El Constitucional anula la reforma de la Ley de Subvenciones porque no se justific¨® la urgencia
La medida violaba el art¨ªculo 86.1 de la Constituci¨®n y las exigencias que pide para legislar por decreto ley, seg¨²n la sentencia
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Canarias y ha declarado nula la reforma a la Ley de General de Subvenciones, aprobada por decreto el pasado 28 de junio. La sentencia considera que el Gobierno no ha justificado de forma suficiente la situaci¨®n de "extraordinaria y urgente necesidad" que le exige el art¨ªculo 86.1 de la Constituci¨®n Espa?ola para legislar por decreto ley.
La reforma cuestionada modifica la Ley General de Subvenciones, en lo que se refiere a la responsabilidad financiera derivada de la gesti¨®n de fondos procedentes de la Uni¨®n Europea (UE), con el fin de adaptar los mecanismos all¨ª previstos a los que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para supuestos en los que las Administraciones P¨²blicas incumplen obligaciones derivadas de normas comunitarias. La ley establece que cuando el incumplimiento de las normas del derecho de la UE por parte de las Administraciones p¨²blicas da lugar a que Espa?a sea sancionada, estas asumir¨¢n ¡°en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento¡±. Asimismo, dispone que el Consejo de Ministros acordar¨¢ ¡°la compensaci¨®n o retenci¨®n que corresponda¡±.
La ley impugnada, seg¨²n la demanda, vulnera el art¨ªculo? 86.1 de la Constituci¨®n, ya que no exist¨ªa una situaci¨®n de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± que justificara la aprobaci¨®n de la reforma por decreto. La sentencia se?ala que el Gobierno ¡°no ha explicitado de modo suficiente, ni en la exposici¨®n de motivos, ni tampoco en el tr¨¢mite de convalidaci¨®n parlamentaria del Real Decreto ley, una argumentaci¨®n sobre la necesaria urgencia de la medida¡±.
Seg¨²n la sentencia, "lo cierto es que ya era posible realizar dicho traslado de responsabilidades con el marco jur¨ªdico vigente en el momento en el que se aprueba el Real Decreto impugnado".?
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