Empieza en el Tribunal de Cuentas el juicio contra Alonso y Maroto

El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso y el vicesecretario de Acci¨®n Sectorial del PP, Javier Maroto, y, ser¨¢n juzgados este lunes por el Tribunal de Cuentas del Estado por el presunto "perjuicio" causado a las arcas p¨²blicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, el contrato de alquiler de unas oficinas a un precio muy superior al del mercado. De hecho, seg¨²n aquel contrato, el empresario compr¨® un local por 2,7 millones y el ayuntamiento le iba a pagar 7,6 durante la vida del contrato en contra de la opini¨®n de los t¨¦cnicos municipales.

La vista se celebra por la ma?ana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, y la sala deber¨¢ determinar si ha existido un perjuicio para los ciudadanos de Vitoria y las responsabilidades derivadas de la firma en 2007 ¡ªAlonso era alcalde y Maroto su concejal de Hacienda¡ª con el empresario Gonzalo Ant¨®n. El contrato obligaba al Consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte a?os, de un local que Ant¨®n hab¨ªa comprado un a?o antes por 2,7 millones de euros.

El alquiler se estableci¨® en 12.500 euros m¨¢s IVA mensuales, pese a que los t¨¦cnicos municipales estimaron que la cuant¨ªa deb¨ªa ser de poco m¨¢s de 10.000 euros. Adem¨¢s, el contrato inclu¨ªa diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cl¨¢usula que establec¨ªa que si el Ayuntamiento rescind¨ªa el contrato antes de veinte a?os, deber¨ªa abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final. Por su puesto, las obras de acondicionamiento del local las pag¨® en Consistorio. En una comisi¨®n de investigaci¨®n que se puso en marcha en el Ayuntamiento de Vitoria, se dieron a conocer una serie de correos electr¨®nicos entre alcald¨ªa y el empresario en el que iban ajustando las cuotas mensuales para llegar al objetivo final de pagarle al empresario 7,6 millones.

Como ya adelant¨® EL PA?S el pasado 20 de febrero de 2015, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza conjunta de medio mill¨®n de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno ¡ªtambi¨¦n investigados en esta causa¡ª por el presunto "perjuicio" causado a las arcas p¨²blicas con este contrato. El colectivo contra la corrupci¨®n Adi se concentrar¨¢ frente a los locales alquilados por Alonso y Maroto, a trav¨¦s de este controvertido contrato, ubicados en la calle San Antonio de Vitoria, para denunciar el "trato de favor" que Maroto y Alonso dieron al empresario Gonzalo Ant¨®n.

Este colectivo, adem¨¢s, estudia la posibilidad de trasladar este asunto a la v¨ªa penal para tratar de esclarecer lo ocurrido, al margen de las conclusiones a las que pueda llevar la causa abierta en el Tribunal de Cuentas.