Visto para sentencia el juicio contra Alfonso Alonso y Javier Maroto

El Tribunal de Cuentas ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acci¨®n Sectorial del PP, Javier Maroto,?por el presunto "perjuicio" causado a las arcas p¨²blicas al firmar, durante su etapa en el Ayuntamiento de Vitoria en 2007, el contrato de alquiler de unas oficinas a un precio muy superior al del mercado. De hecho, el contrato?obligaba al Consistorio a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 a?os, de un local que el empresario Gonzalo Ant¨®n hab¨ªa comprado un a?o antes por 2,7 millones.

El tribunal ha estado investigando el alquiler de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales. Este lunes ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso ¡ªentonces alcalde¡ª ni Maroto ¡ªque era concejal de Hacienda¡ª, a quienes hab¨ªan acusado los grupos municipales del PNV y del PSE, as¨ª como la nueva corporaci¨®n municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

Como ya adelant¨® EL PA?S el pasado 20 de febrero de 2015, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza conjunta de medio mill¨®n de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno ¡ªtambi¨¦n investigados en esta causa¡ª por el presunto "perjuicio" causado a las arcas p¨²blicas con este contrato.

Seg¨²n las acusaciones, en ese arrendamiento podr¨ªa haber una "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, por entender que pact¨® con el due?o del local una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el t¨¦cnico municipal.?El alquiler se estableci¨® en 12.500 euros mensuales m¨¢s IVA, pese a que los t¨¦cnicos municipales estimaron que la cuant¨ªa deb¨ªa ser de poco m¨¢s de 10.000 euros.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisi¨®n de investigaci¨®n creada por el Consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella ¨¦poca, I?aki D¨ªez Unzueta. Unzueta argumentaba que las oficinas de San Antonio eran id¨®neas para unificar el servicio de atenci¨®n al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta ¨²ltima hab¨ªa finalizado el contrato de alquiler. Sin embargo, los abogados que ejercen la acusaci¨®n en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE se han amparado en los dos a?os largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracci¨®n presupuestaria ni negligencia. Tambi¨¦n ha subrayado que se firm¨® un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acord¨® un precio acorde al mercado. La defensa ha indicado que el caso podr¨ªa estar prescrito porque han transcurrido casi 10 a?os desde que se formaliz¨® el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebr¨® el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunci¨® que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estim¨® que el da?o al erario municipal rond¨® el medio mill¨®n de euros.