La sombra de Alaya planea sobre los ERE

La juez Mercedes Alaya perdi¨® hace un a?o la gran batalla para quedarse en su juzgado. Luch¨® por prolongar sus investigaciones con la Junta de Andaluc¨ªa como diana, pero tras un enfrentamiento con su sucesora Mar¨ªa N¨²?ez, sali¨® perdedora. Antes de abandonar el despacho, Alaya dio un portazo y en dos escritos incendiarios acus¨® con rabia a N¨²?ez de ser una juez incapaz. Parec¨ªa su ¨²ltimo arrebato. Y sin embargo, esta semana parte de su tesis incriminatoria contra la c¨²pula del Gobierno andaluz ha rebrotado con el auto del ¨²ltimo instructor, ?lvaro Mart¨ªn. Su sombra alargada sobrevuela los ERE, una macrocausa cuya rama pol¨ªtica inculpa a los dirigentes de los ¨²ltimos gobiernos socialistas en Andaluc¨ªa por un fondo de 855 millones para empresas en crisis entre 2001 y 2010.

Mart¨ªn ha dado un giro de tim¨®n para configurar un relato de hechos con regusto a las tesis de Alaya, seg¨²n coinciden los juristas expertos de esta causa. El magistrado ha procesado a los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, pero su decisi¨®n m¨¢s trascendental e inesperada ha sido achacar el delito de malversaci¨®n continuada a este ¨²ltimo y otros 17 altos cargos del Gobierno andaluz, penado con hasta ocho a?os de c¨¢rcel. La posibilidad de un expresidente del Gobierno andaluz como Gri?¨¢n, que fue ministro y presidente federal del PSOE, escuchando en sala la petici¨®n del fiscal de al menos cuatro a?os de c¨¢rcel, es una imagen que har¨¢ frotarse los ojos a muchos ciudadanos y que solo podr¨ªa evitar in extremis la Audiencia de Sevilla.

Alaya instruy¨® la rama pol¨ªtica durante tres a?os y medio, hasta el verano de 2014, cuando la remiti¨® al Tribunal Supremo porque inclu¨ªa cargos aforados, a los que acusaba de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n. Retom¨® entonces la investigaci¨®n el instructor del alto tribunal Alberto Jorge Barreiro, que eximi¨® a la c¨²pula socialista del delito de malversaci¨®n por falta de pruebas y se limit¨® a la prevaricaci¨®n. Los diputados y senadores socialistas dejaron su esca?o y el caso regres¨® a Sevilla un a?o despu¨¦s. El pasado oto?o la juez N¨²?ez tom¨® las riendas de la causa con 50 cargos investigados con el mismo criterio que Barreiro. M¨¢s tarde N¨²?ez cedi¨® la instrucci¨®n a su juez de refuerzo, Mart¨ªn. Ahora, tras seis meses de pesquisas, este ha recuperado en gran medida la teor¨ªa del dise?o de un plan ¡°opaco¡± trazado desde la sede de la Junta de Andaluc¨ªa, atribuida a Alaya.

El actual instructor es el presidente de la Asociaci¨®n Profesional de Magistratura (APM) en Andaluc¨ªa Occidental, de car¨¢cter conservador, pero siempre ha defendido su independencia y solvencia, avalada por la mayor¨ªa de juristas conocedores de sus sentencias como juez de lo Penal. Y ahora ha manifestado su decisi¨®n m¨¢s medi¨¢tica, su perspectiva sobre qu¨¦ ocurri¨® durante 10 a?os para que la Junta siguiera pagando los ERE pese a los reparos de la Intervenci¨®n General, que en 2005 alz¨® la voz de alerta con un duro informe dirigido a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, presidida por Gri?¨¢n entre 2004 y 2009, que este aleg¨® desconocer. A pesar de que de un plumazo ha dejado fuera a nada menos que 24 altos cargos de la Junta (principalmente de menor relevancia), su visi¨®n sobre la c¨²pula coincide en gran medida con Alaya. Pero sobre todo, discrepa de Barreiro y N¨²?ez, uno de ellos con despacho en el Supremo, de ah¨ª que la sorpresa haya sido total.

