El juez da el paso para imputar a un diputado regional del PP en P¨²nica

El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 entiende que la conducta del aforado Daniel Ortiz constituye delitos de fraude contra la administraci¨®n p¨²blica, tr¨¢fico de influencias, uso de informaci¨®n privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelaci¨®n de secretos e informaciones y cohecho. En 74 folios, el magistrado incluye todos los indicios recabados a lo largo de la instrucci¨®n, entre ellos numerosa documentaci¨®n, escuchas telef¨®nicas, correos electr¨®nicos y declaraciones policiales y judiciales.

El juez explica que en esta pieza del caso P¨²nica, la sexta, se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicaci¨®n de contratos entre ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la multinacional Cofely, filial del gigante energ¨¦tico franc¨¦s Suez.

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El contrato de eficiencia energ¨¦tica de M¨®stoles, valorado en 73,1 millones de euros y con una vigencia de 12 a?os fue adjudicado en enero de 2014 y constituye el mayor de los pelotazos investigados en el caso P¨²nica. Velasco se?ala que durante el mandato de Ortiz (2013-2014) ¡°se han detectado presuntos actos de corrupci¨®n¡± en beneficio de Cofely ¡°con un ¨¢nimo de lucro personal como contrapartida¡± en el que fue en su d¨ªa regidor mostole?o. En la operaci¨®n participaron tambi¨¦n supuestamente su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla Palombi, y el hermano de este, Mario, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva. Los hermanos "se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de d¨¢divas¡±, sostiene el magistrado.

Por parte de Cofely actuaron ¡°activamente¡± responsables del Departamento Comercial, principalmente su director, Constantino ?lvarez, el responsable de Mercado P¨²blico, Pedro Garc¨ªa P¨¦rez, as¨ª como personal del Departamento de Operaciones y el director general de la compa?¨ªa en Espa?a, Maurice Didier.

En la operaci¨®n fraudulenta particip¨®, seg¨²n su propia confesi¨®n, David Marjaliza, el supuesto cerebro de la trama P¨²nica y amigo del ex secretario general del PP madrile?o, Francisco Granados. Marjaliza actu¨® en diversos campos. Ejerci¨® como asesor comercial externo de la empresa y como conseguidor del contrato. Intermedi¨® con los cargos municipales para obtener informaciones reservadas para que Cofely preparara sus ofertas. Tambi¨¦n represent¨® a la compa?¨ªa energ¨¦tica en la negociaci¨®n de los supuestos sobornos e incluso financi¨® estos adelantando el dinero.

La exposici¨®n razonada detalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitaci¨®n, adjudicaci¨®n y ejecuci¨®n del ¡°contrato administrativo mixto de suministros y servicios energ¨¦ticos y mantenimiento integral con garant¨ªa total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de M¨®stoles¡±, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 a?os.

Presionar al concejal

Daniel Ortiz, seg¨²n el juez, se sirvi¨® de su posici¨®n de alcalde para recabar informaci¨®n sobre los contratos energ¨¦ticos y presi¨®n¨® continuamente a al concejal promotor del expediente, David S¨¢nchez Rey. El regidor lleg¨® incluso a pedir al edil que interrumpiera el procedimiento de adjudicaci¨®n, interfiriendo en el proceso reglado de decisi¨®n de la Mesa de Contrataci¨®n, ¨²nico ¨®rgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Seg¨²n Velasco, durante la tramitaci¨®n del procedimiento puso en marcha ¡°una din¨¢mica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un aut¨¦ntico circuito paralelo encubierto de licitaci¨®n, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (¡­) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor¡±.

Dicha actuaci¨®n se hizo, contin¨²a el juez, al objeto de que los cuadros t¨¦cnicos de esa multinacional realizaran ¡°como efectivamente realizaron, un contra-informe an¨®nimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces¡±, con el fin de ayudar a esa empresa ¨CCofely Espa?a- ¡°facilit¨¢ndole informaci¨®n que no pod¨ªa adelantar y que s¨®lo filtr¨® a ella¡±.

El escrito del juez se?ala que las irregularidades se hicieron a cambio de cantidades entre 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros ¡°como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato¡±, dinero que sali¨® con cargo al presupuesto mismo de ejecuci¨®n del contrato mediante facturaci¨®n que se gir¨® al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditor¨ªa por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicaci¨®n en 12 anualidades.

Tambi¨¦n a cambio de ¡°una serie de reformados que no eran m¨¢s que una ficci¨®n de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las d¨¢divas prometidas que, en perjuicio del servicio, la competencia y el erario p¨²blico reparti¨® con otras autoridades municipales y que llev¨® a que finalmente se le adjudicara el contrato a la empresa indicada¡±.