El fiscal del Tribunal de Cuentas ve infracciones en el puerto de Gij¨®n

La investigaci¨®n que desarrolla el Tribunal de Cuentas sobre El Musel est¨¢ basada en un informe de fiscalizaci¨®n hecho por sus expertos, que describen graves irregularidades en convenios de asesoramiento y en contratas de asistencia t¨¦cnica, y en el incremento injustificado del precio de la piedra utilizada (gran parte de ella llevada desde una cantera pr¨®xima a Gij¨®n cuya sociedad propietaria en un 30%, Sato, forma parte de la UTE adjudicataria de esta megaobra).

La infraestructura fue cofinanciada con unos 250 millones de euros por la Uni¨®n Europea, que tambi¨¦n detect¨® en 2011 que las cuentas no estaban claras e incluso pidi¨® la devoluci¨®n del dinero aportado tras elaborar un informe que m¨¢s tarde utiliz¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para elevar el asunto ante la Audiencia Nacional. El Juzgado Central n¨²mero 3 decidi¨® en abril pasado inhibirse ante los juzgados de Gij¨®n luego de poner el foco de las irregularidades en el exdirector del puerto Jos¨¦ Luis D¨ªaz Rato y en el exresponsable de la Autoridad Portuaria Fernando Men¨¦ndez Rexach, hermano de un exasesor del expresidente del Consejo del Poder Judicial Carlos D¨ªvar que ahora ocupa un alto cargo en la Audiencia Nacional.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel ?ngel Torres, emiti¨® el pasado 21 de junio un escrito en el que ve indicios de responsabilidad contable en la ampliaci¨®n de El Musel. Tambi¨¦n los ve el abogado jefe del Estado, Javier Borrego. El fiscal se?ala: ¡°(¡­) Se aprecian indicios de responsabilidad contable en el contrato de ejecuci¨®n de las obras de ampliaci¨®n del Puerto, en el de asistencia t¨¦cnica a la direcci¨®n de obra (¡­) y en un convenio firmado en 2005 con la Fundaci¨®n Empresa Universidad de Granada para un proyecto de investigaci¨®n denominado Experimentaci¨®n 3D en modelo f¨ªsico de los tramos del dique exterior para la ampliaci¨®n del Puerto de Gij¨®n¡±.

Las obras fueron presupuestadas en unos 500 millones en 2005 y han acabado costando casi 800

Explica el fiscal que hasta febrero de 2006 el pago del convenio lo abon¨® la UTE a la Universidad de Granada ¡°conforme a los precios pactados, con un 19% de deducci¨®n. Pero a partir de marzo de 2006¡±, a?ade, ¡°los importes imputados al presupuesto de obra fueron ¨ªntegramente los pagados a la Fundaci¨®n. En consecuencia¡±, lo abonado por la autoridad portuaria ¡°a la UTE ten¨ªa un importe un 19% superior al pagado a la Fundaci¨®n¡±. Es decir, la UTE se benefici¨® de 124.000 euros ¡°en su condici¨®n de intermediario en los pagos¡±, ya que la UTE recibi¨® de la autoridad portuaria 776.000 euros y solo pag¨® 652.000 a la Universidad granadina, se?ala.

La Abogac¨ªa del Estado pone ¨¦nfasis, por su lado, ¡°en la alteraci¨®n, por incremento, de los precios previstos [para] los materiales procedentes de las canteras, que no se ajustan a lo pactado en el contrato de adjudicaci¨®n de la obra¡±. Ha detectado muchas partidas con sobrecoste, entre ellas una de casi 133.000 euros. Tambi¨¦n ha descubierto contratas para la ampliaci¨®n del puerto caracterizadas por una din¨¢mica similar a la empleada en el convenio con la Universidad de Granada, donde la autoridad portuaria paga un 19% m¨¢s a la UTE y esta se lo queda tras descontarlo a la subcontrata.

La infraestructura fue cofinanciada con unos 250 millones de euros por la Uni¨®n Europea

En el cap¨ªtulo de seguridad y salud, en el presupuesto inicial de la ampliaci¨®n se estableci¨® una partida de 951.000 euros que en mayo de 2011 alcanzaba ya los 1,4 millones. Adem¨¢s, hay extra?as facturas sobre seguridad muy beneficiosas para la UTE en perjuicio de las arcas de la Autoridad Portuaria. La UTE estaba formada por empresas del grupo ACS, FCC, por una empresa del grupo OHL, Sato, y por Alvargonz¨¢lez Contratas.

El delegado instructor del Tribunal de Cuentas ya tiene sobre la mesa los escritos del fiscal y del abogado del Estado, as¨ª como el informe de los auditores del tribunal que han analizado a lo largo de este a?o la contabilidad y gesti¨®n de las obras de ampliaci¨®n de un puerto que pretend¨ªa ser uno de los m¨¢s grandes del Cant¨¢brico.

En paralelo, un juzgado de Gij¨®n tambi¨¦n indaga el descomunal sobrecoste de estas obras. Y tiene varios imputados. Se investigan delitos de fraude, estafa, exacciones ilegales y fraude, entre otros. En sus declaraciones judiciales, tanto Men¨¦ndez Rexach como D¨ªaz Rato negaron irregularidades. Rexach se?al¨® que entre sus competencias no estaba ni la gesti¨®n ni la licitaci¨®n de las obras y D¨ªaz Rato aludi¨® a los estrictos controles a los que, seg¨²n ¨¦l, someti¨® a la adjudicataria durante las obras, inauguradas en 2011.

Fue la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la que dio la voz de alarma sobre estas irregularidades en un informe de 2014. Denunci¨® ¡°deficiencias en los sistemas de gesti¨®n y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gij¨®n¡±. La UE aport¨® unos 250 millones. En el informe de la OLAF se bas¨® inicialmente la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para llevar el asunto, en diciembre de 2014, ante la Audiencia Nacional, mediante una denuncia en la que, entre otras irregularidades, expuso que ¡°los precios del material necesario para la ejecuci¨®n de la obra aparec¨ªan notablemente infradimensionados en el pliego de prescripciones t¨¦cnicas", y tambi¨¦n vio indicios de precios "artificialmente" hinchados. Las autoridades portuarias han sostenido que los sobrecostes est¨¢n relacionados con los imprevistos surgidos como consecuencia del impacto del oleaje sobre estas fara¨®nicas obras.