa r¨¢pida y sencilla y porque as¨ª fue impuesto desde Europa. Se hizo en 1992 para permitir el voto de comunitarios en elecciones municipales y en 2011 para incluir el pago de la deuda en el art¨ªculo 135. La segunda la hicieron solos PP y PSOE, una situaci¨®n que podr¨ªa ser ya imposible aritm¨¦ticamente esta pr¨®xima legislatura.

Cambio generacional

M¨¢s del 60% de los electores actuales no tuvo ocasi¨®n de votar la Constituci¨®n de 1978, lo que puede explicar parte del distanciamiento ciudadano de la Ley Fundamental. Alberto Garz¨®n (IU) cit¨® ayer a Thomas Jefferson y su reflexi¨®n de que cada generaci¨®n merece una Constituci¨®n porque las leyes fundamentales ¡°expiran naturalmente a los 19 a?os¡±.

El ¨²nico intento serio de reforma fue el de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que en 2004 lleg¨® a pedir informe al Consejo de Estado sobre cuatro cambios limitados: reforma del Senado, introducir el nombre de las comunidades aut¨®nomas, hacer referencia a Europa y eliminar la preeminencia del var¨®n en la sucesi¨®n de la Corona.

El Gobierno del PSOE no sigui¨® adelante entre otras cosas por la oposici¨®n del PP a esas modificaciones. Este verano, Mariano Rajoy rectific¨® y consider¨® razonables esas propuestas y el informe de Francisco Rubio Llorente, presidente entonces del Consejo de Estado, pero dej¨® en suspenso la futura reforma.

Esa posici¨®n del PP no es inamovible. Ministros como Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa-Margallo y Rafael Catal¨¢ han defendido p¨²blica y abiertamente la posibilidad de reforma. Incluso, en una convenci¨®n celebrada en diciembre de 2006 y organizada por la ahora vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, el PP (entonces en la oposici¨®n) lleg¨® a defender hasta una decena de reformas constitucionales. Pasado ese acto nunca m¨¢s volvi¨® a hablar de ello.

Responsables de PSOE, Ciudadanos y Podemos aseguran que al iniciar la legislatura pedir¨¢n en el Congreso la creaci¨®n de una ponencia constitucional que trabaje en la reforma. El PP ya no podr¨¢ bloquear la iniciativa porque, seg¨²n el reglamento, esas peticiones deben ir suscritas ¡°por dos Grupos Parlamentarios o por una quinta parte de los diputados (70 esca?os)¡±. Por ejemplo, Podemos y Ciudadanos ya podr¨¢n unir fuerzas para poner en marcha el procedimiento. Esa ponencia trabajar¨ªa con el mismo esquema que la que elabor¨® la de 1978 y en la que estuvieron los conocidos como ¡°padres de la Constituci¨®n¡±.

Todos los partidos hablan de la necesidad de buscar el mismo consenso que entonces, aunque el PP (entonces AP) no apoy¨® en 1978 el T¨ªtulo VIII, el referido a la organizaci¨®n territorial. La necesidad de ese consenso es, de hecho, la barrera tras la que se ha protegido siempre Rajoy para frenar cualquier intento de reforma. En el final de los trabajos, la reforma puede seguir dos caminos: reforma sencilla o agravada. La primera se aprobar¨ªa con mayor¨ªa de tres quintos de cada una de las C¨¢maras (210 diputados), tal y como se hizo con los dos cambios puntuales de 1992 y 2011.

No obstante, la propia Constituci¨®n establece que, aunque se haga una reforma sencilla, ¡°ser¨¢ sometida a refer¨¦ndum para su ratificaci¨®n cuando as¨ª lo soliciten, dentro de los quince d¨ªas siguientes a su aprobaci¨®n, una d¨¦cima parte de los miembros de cualquiera de las C¨¢maras¡±. Es decir, si Podemos llega a 35 diputados tendr¨¢ capacidad para forzar esa consulta tras el proceso de reforma, algo que nadie pudo hacer por falta de esca?os cuando se cambi¨® el art¨ªculo 135.

Si la reforma afecta a derechos fundamentales o a cap¨ªtulos esenciales como la soberan¨ªa nacional, la unidad de Espa?a o la monarqu¨ªa, entonces ser¨ªa necesario el refer¨¦ndum, previa disoluci¨®n de las Cortes y celebraci¨®n de elecciones. En ese caso la mayor¨ªa precisa es de dos tercios, es decir, 234 diputados y, por tanto, es muy posible que el PP tuviera capacidad para vetar la reforma.

PSOE, Ciudadanos y Podemos coinciden solo en su propuesta de reforma en actualizar el cap¨ªtulo de derechos, aunque discrepan notablemente en cuanto al dise?o territorial y el institucional, incluido el Senado. Sus propuestas suponen reforma agravada con refer¨¦ndum. Podemos ha dejado su idea del proceso constituyente, pero mantiene la idea de una reforma profunda. El propio Pablo Iglesias utiliz¨® en el debate de EL PA?S una expresi¨®n muy gr¨¢fica: ¡°Gracias 1978, hola 2016¡±.

Sumados los art¨ªculos que podr¨ªan verse afectados por los programas de PSOE, Podemos y Ciudadanos, el resultado es que el debate en esa hipot¨¦tica reforma afectar¨ªa al menos a medio centenar de art¨ªculos (de un total de 169); es decir, ser¨ªa un proceso casi constituyente.

Se a?aden los llamados art¨ªculos muertos, es decir, los que ya no tienen sentido como los que hacen referencia a la creaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas que se pusieron en marcha en 1978.