El juicio a la Infanta se reanuda pendiente de pactos ¡®in extremis¡¯
Los acuerdos entre el fiscal y algunos acusados pueden complicar la defensa de I?aki Urdangar¨ªn
El juicio del caso N¨®os, en el que la infanta Cristina ser¨¢ la protagonista absoluta, se reanuda el pr¨®ximo martes en la Audiencia Provincial de Baleares pendiente de posibles pactos de ¨²ltima hora entre el fiscal y algunos de los 18 procesados. Estos acuerdos, por el que los acusados reconocen los hechos de los que les acusa el ministerio p¨²blico a cambio de una rebaja en la condena, pueden complicar, de concretarse, la defensa del principal acusado, I?aki Urdangarin. El fiscal pide 19,5 a?os de prisi¨®n para el esposo de Cristina de Borb¨®n y cu?ado del Rey.
Los ciudadanos espa?oles, aturdidos por un alud de casos de inmoralidad p¨²blica, quiz¨¢ no valoren la trascendencia de la escena que van a vivir este martes. Por primera vez en la historia, la hermana de un Rey en ejercicio se sienta con todas las consecuencias ante un tribunal. Cristina de Borb¨®n, pese a tener de su lado al fiscal y a la Abogac¨ªa del Estado, no ha conseguido eludir un juicio en el que una acusaci¨®n popular, encabezada por el sindicato Manos Limpias, pide para ella una pena de ocho a?os de prisi¨®n por dos delitos fiscales.
La hermana de Felipe VI se sienta en el banquillo junto a otras 17 personas, entre ellas su esposo, I?aki Urdangarin; el exsocio de este, Diego Torres, y el expresidente de Baleares Jaume Matas. Estos, pese a tener que responder por delitos m¨¢s graves, no son sino figurantes de lujo en una causa en la que la hija de Juan Carlos I acapara el protagonismo informativo.
La Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial de Baleares se ha trasladado para este juicio al pol¨ªgono de Son Rossinyol, un ¨¢rea industrial a las afueras de Palma, separada de la prisi¨®n provincial por los cuatro carriles de la carretera de Soller. En el edificio de la Escuela Balear de Administraci¨®n P¨²blica (EBAP) se dilucidar¨¢ una supuesta trama de desv¨ªo de fondos p¨²blicos a trav¨¦s de adjudicaciones por valor de 6,2 millones de los Gobiernos auton¨®micos de Baleares y Valencia y el Ayuntamiento de Madrid al Instituto N¨®os, presidido por Urdangarin y registrado como entidad sin ¨¢nimo de lucro.
Cristina de Borb¨®n ser¨¢ la ¨²ltima procesada en declarar ante el tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero, el d¨ªa 26 de febrero, seg¨²n el calendario provisional de la vista oral. Sin embargo, la primera jornada se presenta decisiva. Antes de que el martes a las 9.15 arranque la sesi¨®n, los imputados pueden alcanzar acuerdos con la fiscal¨ªa para lograr rebajas en las penas a cambio de reconocer los hechos que el ministerio p¨²blico relata en su escrito de acusaci¨®n. Los m¨¢s proclives al pacto son los imputados procedentes del Gobierno balear, entre los que se incluye Matas.
El fiscal considera en su escrito de acusaci¨®n que los responsables pol¨ªticos se concertaron con Urdangar¨ªn y Diego Torres para beneficiar ¡°de forma fraudulenta al Instituto N¨®os¡±. Matas y sus antiguos altos cargos ahora imputados se saltaron las leyes de contratos de la Administraci¨®n para pagar a N¨®os ¡°precios totalmente desproporcionados¡± basados en los ¡°presupuestos ficticios¡± entregados por la entidad dirigida por Urdangarin.
Defensa comprometida
En caso de que los ex pol¨ªticos baleares lleguen a un acuerdo con el fiscal Pedro Horrach y admitan estos hechos antes de que se inicie el juicio, la posici¨®n de defensa de Urdangarin y Diego Torres quedar¨ªa seriamente comprometida. El ex director general de Deportes balear Jos¨¦ Luis Pepote Ballester, ya colabor¨® con la Fiscal¨ªa durante la fase de instrucci¨®n, y Matas ya dio un primer paso el pasado enero cuando cedi¨® a la Audiencia Provincial el palacete que tiene a medias con su mujer para hacer frente a su responsabilidad civil en el caso N¨®os.
Quienes parecen m¨¢s dispuestos a dar la batalla legal son los cuatro altos cargos de la Generalitat Valenciana procesados en la causa. Este grupo, tras fracasar en su intento de ser juzgados en la Audiencia Provincial de Valencia, pretende convencer al tribunal de que los acuerdos que firmaron con N¨®os estaban justificados.
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