Las administraciones invierten un 13% menos en servicios sociales en 4 a?os

Casi 11.000 millones de euros menos han gastado las administraciones estatal, auton¨®micas y municipales en servicios sociales en la pasada legislatura (de 2012 a 2015, ambos incluidos), seg¨²n el estudio que la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves. Y el c¨¢lculo es conservador, ya que lo que se ha medido es la diferencia entre lo que se gast¨® durante esos cuatro a?os y el monto que se habr¨ªa destinado si se hubieran mantenido las partidas de 2011, cuando lo normal hubiera sido que aumentaran. En ese periodo, de haberse mantenido el gasto, este hubiera sido de unos 82.000 millones de euros en los cuatro a?os. El recorte supone, por tanto, el 13% del total, que se divide entre el Estado (2.200 millones), las comunidades aut¨®nomas (4.900 millones) y los Ayuntamientos (3.700 millones).

La asociaci¨®n no mide solo el dinero. Desde 2102 elabora, adem¨¢s, un ¨ªndice DEC (derechos, econom¨ªa y cobertura) con 26 indicadores. En el apartado de derechos, por ejemplo, se eval¨²a si hay un cat¨¢logo de prestaciones o una ley que recoja los derechos de los ciudadanos. En el econ¨®mico se mide el gasto por poblaci¨®n o qu¨¦ proporci¨®n representa respecto al presupuesto total de la comunidad. Y en el de cobertura, el m¨¢s amplio, hay apartados como el porcentaje de personas mayores de 65 a?os que reciben teleasistencia, las plazas p¨²blicas en residencias de mayores o el importe y extensi¨®n de las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n. Una comunidad que tuviera todo perfecto seg¨²n el baremo de la asociaci¨®n tendr¨ªa un 10. De esta nota, el 15% depende del primer apartado (derechos); el 35%, del de econom¨ªa; y el 55% restante, del de cobertura, seg¨²n ha explicado Gustavo Garc¨ªa, coordinador del informe.

De acuerdo con este ¨ªndice, solo seis comunidades (Pa¨ªs Vasco, Navarra, Castilla y Le¨®n, La Rioja, Asturias y Cantabria) aprueban. Las peores son la Comunidad Valenciana (1,05 puntos, que equivale a pr¨¢cticamente no hacer nada, dijo Ram¨ªrez), Murcia (2,35) y Canarias (2,4).

Espa?a, como conjunto, no ha aprobado ninguno de los cuatro a?os que se han medido. La mejor nota la sac¨® en 2013 (4,91) y en 2015 ha llegado a su m¨ªnimo (4,54). Entre los Gobiernos aut¨®nomos, los tres donde el ¨ªndice baj¨® m¨¢s en el ¨²ltimo a?o son Catalu?a (1,35 puntos), Asturias (0,95) y Arag¨®n (0,85). Por el contrario, los que m¨¢s subieron fueron Andaluc¨ªa (0,65), Extremadura y el Pa¨ªs Vasco (0,55).

Si se toman los cuatro a?os de la legislatura, los mayores descensos desde 2012 hasta 2015 han sido los de Galicia (2,5 puntos), Murcia (1,25) y Arag¨®n (1,15). Los mayores avances, de Madrid (1,30), el Pa¨ªs Vasco (1,25) y Baleares (0,95).

Ocho millones de personas

"Los sistemas sociales se han debilitado en plena crisis, cuando m¨¢s se necesitaban", ha dicho Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n. Seg¨²n sus cuentas, hasta ocho millones de personas est¨¢n en situaci¨®n de recibir alg¨²n tipo de ayuda en este sentido. Esta es la primera de las conclusiones del informe presentado a partir de los datos del ¨ªndice DEC.

La aportaci¨®n de los Ayuntamientos est¨¢ amenazada por la ley de reforma local

Otras son "la extraordinaria disparidad entre comunidades en temas b¨¢sico", ha dicho Ram¨ªrez. Por ejemplo, "el 10,65% de la poblaci¨®n potencialmente dependiente ¡ªmayores de 65 a?os o personas con discapacidad¡ª de Andaluc¨ªa recibe alg¨²n tipo de atenci¨®n del sistema de dependencia, frente al 3,62% en Canarias", se?al¨® Luis Barriga, encargado de la parte econ¨®mica del informe. Pr¨¢cticamente cada tabla es un ejemplo. En Navarra hay 5,1 plazas residenciales por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 32%; en la Comunidad Valenciana son 0,72; el Pa¨ªs Vasco invirti¨® 611 euros por habitante en servicios sociales en 2014; la Comunidad Valenciana, 204.

Adem¨¢s, todav¨ªa el 26,7% del gasto lo realizan las entidades locales, y este esfuerzo est¨¢ amenazado por la ley de reforma de las competencias y gasto de los municipios, ha dicho Barriga.

La asociaci¨®n cree que la nueva composici¨®n del Congreso de los Diputados hace m¨¢s factible una de sus viejas recomendaciones: un pacto de Estado para salvaguardar los servicios sociales. Garc¨ªa ha se?alado que casi todos los partidos pol¨ªticos (menos el PP) llevaban en sus programas propuestas de proteger ciertos derechos en la Constituci¨®n. Tambi¨¦n para otra de sus reivindicaciones: una renta m¨ªnima garantizada. La tarde del jueves se ve¨ªan con los grupos parlamentarios (menos el del PP, que no les ha querido recibir) para exponerles sus necesidades.? ?