El Supremo rechaza indemnizar a un fabricante de bombas de racimo
La empresa Instalaza reclam¨® 40 millones de compensaci¨®n despu¨¦s de que Espa?a prohibiera fabricar este armamento
El Tribunal Supremo rechaza que el Gobierno deba indemnizar a la empresa espa?ola Instalaza por la prohibici¨®n de fabricar bombas de racimo decretada en 2008. El alto tribunal ha dado la raz¨®n al Estado en contra de la petici¨®n de la empresa, una de las grandes fabricantes mundiales de bombas de racimo, que reclam¨® una compensaci¨®n econ¨®mica por las p¨¦rdidas que le hab¨ªa ocasionado el veto a este armamento.
Espa?a fue uno de los m¨¢s de 100 pa¨ªses que, en mayo de 2008, firmaron en Dubl¨ªn un tratado para prohibir el uso de bombas de racimo. El Gobierno espa?ol, presidido entonces por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, aprob¨® meses despu¨¦s una moratoria sobre el uso, producci¨®n, almacenamiento, compra o transferencia de este armamento y orden¨® destruir las que ya estuvieran fabricadas. La empresa Instalaza, de la que el actual ministro de Defensa, Pedro Moren¨¦s, fue consejero antes de entrar en el Gobierno, ten¨ªa en su cat¨¢logo el modelo de bombas de racimo MAT-120, que supuestamente emple¨® el Ej¨¦rcito libio de Muamar Gadafi contra la poblaci¨®n civil de este pa¨ªs.
Instalaza reclam¨® al Gobierno 40 millones de indemnizaci¨®n en concepto de ¡°da?o emergente y lucro cesante¡±. En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros rechaz¨® la petici¨®n de la empresa y esta decidi¨® llevar el asunto a los tribunales. La Audiencia Nacional, en octubre de 2013, volvi¨® a dar la raz¨®n al Estado y sus argumentos han sido confirmados ahora por el Supremo. ¡°El acuerdo del Consejo de Ministros no tiene por objeto una privaci¨®n espec¨ªfica de derechos de la empresa y s¨ª la modificaci¨®n del r¨¦gimen existente por otro m¨¢s acorde con la protecci¨®n de la vida humana y el derecho internacional humanitario¡±, se?alan los jueces.
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