Los flecos de la investigaci¨®n a un consejero del Gobierno andaluz
El TSJA indaga en una mara?a administrativa el papel de Ram¨ªrez de Arellano en una obra
El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) llamar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 10 de mayo al consejero de Econom¨ªa y Conocimiento de la Junta de Andaluc¨ªa, Antonio Ram¨ªrez de Arellano, a ra¨ªz de una denuncia del Colegio de Arquitectos de la capital andaluza contra la Universidad de Sevilla por los trabajos para la elaboraci¨®n de los proyectos de un centro universitario. Todo el proceso es una mara?a administrativa del que se intenta responsabilizar al entonces vicerrector de Infraestructuras y hoy miembro del Gobierno andaluz. En el auto que abre las diligencias, el TSJA advierte que debe investigar para valorar si el caso debe ser enjuiciado y no porque disponga ya de indicios de culpabilidad. Sobre estos aspectos se fundamentar¨¢ la decisi¨®n:
Origen del conflicto. La construcci¨®n de un edificio universitario de espacios tecnol¨®gicos, conocido como Centrius, la promueve Joaqu¨ªn Luque Rodr¨ªguez, elegido rector en 2008 y anterior vicerrector de Infraestructuras. Este ¨²ltimo cargo lo asume Antonio Ram¨ªrez de Arellano ese mismo a?o, a quien le llega la orden de iniciar los tr¨¢mites del proyecto dos meses despu¨¦s de su designaci¨®n.
Primera adjudicaci¨®n. Ante la eventual p¨¦rdida de edificabilidad por cambio de la norma en la zona afectada (parcela 1 de la zona U-1 de la antigua Expo), el rector requiere la redacci¨®n de un proyecto b¨¢sico, con el menor coste posible y por la v¨ªa de urgencia para poder solicitar licencia de edificaci¨®n con las condiciones del momento. Los servicios t¨¦cnicos y administrativos de la Universidad abren un ¡°procedimiento negociado sin publicidad¡±, una f¨®rmula prevista en la legislaci¨®n vigente en ese momento que consiste en recabar tres ofertas limitadas a 60.000 euros sin IVA y negociar con una o varias de ellas. Un proyecto b¨¢sico para un complejo similar, seg¨²n los baremos orientativos del Colegio de Arquitectos sevillano, deber¨ªa superar los 700.000 euros. Pero para salvar los plazos, se recaban tres ofertas que sit¨²an los honorarios en el l¨ªmite permitido por la ley y se concede la redacci¨®n inicial a Trianera de Arquitectura. El colegio profesional entiende que se ha realizado una adjudicaci¨®n sin concurso y abre un contencioso a finales de 2009 que sigue vivo despu¨¦s de haber sido desestimado en una ocasi¨®n.
Firma cuestionada. Ram¨ªrez de Arellano, sin relaci¨®n alguna con ninguna de las empresas que ofertan, recibe el expediente tras ser tramitado por los servicios administrativos de la Universidad. Los funcionarios elevan a la firma del vicerrector el expediente cuando est¨¢ completo y cumple todos los requisitos. Sin embargo, la Fiscal¨ªa cuestiona las dos propuestas descartadas al sospechar que fueron incluidas ¡°para dotar de contenido al expediente¡±. Una de las profesionales firmantes de las ofertas alternativas niega ahora que presentara la propuesta y no reconoce su firma, aunque admite que se le parece. Esta arquitecta figura como coordinadora en cursos en la fundaci¨®n Fidas, dependiente del Colegio de Arquitectos, la entidad denunciante.
Premura. Por la premura impuesta ante el cambio de edificabilidad, a Trianera de Aquitectura se le comunica la adjudicaci¨®n provisional y esta entidad completa el proyecto b¨¢sico presentado y lo visa en el Colegio de Arquitectos el 31 de julio de 2008. Esa adjudicaci¨®n provisional se convierte en definitiva 18 d¨ªas despu¨¦s.
Ayudas. A finales de 2008 se convocan ayudas p¨²blicas para el programa Campus de Excelencia Internacional, por lo cual el entonces rector, Joaqu¨ªn Luque, decide completar la primera fase del proyecto para poder acceder a las subvenciones. Se abre un nuevo procedimiento negociado sin publicidad con una propuesta de adjudicaci¨®n (en los ¨²ltimos d¨ªas de enero de 2009) a la misma empresa por 60.000 euros (m¨¢s IVA). Esta no es definitiva hasta la recepci¨®n de las otras dos propuestas preceptivas el 30 de enero. Una vez m¨¢s, en el proceso no interviene Ram¨ªrez de Arellano, quien solo es requerido para su firma final.
Proyecto de obras. El complejo universitario sigue adelante y se convoca un concurso con publicidad al que se presentan 37 empresas. La adjudicataria final es FCC, que debe encargarse del proyecto de ejecuci¨®n y, l¨®gicamente, de los honorarios de las colaboraciones necesarias para ¡°elevar el proyecto b¨¢sico en proyecto de ejecuci¨®n¡±, es decir, para convertir la idea inicial en realidad por un coste estimado de 30 millones de euros. La constructora contrata a la empresa que ha dise?ado la idea para llevar el proyecto hasta el final. El TSJA entiende que es necesario investigar si esta contrataci¨®n privada se debe a un ¡°compromiso exigible por la Administraci¨®n¡± o a una decisi¨®n de FCC para abaratar y agilizar la ejecuci¨®n al contar con los creadores originales.
Responsabilidad. En toda esta mara?a de contrataciones, el TSJA entiende que debe ser investigado el entonces vicerrector de Infraestructuras porque figura como firmante en calidad de tal y por delegaci¨®n del rector, pese a que la iniciativa de la obra es de Luque, todas las adjudicaciones fueron tramitadas por los servicios de la Universidad y Ram¨ªrez de Arellano no ha tenido vinculaci¨®n alguna con los adjudicatarios ni beneficio alguno con la obra.
Razones de la denuncia. El Colegio de Arquitectos defiende que interpuso la denuncia por no haber sido posible aclarar el asunto por la v¨ªa contenciosa y para ¡°reclamar la obligaci¨®n de que las Administraciones adjudiquen los trabajos de arquitectura mediante concurso p¨²blico¡±. La Universidad de Sevilla asegura que esta actuaci¨®n del ente profesional se fundamenta ¡°en datos tergiversados de forma deliberada¡±.
Acusaci¨®n. La investigaci¨®n del TSJA se abre a instancias de la Fiscal¨ªa, que no descarta que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de prevaricaci¨®n administrativa y falsedad.
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