En los dos ¨²ltimos a?os no ha habido pruebas relevantes que alteren el sumario de la rama pol¨ªtica. A pesar de que el instructor del Supremo figure en la te¨®rica pir¨¢mide judicial muy arriba, la independencia de los instructores de base sigue siendo sagrada, por lo que la opini¨®n de Barreiro no deb¨ªa influir en Mart¨ªn, ni tampoco la de su compa?era y titular del juzgado.

?C¨®mo se justifica la malversaci¨®n por parte de Gri?¨¢n cuando hay ausencia de lucro del dirigente? Porque el delito se cometi¨®, seg¨²n el juez, por conocer que el gasto de las subvenciones estaba siendo impropio y no hizo nada por evitarlo. Ni ¨¦l ni otros 17 altos cargos, entre ellos los exconsejeros Jos¨¦ Antonio Viera, Antonio Fern¨¢ndez, Francisco Vallejo y Carmen Mart¨ªnez Aguayo. El informe de la Intervenci¨®n advert¨ªa de que desde la Direcci¨®n General de Trabajo se otorgaban ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento e incumpliendo las garant¨ªas previstas. ¡°Quien decidi¨® proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias (...) Aquellos que se limitaron a dejar hacer a otros¡±, resume el auto. Y el juez concreta sobre Gri?¨¢n que conoc¨ªa ¡°la ilicitud del sistema que estaba sosteniendo¡±, y que ¡°por tanto no debe admitirse su aducida ignorancia¡±. Desde que abandon¨® la presidencia por la presi¨®n de los ERE el verano de 2013, Gri?¨¢n ha repetido que nunca recibi¨® ese informe clave de 2005.

Hace un a?o, la visi¨®n de Barreiro sobre Gri?¨¢n era exculpatoria respecto a la malversaci¨®n: ¡°No constan datos indiciarios incriminatorios contra Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (¡­) no se ha acreditado que interviniera en la concesi¨®n concreta de ayudas fraudulentas de fondos p¨²blicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales p¨²blicos para las ayudas con destino al lucro il¨ªcito de terceras personas¡±. Matiza la diferencia entre prevaricar y malversar: ¡°S¨ª sab¨ªa que el sistema de concesi¨®n de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitaci¨®n, pero no obran indicios de que conociera que con la materializaci¨®n del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio il¨ªcito de terceras personas¡±.

Un abogado de la causa que pide el anonimato define lo ocurrido esta semana: ¡°Es un exitazo para Alaya. Lo que no consigui¨® con Barreiro lo ha conseguido ahora¡±. Y es que el auto de procedimiento abreviado, al margen del terremoto en las filas socialistas por su posible influencia en la cita electoral del 26-J, ha alterado el panorama de la macrocausa por completo.

Los ERE son desde 2015 una pieza central a la que acompa?an otras que el juzgado abre poco a poco sobre cada ayuda concedida desde la Consejer¨ªa de Empleo. Entre ellas la pieza pol¨ªtica que debe ser la primera en llegar a la vista oral si se cumple el plan trazado. Y sin embargo, Mart¨ªn ha retomado el esquema de Alaya sobre que la causa es indivisible al incluir la malversaci¨®n junto a la prevaricaci¨®n. ?De qu¨¦ manera? Si finalmente el juez emite auto de apertura de juicio oral e incluye la malversaci¨®n, est¨¢ deber¨¢ ser un delito definido y por consiguiente investigado. En tal caso, si se incluyen las m¨¢s de 200 ayudas que contiene el fondo, el escollo es obvio: cualquiera de los empresarios implicados por las ayudas alegar¨¢ en el futuro que la malversaci¨®n en la que supuestamente incurri¨® ya ha sido juzgada y nadie le llam¨® para defenderse en el juicio de 2017.

En el juicio, los fiscales alegar¨¢n que la prueba fundamental es el atestado de la Guardia Civil sobre el fondo, mientras que los abogados responder¨¢n que eso no es una prueba v¨¢lida para emitir una condena. El panorama es complejo como toda la macrocausa con casi 300 investigados, pero la salida y resoluci¨®n en el pr¨®ximo a?o promete un debate jur¨ªdico con posiciones radicalmente opuestas.