Interior aprecia un ¡°posible¡± caso de conflicto de intereses en la actuaci¨®n de Segu¨ª

El Ministerio del Interior ha concluido que existi¨® un "posible" caso de conflicto de intereses en la actuaci¨®n de la exdirectora general de la DGT, Mar¨ªa Segu¨ª, que se encontraba al frente de Tr¨¢fico cuando este financi¨® tres proyectos universitarios en los que particip¨® su marido. Seg¨²n la investigaci¨®n interna abierta por el departamento encabezado por Fern¨¢ndez D¨ªaz, antes de que Segu¨ª dimitiese la pasada semana, la exdirectora incurri¨® en un "posible incumplimiento de las reglas de incompatibilidades de altos cargos".

Los resultados de esta investigaci¨®n se van a trasladar ahora a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que los estudie. Y ponga en marcha, "en su caso", el correspondiente expediente, seg¨²n detall¨® Interior a trav¨¦s de un comunicado, donde daba a conocer algunas claves de estas pesquisas que abri¨® para aclarar si la DGT concedi¨® de manera regular, entre 2012 y 2014, tres proyectos al Instituto Universitario de Investigaci¨®n en Ingenier¨ªa de Arag¨®n, de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba la pareja de Segu¨ª, Francisco L¨®pez Vald¨¦s.

Interior ha concluido que Tr¨¢fico adjudic¨® y formaliz¨® estos tres proyectos, por un valor total cercano a los 50.000 euros, de manera regular y conforme a la Ley de Contratos del Sector P¨²blico. "No se han apreciado indicios de responsabilidad en los empleados p¨²blicos de la DGT que intervinieron en las distintas fases del procedimiento de contrataci¨®n", subray¨® ayer el departamento dirigido por Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, que s¨ª apunta, en cambio, a la "posible" responsabilidad de Segu¨ª por incumplir en este caso la Ley de Incompatibilidades.

Fuentes de la Oficina de Conflictos de Intereses ya explicaron la semana pasada a EL PA?S que no existe ninguna normativa que obligara a Segu¨ª, que no formaba parte de la mesa de selecci¨®n, a avisar de que el grupo de trabajo de su pareja optaba a esos proyectos. Aunque esas mismas fuentes se refirieron al art¨ªculo 60 de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico, que proh¨ªbe a los c¨®nyuges contratar con un organismo p¨²blico "cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del ¨®rgano de contrataci¨®n". El entorno de Segu¨ª asegura, por su parte, que solo espera ahora que "la oficina emita su informe pronto".

La DGT ha defendido desde el principio que estos tres contratos no se dieron de forma arbitraria y que, "desde 2012, se han financiado cerca de 200 proyectos a un centenar de entidades con m¨¢s de 900 investigadores nacionales". Un portavoz de la Universidad de Zaragoza detall¨®, por su parte, que L¨®pez no consta en la documentaci¨®n que se traslad¨® a Tr¨¢fico para la concesi¨®n: el responsable y encargado de gestionar la financiaci¨®n era otro profesor, Juan Jos¨¦ Alba. Pero, eso s¨ª, en los documentos publicados por la DGT una vez acabado el trabajo, el marido de Segu¨ª aparece en la ficha t¨¦cnica como uno de los autores de las investigaciones