Un diputado de Podemos, a juicio por interrumpir un informativo de RTVE
La fiscal¨ªa solicita multas por un importe total de 171.000 euros al parlamentario y otras 18 personas

Eugenio Romero, diputado de Podemos en el Parlamento extreme?o, se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados el pr¨®ximo 16 de junio, junto a otras 18 personas, por interrumpir un informativo regional de TVE para protestar por el impago de la Renta B¨¢sica de Inserci¨®n y solicitar la aprobaci¨®n de una norma que la regulara. La Fiscal¨ªa les acusa de delitos de des¨®rdenes p¨²blicos y coacciones, por los que solicita la imposici¨®n de multas de entre 9.000 y 11.520 euros a cada uno.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura juzgar¨¢ a los acusados, entre los que se encuentra tambi¨¦n Manuel Ca?ada, excoordinador regional de IU. Este ¨®rgano se hizo cargo de la causa despu¨¦s de que el Juzgado de Instrucci¨®n rechazara la petici¨®n de Romero de renunciar a su aforamiento.
La Fiscal¨ªa mantiene en su escrito de conclusiones provisionales que los 19 acusados, que formaban parte del colectivo Campamento Dignidad, "irrumpieron abruptamente y en tropel" en el plat¨® donde se emit¨ªa en directo el informativo territorial del 11 de febrero de 2014. Adem¨¢s, atribuye a uno de los procesados una falta de maltrato de obra por un golpe propinado al director del centro territorial.
El Ministerio P¨²blico recalca que los imputados se dirigieron hasta el centro regional de RTVE "con ¨¢nimo de alterar el funcionamiento de las instalaciones e impedir la correcta emisi¨®n del informativo". Los acusados se colocaron detr¨¢s de la presentadora, frente a las c¨¢maras, y desplegaron una pancarta y reclamaron 'a gritos' la creaci¨®n de una renta b¨¢sica, "provocando el corte de la emisi¨®n". La presentadora sufri¨® un ataque de nervios y el informativo qued¨® suspendido 20 minutos hasta que los participantes en la reivindicaci¨®n fueron detenidos.
"Algo est¨¢ fallando cuando el Estado considera delictiva la actuaci¨®n de unas personas que simplemente hicieron un ejercicio de pac¨ªfica desobediencia civil", ha subrayado Endika Zulueta, uno de los abogados de los procesados, que ha a?adido: "Reclamaban al Estado que cumpliera con aquello a lo que est¨¢ obligado: materializar los derechos sociales, especialmente los de la ciudadan¨ªa que se encuentra econ¨®micamente m¨¢s necesitada".
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