Los fiscales tramitan centenares de causas diarias en bloque para evitar su archivo

Los fiscales se han visto obligados a revisar en los ¨²ltimos d¨ªas centenares de causas penales diarias para poder cumplir el plazo que acaba el 6 de junio ¡ªen aplicaci¨®n de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal¡ª y evitar su archivo. Para hacerlo precipitadamente, se ha recurrido en muchos casos a la posibilidad de tramitarlas en masa, de forma sistem¨¢tica, con formularios comunes y sin apreciar el contenido de los procedimientos. ¡°Est¨¢ siendo un caos, una locura y es imposible materialmente ver con detalle todas las causas y conseguir que ninguna se traspapele¡±, asegura un fiscal de una de las capitales con mayor carga de trabajo. Otra fiscal afirma que en un solo d¨ªa de esta semana tramit¨® 180 causas.

La reforma legal limita a seis meses la instrucci¨®n penal, prorrogables a 18 meses para causas complejas, siempre a petici¨®n del fiscal. La ley entr¨® en vigor el 6 de diciembre, por lo que el 6 de junio se cumplir¨¢n seis meses y las causas que no hayan sido consideradas complejas llegan a una especie de limbo legal. En estos meses se han revisado m¨¢s de 400.000 causas, pero la Fiscal¨ªa ya advirti¨® de que era imposible cumplir ese plazo y revisar todas, por lo que se ha optado por este sistema ins¨®lito que consiste en pedir la ampliaci¨®n del plazo de instrucci¨®n de forma sistem¨¢tica para evitar su archivo.

Para cumplir con los plazos y dar cobertura a este tr¨¢mite contrarreloj, el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena Pastor, remiti¨® este martes a todas las fiscal¨ªas un oficio en el que se les autoriza a "utilizar dict¨¢menes uniformes para emitir el pertinente dictamen exclusivamente sobre ampliaci¨®n de plazo". Esa orden supone no tratar cada causa de forma diferenciada, sino tramitarla sin examinarla y sin entrar en su contenido, con petici¨®n autom¨¢tica de ampliaci¨®n de plazo solo para impedir su posible archivo. De hecho, se desnaturaliza el esp¨ªritu de la pol¨¦mica reforma legal al dar cobertura a peticiones no razonadas ni individualizadas.

La Fiscal¨ªa General del Estado considera que tramitar en bloque las causas que est¨¢n llegando en los ¨²ltimos d¨ªas desde los juzgados es la ¨²nica manera de "evitar la impunidad" de cientos de delitos. Fuentes de la fiscal¨ªa admiten que, si hubiera habido m¨¢s tiempo, se habr¨ªa actuado de otra manera, pero sostienen que la presi¨®n de los plazos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a tener revisadas hasta el 6 de junio todas las causas abiertas, ha obligado a buscar "f¨®rmulas m¨¢s creativas". "Lo fundamental es garantizar que no quedan causas impunes", se?alan estas fuentes.

Esta opci¨®n, explica la fiscal¨ªa, est¨¢ prevista en el apartado 4 del art¨ªculo 324 de la ley, el que fija los plazos de la instrucci¨®n. "Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la pr¨®rroga que hubiera sido acordada, si as¨ª lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las dem¨¢s partes, podr¨¢ fijar un nuevo plazo m¨¢ximo para la finalizaci¨®n de la instrucci¨®n", se?ala este apartado. Los fiscales consideran que hay razones para ampararse en esta previsi¨®n que establece la ley para casos "excepcionales".

Muchos fiscales ya hab¨ªan acudido a esta v¨ªa durante los seis meses que llevan revisando causas cuando se encontraban con una que no era formalmente compleja, pero en la que iba a faltar tiempo para terminar la instrucci¨®n. La diferencia es que ahora se usa esta opci¨®n de forma generalizada y sin examinar a fondo el caso. "La ley lo permite y es una posibilidad que baraj¨¢bamos muchos, pero que ahora se ha institucionalizado", se?ala Emilio Fr¨ªas, portavoz de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales, mayoritaria en la carrera. Ahora ser¨¢n los jueces instructores de cada sumario los que deber¨¢n decir si se prorroga o no el tiempo de investigaci¨®n.

