El Gobierno no paga la residencia a los dependientes leves atendidos en ellas
Las comunidades lo abonan en su totalidad porque este servicio solo est¨¢ recogido en la ley para las personas con discapacidad severa y grave
Las personas a las que se les diagnostica una dependencia moderada no tienen derecho a una plaza residencial, un servicio reservado, en un decreto del Gobierno del PP de diciembre de 2013, a los de mayor gravedad. Pero miles de ellos est¨¢n atendidos en estos establecimientos porque aunque tengan habilidad para desempe?ar las actividades b¨¢sicas, otras caracter¨ªsticas los convierten en incapaces de gestionar su vida. Las comunidades est¨¢n pagando este servicio sin el concurso del Gobierno y esperan que esta laguna legal se resuelva pronto.
En el Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales,? aseguran que conocen este problema y que la ley, efectivamente, no reconoce este servicio para los dependientes moderados, pero est¨¢n dispuestos a discutirlo en futuras reuniones con las comunidades y a buscar una soluci¨®n.
Las personas calificadas con dependencia leve o moderada entraron en el sistema de ayudas p¨²blicas el mes de julio y la ley no prev¨¦ la opci¨®n a una plaza residencial para ellas. El examen que pasan antes de recibir una prestaci¨®n eval¨²a, sobre todo, capacidades f¨ªsicas: si pueden comer solos, vestirse, asearse, caminar. Pero hay muchas personas que pasan crisis mentales durante las cuales no comer¨ªan, o saldr¨ªan a la calle en ba?ador en pleno invierno si no cuentan con el apoyo de un tercero.
Los responsables de la gesti¨®n de la dependencia en las comunidades citan tambi¨¦n perfiles de soledad o de personas muy aisladas en el entorno rural, o un alcoh¨®lico que vive en la calle. Cientos de casos que durante estos a?os han tenido apoyo social en las comunidades, en algunos casos, ingres¨¢ndolos en residencias. Los que as¨ª estaban antes de 2010 pueden permanecer aunque pasen al sistema de la dependencia, pero no los declarados dependientes moderados en fechas posteriores. Las comunidades sufragan esta ayuda, la m¨¢s cara.
Est¨¢n atrapadas en la ley y algunas pedir¨¢n al Gobierno que la modifique. ¡°Creo que las plazas residenciales deben ser para quien m¨¢s las necesite, tambi¨¦n para los dependientes moderados, aunque la prioridad con ellos sea la prevenci¨®n y la promoci¨®n de su autonom¨ªa y servicios de proximidad¡±, dice el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de la Dependencia de Andaluc¨ªa, Manuel Mart¨ªnez.
1.600 euros de media
En la Comunidad Valenciana hay 1.002 personas de grado I (moderados) en residencias y otros tantos sin grado adjudicado a¨²n. Una plaza de residencia cuesta unos 1.600 euros mensuales de media. ¡°?Y qu¨¦ hacemos con ellos? Nuestra obligaci¨®n es atenderlos. Si los dej¨¢ramos fuera de la residencia no tardar¨ªan mucho en aumentar la gravedad de su dependencia y entonces s¨ª tendr¨ªan acceso a una ayuda residencial¡±, explica Merc¨¨ Mart¨ªnez Llopis, directora general de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. ¡°Las atenciones sociales ya exist¨ªan, pero ahora la ley obliga a evaluar a todos de su dependencia y si est¨¢n en residencias porque lo necesitan el Gobierno deber¨ªa pagar por ello. En realidad esas personas est¨¢n atendidas por los servicios sociales de las comunidades¡±, dice.
Castilla y Le¨®n tiene 1.886 dependientes de grado I en residencias. Perciben por cada uno 44,33 euros mensuales, como si tuvieran la ayuda de un centro de d¨ªa. As¨ª figura en el papel, pero la comunidad les ingresa en residencias cuando lo necesitan pagando de su presupuesto el dinero extra. Pero todos pasan por tener una ayuda oficial, legal, la atenci¨®n en un centro de d¨ªa. As¨ª lo explica Jes¨²s Fuertes, secretario general de la Consejer¨ªa de Familia.
Cada comunidad busca c¨®mo solucionar este problema. ¡°No es el que m¨¢s acucia en Arag¨®n relacionado con la dependencia¡±, reconoce Joaqu¨ªn Santos, director gerente del Instituto de Servicios Sociales de la regi¨®n. Pero reconoce que es una laguna a revisar. ¡°Esto pone de manifiesto que hay que cambiar la forma de financiar la Ley de Dependencia. Adem¨¢s, el baremo con el que se eval¨²a ahora se ha endurecido y muchos que obtienen un grado leve tienen necesidad de una plaza de residencia. No sabemos c¨®mo vamos a abordar este asunto, aunque num¨¦ricamente no nos agobia. Trataremos de hacerlo con los que ya est¨¢n, pero las comunidades no tienen dinero como para actuar as¨ª con todos cuando el Gobierno no paga por ese servicio. Por otro lado, la obligaci¨®n de los servicios sociales es atenderlos como merecen¡±, dice Santos.
Las comunidades est¨¢n atrapadas. ¡°Lo que pasa es que los servicios sociales ya exist¨ªan pero la dependencia los est¨¢ aplastando como un rodillo¡±, asegura Merc¨¨ Mart¨ªnez Llopis. Se refiere a ayudas sociales que exist¨ªan y han sido fagocitadas por el sistema de dependencia. Por ejemplo, una madre soltera que recib¨ªa unas horas de ayuda a domicilio al d¨ªa para levantar a sus hijos y llevarlos al colegio mientras ella trabajaba. No es una mujer dependiente, pero necesita apoyo. La falta de recursos econ¨®micos ha clausurado muchas de estas ayudas.
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