La ley del proceso
El 'proc¨¦s' se desarrolla a base de decisiones pol¨ªticas insospechadas, que acaban produci¨¦ndose, las cuales se sustentan en postulados inconsistentes
Con la investidura in extremis del nuevo president de la Generalitat se vuelve a cumplir una suerte de ley que viene rigiendo el proceso soberanista. Por supuesto, no me refiero a ninguna norma jur¨ªdica, sino a un regla de funcionamiento seg¨²n la cual el proc¨¦s se desarrolla a base de decisiones pol¨ªticas insospechadas, que acaban produci¨¦ndose, las cuales se sustentan en postulados y argumentos inconsistentes, que terminan triunfando.
As¨ª, en diciembre de 2013 el president Mas anunci¨® sorpresivamente el acuerdo alcanzado con algunas fuerzas parlamentarias para convocar unilateralmente una consulta sobre la independencia, con fecha y pregunta, ampar¨¢ndose en el llamado derecho a decidir del pueblo de Catalu?a. Este derecho se proclamaba en la Resoluci¨®n 5/X del Parlament, y fue interpretado por el Tribunal Constitucional como una simple aspiraci¨®n pol¨ªtica a la que solo pod¨ªa llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. Sin embargo, el president convoc¨® una ¡°consulta no referendaria¡± bas¨¢ndose en una ley del Parlament que hab¨ªa sido suspendida, y a pesar de ello se llev¨® a cabo un ¡°proceso participativo¡± que consisti¨® en un simulacro de refer¨¦ndum, sin ning¨²n tipo de garant¨ªas, en el que participaron m¨¢s de dos millones personas.
Otro tanto ocurri¨® con la tambi¨¦n inesperada convocatoria de elecciones del 27-S, a las que las fuerzas soberanistas atribuyeron el car¨¢cter de plebiscitarias, una suerte de ox¨ªmoron que acab¨® siendo asumido por las dem¨¢s fuerzas catalanas y por los propios electores, generando la gran confusi¨®n que permiti¨® a cada cual contabilizar a su gusto votos y esca?os. Finalmente, aunque prevista en la llamada hoja de ruta soberanista, tambi¨¦n caus¨® estupor la declaraci¨®n de insurgencia aprobada por el Parlament el siguiente 9-N, suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional, y rechazada incluso por parte de los independentistas. Pero despu¨¦s del ins¨®lito pleno de investidura del domingo, esa resoluci¨®n se ha convertido en el programa de Gobierno para los pr¨®ximos 18 meses del nuevo president de la Generalitat y la mayor¨ªa parlamentaria que lo sustenta.
El candidato ya ofreci¨® en el debate los argumentos que posiblemente acaben convenciendo de su legitimidad para culminar con ¨¦xito el proceso hacia la rep¨²blica catalana: obedece a un n¨ªtido mandato democr¨¢tico, aunque ¡°corregido¡± por las negociaciones; y se llevar¨¢ a cabo respetando la legalidad espa?ola porque el Parlament, convenientemente asesorado, se limitar¨¢ a crear una nueva legalidad catalana aprobando las leyes del proceso constituyente y de transici¨®n jur¨ªdica. Esta es la regla de funcionamiento del proceso soberanista, de la que discrepamos muchos ciudadanos en Catalu?a, porque con ella no se avanza hacia ning¨²n sitio, se genera incertidumbre e inestabilidad, y se deterioran las normas, los procedimientos y las instituciones democr¨¢ticas.
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