El fiscal ofrece pactar a decenas de pilotos militares para no ir a prisi¨®n
Ser¨ªan condenados a tres meses de c¨¢rcel si devuelven el dinero cobrado por falsas mudanzas
El fiscal militar ha ofrecido una sentencia de conformidad a decenas de pilotos del Ej¨¦rcito del Aire acusados de cobrar indemnizaciones por falsas mudanzas. La oferta pasa por que se declaren culpables, acepten una pena de tres meses y un d¨ªa de c¨¢rcel y devuelvan el dinero indebidamente cobrado (entre 1.500 y 4.500 euros). La fiscal¨ªa pretende evitar una cadena de juicios en los que hasta un centenar de mandos deber¨ªa sentarse en el banquillo y enfrentarse a penas de hasta 10 a?os de c¨¢rcel, lo que podr¨ªa dejar sin pilotos a algunas unidades.
La investigaci¨®n abierta en 2012, despu¨¦s de que un empleado civil del Acuartelamiento A¨¦reo (ACAR) de Getafe (Madrid) detectara un error en el kilometraje de una de las facturas, sac¨® a la luz una pr¨¢ctica fraudulenta generalizada en algunos estamentos militares: el cobro indebido de la Indemnizaci¨®n por Traslado de Residencia (ITR) por mudanzas inexistentes.
El Juzgado Togado Militar Central n¨²mero 2 dict¨® en 2014 auto de procesamiento contra 45 pilotos del Ej¨¦rcito del Aire (un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos), pero el Tribunal Militar Central lo revoc¨® y orden¨® dividir el sumario entre nueve juzgados militares, en funci¨®n del lugar de residencia, por estimar que los acusados no formaban una trama organizada para defraudar a las arcas p¨²blicas, sino que segu¨ªan el patr¨®n de una picaresca individual.
Lejos de resolver el problema, el troceamiento del caso lo ha multiplicado como una hidra y ya se acercan al centenar los militares imputados. Solo en el juzgado militar territorial n¨²mero 12 de Madrid hay 43 implicados: un comandante (diferente al que investig¨® el juez central), 21 capitanes, cuatro tenientes, 12 suboficiales y cinco cabos.
Para evitar no ya un macroproceso pero s¨ª una retah¨ªla de juicios con decenas de mandos militares acusados, el fiscal togado les ha ofrecido que firmen una sentencia de conformidad declar¨¢ndose culpables y devuelvan la indemnizaci¨®n fraudulentamente percibida. A cambio, se les impondr¨ªa una condena de tres meses y un d¨ªa de c¨¢rcel, la m¨ªnima prevista, que no tendr¨ªan que cumplir ya que el nuevo C¨®digo Penal Militar, que entra en vigor el 14 de enero, permite (al contrario que el a¨²n vigente) suspender el ingreso en prisi¨®n en penas de corta duraci¨®n si no hay antecedentes.
En el caso de que los afectados no aceptaran el acuerdo con la fiscal¨ªa, podr¨ªan enfrentarse a penas de seis meses a cuatro a?os de c¨¢rcel, si se les acusara de deslealtad, o de dos a diez a?os si se les imputara un delito contra el patrimonio militar. M¨¢s all¨¢ del perjuicio que dichas penas podr¨ªan causar a los condenados y a su carrera militar, los procesos amenazan con casi vaciar de pilotos algunas unidades del Ej¨¦rcito del Aire.
La oferta de la fiscal¨ªa militar deja, sin embargo, algunos cabos sueltos. Uno es la situaci¨®n de los responsables de las empresas que supuestamente facilitaron facturas falsas a los militares para que estos reclamaran la indemnizaci¨®n.
Una compa?¨ªa de transportes, Sancho Ortega Int., con sede en Torrej¨®n de Ardoz (Madrid), aleg¨® que lo que entreg¨® no fueron facturas, sino ofertas de presupuesto, lo que choca con el hecho de que cobrase m¨¢s de 500 euros a cada implicado, una cantidad exorbitante por una mera oferta comercial. Si se demostrase la culpabilidad de las empresas de mudanzas, estas no solo podr¨ªa ser acusadas del delito cometido por los militares, sino tambi¨¦n de falsedad de documento o fraude fiscal, ya que no habr¨ªan declarado dichos ingresos a Hacienda.
Si no se trataba de facturas legales, tambi¨¦n podr¨ªan haber incurrido en negligencia o complicidad los ¨®rganos de control del Ej¨¦rcito del Aire que las dieron por buenas.
Adem¨¢s, no todos los pilotos tienen la misma responsabilidad. Seg¨²n el auto dictado en su d¨ªa por el juzgado militar central, eran un teniente y un capit¨¢n quienes se encargaban de contactar con los pilotos reci¨¦n salidos de la Academia de San Javier (Murcia) para ofrecerles facturas falsas a cambio de un 25% de la indemnizaci¨®n que percibir¨ªan por una mudanza que nunca tendr¨ªa lugar.
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