"La alternativa es peor"

Los fiscales progresistas son m¨¢s cr¨ªticos con la instrucci¨®n de la Fiscal¨ªa General, pero admiten que quiz¨¢ era la ¨²nica soluci¨®n posible. "Jur¨ªdicamente es una muy mala soluci¨®n. La ley no busca esto. Pero la alternativa de dejar pasar el plazo puede ser peor", advierte ?lvaro Garc¨ªa, presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales. "El oficio demuestra que la ley es un fracaso porque hay que buscar f¨®rmulas para burlarla", se?ala.

El escrito remitido por el fiscal inspector alude a otra circunstancia que se est¨¢ viviendo esta semana en los despachos de los fiscales: la llegada desde los juzgados de cientos de sumarios que hasta ahora no constaban en las fiscal¨ªas y que, por tanto, no se hab¨ªan revisado. El control de las causas corresponde a los letrados de la Administraci¨®n de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), que, seg¨²n se quej¨® la pasada semana la fiscal general, Consuelo Madrigal, tienen que remitirlas antes del 6 de junio a los fiscales y, en muchos casos, no lo han hecho. "Sospechamos que hay causas que no conocemos, pero no sabemos cu¨¢ntas", dijo Madrigal, que se comprometi¨® a que los fiscales iban a revisar a tiempo todos los sumarios que tuvieran sobre la mesa, pero no se responsabiliz¨® de los que se hubieran quedado en los juzgados.

Los letrados de la administraci¨®n de Justicia, antes secretarios, han remitido a los fiscales en los ¨²ltimos d¨ªas, casi en el l¨ªmite del plazo, listados no oficiales de causas a punto de caducar. No hay certeza, seg¨²n explican, de que no queden causas sin revisar y se plantea la duda de qu¨¦ ocurrir¨¢ con ellas. La ley asegura que el mero transcurso del plazo no es causa de archivo, pero al dar por cerrado el sumario y no haber posibilidad de pedir m¨¢s diligencias quedan en la pr¨¢ctica archivadas o son elevadas al juzgado de lo penal sin culminar la instrucci¨®n o con una investigaci¨®n deficiente.

Explican los fiscales que es imposible cumplir los plazos de seis meses porque, por ejemplo, transcurren entre 18 y 24 meses de plazo para pruebas periciales que dependen del ministerio. Esas pruebas son para m¨®viles o para an¨¢lisis de drogas, seg¨²n un fiscal.

Lo positivo es que ha servido para hacer aflorar causas porque los juzgados no saben a ciencia cierta lo que ten¨ªan en tr¨¢mite. ¡°Ha venido bien para limpiar los juzgados¡±, admiten en la Fiscal¨ªa. Lo malo es que no se establece un sistema de control para en el futuro saber qu¨¦ causas quedan y cu¨¢ntas van superando los plazos previstos en la instrucci¨®n.

La norma ha sido protestada por todos los sectores de la Justicia y todos los partidos, salvo el PP que la aprob¨® en solitario y ha provocado el enfrentamiento entre fiscales y secretarios porque estos han recibido la orden de remitir a la Fiscal¨ªa todas las causas para que sean revisadas y en su caso pedir ampliaciones de plazo declar¨¢ndolas complejas.

Los fiscales relacionan la llegada de cientos de causas a sus sedes desde el pasado lunes con las palabras de Madrigal, cuya reprobaci¨®n piden los letrados judiciales. Los Letrados de la Administraci¨®n de Justicia (SISEJ) han difundido un comunicado en el que censuran "la sombra de dudas" que, a su juicio, ha dirigido contra ellos la fiscal general. "Dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prev¨¦ la manera en que deb¨ªa desarrollarse la colaboraci¨®n entre oficinas judiciales y fiscal¨ªas, ambas instancias, Ministerio y Fiscal¨ªa, ten¨ªan la responsabilidad de llegar a un acuerdo legal sobre esta cuesti¨®n", se?alan los antiguos secretarios. "Lo que pone de manifiesto la situaci¨®n que se ha generado es que el Ministerio no calibr¨® las consecuencias del art¨ªculo ni la disposici¨®n del Ministerio Fiscal a colaborar con el cumplimiento del mismo sin pretender quebrar el marco competencial de los colectivos implicados", sostiene SISEJ.