El fiscal pide seis a?os de c¨¢rcel para el expresidente andaluz Gri?¨¢n por el caso de los ERE

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide seis a?os de prisi¨®n y 30 de inhabilitaci¨®n para el expresidente andaluz Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n en el caso de los ERE. El ministerio p¨²blico le achaca un delito continuado de malversaci¨®n y otro de prevaricaci¨®n, mientras que para su antecesor, Manuel Chaves, reclama 10 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n. Tras cinco a?os de investigaci¨®n, ambos dirigentes hist¨®ricos y expresidentes federales del PSOE ¡ªpartido que abandonaron en junio al ser procesados¡ª afrontar¨¢n junto a 24 ex altos cargos de la Junta el primer juicio de esta macrocausa, previsiblemente en 2017.

La posibilidad ¡ªm¨¢s real ayer que nunca antes¡ª de que el antiguo n¨²mero dos del PSOE federal y exministro Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n sea condenado a una pena de c¨¢rcel por inacci¨®n y conocer supuestamente irregularidades, ha producido perplejidad entre numerosos dirigentes socialistas. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide sentar en el banquillo a la anterior c¨²pula de la Junta de Andaluc¨ªa con penas que suman 132 a?os de c¨¢rcel. Y lo hace con el argumento de que evit¨® la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n General y permiti¨® a sabiendas el descontrol en las ayudas del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2000 y 2010.

El ministerio p¨²blico ha presentado esta ma?ana su escrito de acusaci¨®n para 26 pol¨ªticos y t¨¦cnicos del Gobierno andaluz, que afrontan la devoluci¨®n a la Hacienda p¨²blica de 741 millones en caso de condena. De ellos, los fiscales reclaman a Gri?¨¢n la devoluci¨®n solidaria ¡ªjunto a otros 18 altos cargos acusados de malversaci¨®n¡ª de 483 millones, por conocer su destino irregular desde su puesto como consejero de Hacienda.

Anticorrupci¨®n coincide en su tesis general con el ¨²ltimo instructor de la pieza, ?lvaro Mart¨ªn, y su predecesora Mercedes Alaya, aunque esta hab¨ªa elevado a 52 los inculpados en esta rama pol¨ªtica. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro descart¨® la malversaci¨®n por parte de Gri?¨¢n cuando instruy¨® el sumario por la presencia de aforados.

El escrito acusa a la c¨²pula de la Junta de evitar la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n, ¡°que entorpec¨ªa y casi imped¨ªa este sistema de ayudas¡±. La clave reside en que los dirigentes deb¨ªan conocer las irregularidades detectadas por los interventores en los ERE ya en 2003, pero las permitieron para mantener ¡°la paz social¡±, seg¨²n los fiscales. ¡°La gravedad de la situaci¨®n creada (...) mediante la utilizaci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n (...) debieron ser conocidas por los encausados¡±. Y ah¨ª reside la diferencia procesal entre Chaves y Gri?¨¢n.

Mientras que el primero es se?alado por ignorar detalles de algunas ayudas y modificaciones presupuestarias aprobadas en Consejo de Gobierno, a Gri?¨¢n se le achaca un conocimiento m¨¢s detallado del fondo como titular de la Consejer¨ªa de Hacienda. Adem¨¢s, el fiscal le recrimina que no iniciara alg¨²n procedimiento para lograr la devoluci¨®n de los fondos p¨²blicos entre 2005 y 2010.

En junio tanto Chaves como Gri?¨¢n recurrieron su procesamiento al alegar que desconoc¨ªan las irregularidades de los ERE. "No era una trama criminal", adujo Gri?¨¢n. Pero sus recursos no paralizaron el proceso y tras la petici¨®n de Anticorrupci¨®n, dentro de un mes se conocer¨¢n las de la Junta de Andaluc¨ªa y el PP como acusaciones personadas en el caso. Hoy jueves ambos exdirigentes han guardado silencio.

La fiscal¨ªa pide tambi¨¦n 10 a?os de inhabilitaci¨®n para el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarr¨ªas y la exministra y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones Magdalena ?lvarez, por su labor como antecesora de Gri?¨¢n al frente de Hacienda. Adem¨¢s, pide ocho a?os de prisi¨®n para los exconsejeros Jos¨¦ Antonio Viera, Antonio Fern¨¢ndez ¡ªextitulares de Empleo¡ª y Francisco Vallejo ¡ªexconsejero de Innovaci¨®n¡ª, por malversaci¨®n; y seis para la exconsejera de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, por el mismo delito.

En la pir¨¢mide descendente de altos cargos, la fiscal¨ªa eleva la petici¨®n de c¨¢rcel hasta los ocho a?os e inhabilitaci¨®n absoluta de 20 a?os para el exviceconsejero de Empleo Agust¨ªn Barber¨¢ y los ex directores de Trabajo Juan M¨¢rquez y Javier Guerrero, en el epicentro de la trama que origin¨® el caso. Anticorrupci¨®n pide asimismo seis a?os de prisi¨®n para el exviceconsejero Justo Ma?as y el ex interventor general Manuel G¨®mez, que se enfrent¨® con crudeza a Chaves y Gri?¨¢n.

La fiscal¨ªa debe pronunciarse ahora sobre otro caso importante: la macrocausa de los cursos de formaci¨®n, aunque todo indica que ah¨ª pedir¨¢ el archivo de la rama pol¨ªtica.