El juez pide el registro en Holanda de una firma tapadera de Oleguer Pujol
El grupo ITPS cre¨® dos sociedades pantalla a las que el hijo del expresidente catal¨¢n supuestamente desvi¨® 11 millones derivados de la venta de oficinas del Santander
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado registrar una empresa en La Haya (Holanda) que cre¨® dos sociedades pantalla que presuntamente fueron utilizadas por Oleguer Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Catalu?a, para abonar m¨¢s de 11 millones en supuestas comisiones ilegales, informaron a Europa Press fuentes jur¨ªdicas.
El magistrado ha cursado una comisi¨®n rogatoria a las autoridades de los Pa¨ªses Bajos que permite la entrada de los agentes en el grupo ITPS, que cre¨® dos sociedades instrumentales (Marway y Ard Choille) que, seg¨²n la investigaci¨®n, fueron utilizadas por el menor del clan Pujol para introducir en el mercado, de espaldas al fisco, capitales procedentes de la venta de 1.152 oficinas del Banco Santander, que se cerr¨® por un total de 2.177,38 millones de euros.
Los investigadores, que desconocen la identidad de los verdaderos propietarios de estas empresas y el concepto por el que se realizaron los pagos, rastrean una transferencia de 6,2 millones de euros que Oleguer Pujol habr¨ªa hecho a Marway y otra de 5 millones con destino a Ard Choille.
La compa?¨ªa ITPS, filial del bufete de abogados experto en asuntos tributarios Broers and Macdonald, ofrece a sus clientes "servicios integrales en la planificaci¨®n y estructuraci¨®n tributaria internacional combinada con una absoluta confidencialidad".
Pieza secreta
El registro se produce en el marco de la pieza secreta en la que el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 investiga a Oleguer Pujol Ferrusola y sus hermanos Jordi, Josep y Pere por actividades econ¨®micas que podr¨ªan ser constitutivas de los delitos de corrupci¨®n y falsedad documental. Estas pesquisas, impulsadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional, tienen como origen el sumario en el que el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 rastrea el patrimonio y las actividades econ¨®micas de Oleguer Pujol.
Oleguer Pujol est¨¢ imputado en ese procedimiento principal por fraude fiscal y blanqueo de capitales junto a su exsocio en la firma Drago Capital Luis Iglesias. El juez les cit¨® a declarar los pasados d¨ªas 14 y 15 de julio aunque pospuso sin fecha las comparecencias a la espera de recibir varios informes de la UDEF y la Agencia Tributaria.
Sus tres hermanos, sin embargo, no se encuentran imputados por el momento en este procedimiento, seg¨²n se?alaron las citadas fuentes jur¨ªdicas, que a?adieron que las nuevas pesquisas constituyen una ampliaci¨®n de la primera investigaci¨®n, que se abri¨® en octubre de 2014 a partir de una querella interpuesta por Guanyem Barcelona y Podemos.
Entre las operaciones que investiga el juez Pedraz se encuentra la operaci¨®n firmada en noviembre de 2007 por la que la empresa Samos Servicios y Gestiones adquiri¨® 1.152 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177,38 millones de euros. Tambi¨¦n existen sospechas por la compra de un hotel en Canarias por valor de ocho millones de euros que se habr¨ªa abonado con fondos procedentes del para¨ªso fiscal de las Islas V¨ªrgenes.
Los fiscales Anticorrupci¨®n Juan Jos¨¦ Rosa y Jos¨¦ Grinda consideran que las operaciones financieras investigadas podr¨ªan contener "elementos de defraudaci¨®n tributaria" con "relevancia criminal", tras los registros en el piso y despacho de Oleguer Pujol del 23 de octubre de 2014, y despu¨¦s de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, "de una manera m¨¢s o menos extensa", que en la actuaci¨®n de Pujol e Iglesias existen "elementos de defraudaci¨®n tributaria que tienen relevancia criminal".
En relaci¨®n con el resto de miembros del clan Pujol, el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata investiga a Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Merc¨¨ Giron¨¨s, por haber cobrado presuntamente comisiones ilegales a empresarios a cambio de su mediaci¨®n en la adjudicaci¨®n de contratos por parte de administraciones p¨²blicas catalanas.
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