El primer caso de corrupci¨®n del Gobierno Feij¨®o lleva al banquillo a 13 acusados

Trece ex altos cargos se sentar¨¢n en el banquillo de los acusados por el caso Campe¨®n, una investigaci¨®n sobre una trama que supuestamente defraudaba subvenciones p¨²blicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. La primera causa por corrupci¨®n en el Ejecutivo auton¨®mico llega a juicio siete a?os despu¨¦s de que se iniciaran las pesquisas.

El Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Lugo ha decretado la apertura de juicio oral tras formular acusaci¨®n la fiscal¨ªa contra 13 personas, entre ellas ex altos cargos del Igape (un instituto de cr¨¦dito dependiente de la Xunta de Galicia) y el considerado como jefe de la trama, el empresario farmac¨¦utico Jorge Dorribo, a quien tambi¨¦n acusa la Agencia de la Administraci¨®n Tributaria.

Aunque el principal delito por el que se inici¨® la causa es contra la Hacienda P¨²blica, las acusaciones incluyen falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales y delito contable e insolvencias punibles.

Entre los encausados est¨¢ adem¨¢s un socio de Dorribo en la farmac¨¦utica Nupel, Arsenio M¨¦ndez, y cuatro extrabajadores de esos laboratorios as¨ª como otros dos empresarios, informa Europa Press. El Ministerio P¨²blico acusa tambi¨¦n a los ex altos cargos del Igape, el exdirector Joaqu¨ªn Varela de Limia y el exsubdirector Carlos Silva, nombrados en el primer gobierno de N¨²?ez Feij¨®o y apartados de sus funciones en 2011, tras conocerse las imputaciones, por el entonces consejero de Econom¨ªa e Industria, Javier Guerra. Les imputa diversos delitos contra la Hacienda P¨²blica adem¨¢s de los de tr¨¢fico de influencias y cohecho.

El Gobierno gallego, del que depende este organismo, no formula sin embargo acusaci¨®n contra ellos ni tampoco contra el exdiputado del PP Pablo Cobi¨¢n, que s¨ª figura como acusado de la Fiscal¨ªa y que renunci¨® a su esca?o en el Parlamento de Galicia al trascender la investigaci¨®n.El exconsejero de Industria del BNG en el gobierno bipartito con el PSOE, Fernando Blanco, que tambi¨¦n renunci¨® a su acta parlamentaria al abrirse la instrucci¨®n, figura en una pieza aparte.

La instrucci¨®n se abri¨® como consecuencia de la investigaci¨®n de una presunta corrupci¨®n empresarial, pol¨ªtica y policial, la Operaci¨®n Carioca, destapada por dos juezas de Lugo, que ten¨ªa como epicentro un burdel de esa ciudad: el Queen's, frecuentado por polic¨ªas y guardias civiles y donde circulaba presuntamente el dinero de ayudas p¨²blicas y contratas obtenidos supuestamente a base de sobornos a pol¨ªticos del PP, PSOE y BNG.

Las escuchas de la Carioca llevaron a la juez a abrir la Operaci¨®n Campe¨®n y posteriormente la Pok¨¦mon, con numerosos pol¨ªticos de distinto signo imputados ¡ªalgunos alcaldes renunciaron a sus cargos¡ª desde 2012 y que todav¨ªa sigue abierta.

Entre el centenar de investigados del caso Campe¨®n figura el exministro de Fomento socialista Jos¨¦ Blanco, imputado por cohecho, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n tras haber sido involucrado por Dorribo. El supuesto jefe de la trama relat¨® un encuentro entre ambos en una gasolinera en el que asegur¨® que hab¨ªa pagado a Blanco 200.000 euros a cambio de que este le gestionase unas ayudas p¨²blicas. El Tribunal Supremo archiv¨® definitivamente la causa contra el socialista a finales de 2013, tras un a?o y medio de instrucci¨®n, tras rechazar la existencia de indicio alguno de delito.

El considerado cabecilla de la trama ingres¨® en prisi¨®n, detenido en la Operaci¨®n Campe¨®n, en la primavera de 2011. Junto a ¨¦l fue arrestado, entre otros, el entonces director del Igape, Joaqu¨ªn Varela, con quien el empresario negociaba subvenciones para sus empresas. Puesto en libertad condicional, Dorribo mantuvo intacta su actividad empresarial e inici¨® un nuevo proyecto dedicado a la venta de quesos y muebles en el norte de Portugal. Su nueva aventura fue truncada en noviembre de 2014 cuando quebrant¨® la condicional al no presentarse en el juzgado. La juez orden¨® su nuevo ingreso en la c¨¢rcel valorando el riesgo de fuga al conocerse que el fiscal pide para ¨¦l 24 a?os de prisi¨®n y multas por m¨¢s de 16 millones de euros.

El auto dictado este lunes por el juzgado de Lugo declara a la Audiencia de Lugo ¨®rgano competente para celebrar el juicio. Se trata de una resoluci¨®n firme contra la que no cabe recurso, excepto en lo que respecta a la situaci¨®n personal de los acusados.