Feij¨®o se niega a explicar su relaci¨®n con el conseguidor de la trama Zeta

El PP gallego ha entrado con mal pie en el a?o electoral 2016. La juez de la Operaci¨®n Zeta, que investiga un supuesto fraude de subvenciones para cursos de formaci¨®n falsos de cinco millones de euros, ha citado para declarar como investigado por tr¨¢fico de influencias a Pachi Lucas, un empresario del c¨ªrculo ¨ªntimo de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. Seg¨²n la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de A Coru?a, Lucas cobraba de la trama por realizar gestiones ante la c¨²pula del PP para captar ayudas y contratos. Cuando en 2014 trascendi¨® que la polic¨ªa lo se?alaba como el conseguidor de los presuntos corruptos, Feij¨®o se neg¨® a explicar su relaci¨®n con ¨¦l apelando a que no estaba imputado. Ahora que s¨ª lo est¨¢, el presidente de la Xunta sigue sin aclarar si conoc¨ªa las actividades del empresario madrile?o que ha estado a su vera en actos p¨²blicos y privados desde hace 15 a?os.

Preguntado este jueves, en su comparecencia tras la reuni¨®n semanal de Gobierno, si conoci¨® por Lucas o por sus compa?eros del PP que su amigo actuaba ante el partido y las Administraciones como intermediario del presunto cabecilla de la trama Zeta, el militante popular Gerardo Crespo, Feij¨®o se ha limitado a afirmar que la Xunta denunci¨® ante la fiscal¨ªa irregularidades de las empresas de este ¨²ltimo, algo que el Gobierno gallego no har¨ªa, ha esgrimido, si tuviera la "intenci¨®n de ocultar cualquier tipo de cosas".

Sin citar en ning¨²n momento el nombre de su amigo, el presidente de la Xunta ha intentado desembarazarse del foco de la causa afirmando que "a todos y con total intensidad les corresponde esclarecer si hay o hubo alguna responsabilidad de cualquier tipo de Gobierno, del Gobierno anterior, del actual, de las comunidades aut¨®nomas o del central". "Si son personas civiles, que no tuvieron cargos p¨²blicos, con la misma igualdad que los que no los tuvieron", ha a?adido sobre una categor¨ªa en la que se encuadrar¨ªa Pachi Lucas junto a la mayor¨ªa de los m¨¢s de 70 investigados en este caso de corrupci¨®n.

Desde que la Operaci¨®n Zeta salt¨® a los medios de comunicaci¨®n, Feij¨®o se ha escudado en la inspecci¨®n que la Conseller¨ªa de Traballo e Benestar impuls¨® y envi¨® al ministerio p¨²blico en febrero de 2012, cuando la instrucci¨®n del caso llevaba abierta desde finales de 2011 por la denuncia de dos extrabajadoras de la trama. Crespo, un empresario de A Coru?a muy cercano al PP al que la juez considera cabecilla del supuesto entramado de fraude de subvenciones, ha relacionado p¨²blicamente esta denuncia de la Xunta ante el fiscal con una filtraci¨®n judicial a los populares gallegos. En una entrevista en la Cadena SER, Crespo relat¨® que su relaci¨®n con Lucas se cort¨® abruptamente en enero de 2012 y que el empresario amigo de Feij¨®o le explic¨® posteriormente por qu¨¦ hab¨ªa dejado de cogerle el tel¨¦fono repentinamente. "[Lucas] sab¨ªa de los pinchazos [policiales]", afirm¨® Crespo, "me dijo que lo sent¨ªa mucho, pero que no me pod¨ªa avisar, y que fue por eso que la conselleira [de Traballo] y Feij¨®o montaron todo lo de anular los ¨²ltimos cursos y enviar el caso al fiscal para salvarse".

Feij¨®o ha eludido este jueves explicar su relaci¨®n con Lucas, pero s¨ª ha subrayado que la Operaci¨®n Zeta afecta a varios Gobiernos y Administraciones aparte del que ¨¦l preside. El ¨²ltimo auto judicial de la instructora del caso cifra en cinco millones de euros los fondos p¨²blicos captados fraudulentamente por la trama para actividades de formaci¨®n que no se realizaron: cuatro millones procedentes del Ministerio de Empleo, unos 750.000 euros de la Xunta, 35.000 del Gobierno vasco y 16.000 del Gobierno de La Rioja. Seg¨²n la juez, el principal instrumento de los acusados para recibir estas subvenciones y contratos es la denominada Confederaci¨®n de Aut¨®nomos y Profesionales de Espa?a (Caype), un "mero artificio" dirigido en la sombra por Gerardo Crespo, que simulaba a base de "sedes ficticias" tener implantaci¨®n estatal para acceder a m¨¢s tipos de ayudas para cursos que no realizaba.

La juez investiga en esta causa a cuatro cargos o excargos p¨²blicos, tres de la Xunta y uno del Gobierno central. De los cargos auton¨®micos, dos son de la Administraci¨®n de Feij¨®o, uno form¨® parte de la Xunta bipartita que presidi¨® el socialista Emilio P¨¦rez Touri?o entre 2005 y 2009 (Pastor Fuenteseca) y otro, Juan Jos¨¦ Barrera Cerezal, fue director general de Econom¨ªa Social, Trabajo Aut¨®nomo y Responsabilidad Social de las Empresas en los Ejecutivos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Odilo Marti?¨¢, exdirector general de Traballo en la Xunta del PP, ya ha dimitido, pero el presidente gallego ha anunciado que de momento no destituir¨¢ a Ana Mar¨ªa D¨ªaz, exdirectora de Formaci¨®n de su Gobierno y actual responsable de Conservaci¨®n da Natureza. D¨ªaz, Fuenteseca y Barrera est¨¢n acusados de un delito de prevaricaci¨®n por su "total dejaci¨®n" en la supervisi¨®n de las subvenciones y por "los indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva" que ha encontrado la juez.