Ciudadanos quiere ahora que la apertura de juicio oral por cualquier delito obligue a dimitir
El partido registra una proposici¨®n de ley que var¨ªa sus pactos con el PP y el PSOE
Ciudadanos quiere que los concejales, diputados, senadores y parlamentarios europeos a los que se les abra juicio oral por delitos castigados con penas graves tengan que dejar sus esca?os "por incompatibilidad sobrevenida". As¨ª lo especifica la Ley contra la corrupci¨®n que ha registrado este partido este jueves en el Congreso, en la que tambi¨¦n se recoge que cualquier persona en esa situaci¨®n ser¨ªa ¡°inelegible¡± para un cargo p¨²blico. El pacto de Ciudadanos con el PP no inclu¨ªa estas medidas y el que alcanz¨® con el PSOE no vinculaba la apertura de juicio oral a la inelegibilidad.
En 2015, los socialistas presentaron distintas iniciativas para que la apertura del juicio oral supusiera la p¨¦rdida del cargo y los populares se opusieron siempre. En los ¨²ltimos cinco meses, Mariano Rajoy, Pedro S¨¢nchez y Albert Rivera se han comprometido a no incluir en las listas de sus partidos y a separar de sus cargos a los imputados por corrupci¨®n pol¨ªtica. Esa medida es m¨¢s exigente que la que plantea ahora Ciudadanos, porque afecta a un momento procesal previo a la apertura del juicio oral, pero menos amplia en cuanto a los tipos de delitos a los que ata?e.
"Darle efectos jur¨ªdicos a la imputaci¨®n por corrupci¨®n pol¨ªtica, cuando ni siquiera se ha llamado a declarar, es dif¨ªcil de encajar", explica Jos¨¦ Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. "Tenemos dudas de que se pueda hacer por ley, pero s¨ª se puede adoptar por voluntad de los partidos pol¨ªticos como gesto para recuperar la confianza de los ciudadanos".
El partido de Rivera defiende que la nueva propuesta no cancelar¨ªa el compromiso alcanzado entre el PP, el PSOE y Ciudadanos sobre los imputados por corrupci¨®n pol¨ªtica. Argumenta, adem¨¢s, que aprovecha el consenso logrado en los pactos para impulsar un nuevo list¨®n legal que tambi¨¦n deje fuera de las listas y los despachos a representantes p¨²blicos y altos cargos a los que se haya abierto juicio oral o condenado por delitos de terrorismo, contra la administraci¨®n p¨²blica, la justicia, las instituciones del Estado, el patrimonio, la libertad, el orden p¨²blico, ¡°y en general por cualesquiera otros delitos dolosos castigados con penas graves¡±. La mayor¨ªa de estos delitos acarrean, en caso de condena, penas de inhabilitaci¨®n.
"Confiamos en que salga adelante. Es el mayor avance legislativo en la materia", ha opinado Miguel Guti¨¦rrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, que aspira a aprobar su ley gracias al terreno com¨²n que le proporciona haber pactado con el PP y el PSOE y a que estos dos partidos ya plantean medidas similares en sus reglamentos internos. "Es un paso m¨¢s para regenerar desde el Congreso", ha a?adido el propio Rivera, cuya iniciativa no tendr¨¢ opciones de salir adelante si no se forma Gobierno.
Las diez medidas de la ley de Ciudadanos
- - Protecci¨®n del denunciante.
- - Creaci¨®n de la Autoridad Independiente de Integridad P¨²blica.
- - Cese de los cargos electos encausados judicialmente por cualquier delito y que tampoco puedan ser incluidos en ninguna lista electoral.
- - Tambi¨¦n ser¨¢n apartados los altos cargos encausados judicialmente.
- - Tipificaci¨®n del delito de enriquecimiento il¨ªcito y responsabilidad civil subsidiaria de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- - Prohibici¨®n de los indultos por delitos de corrupci¨®n.
- - Eliminaci¨®n de los plazos m¨¢ximos para la instrucci¨®n penal.
- - Garant¨ªas para la reclamaci¨®n de la responsabilidad patrimonial de las autoridades p¨²blicas.
- - Se promover¨¢ la transparencia p¨²blica y el control de la actividad de los "lobbies".
- - Medidas para garantizar la objetividad, independencia e imparcialidad de los funcionarios de Administraci¨®n Local.
En el acuerdo que firm¨® Rivera en febrero con Pedro S¨¢nchez solo se exclu¨ªa de las listas electorales a los imputados por delitos de corrupci¨®n pol¨ªtica que implicaran un enriquecimiento personal; se acordaba pedir el acta de los representantes p¨²blicos investigados; y suspender a los cargos a los que se le abriera juicio oral por un delito doloso. En el caso del pacto con Rajoy solo se hace menci¨®n a los imputados por corrupci¨®n pol¨ªtica, que ser¨ªan separados de sus cargos y no podr¨ªan ser incorporados a listas electorales. Ahora, si la ley es aprobada, esos compromisos pol¨ªticos se mantendr¨¢n y ampliar¨¢n, seg¨²n fuentes conocedoras del proyecto.
Ciudadanos est¨¢ intentando hacer bandera de la lucha contra la corrupci¨®n. Seg¨²n el partido, Toni Cant¨®, diputado de esta formaci¨®n, ocupar¨¢ la presidencia de la Comisi¨®n que se va a crear en el Congreso para luchar contra esta lacra. El partido de Rivera espera utilizar este organismo como altavoz de su programa de regeneraci¨®n. Al tiempo, el asfixiante calendario judicial al que se enfrenta el PP pondr¨¢ todos los focos sobre este asunto en los pr¨®ximos meses. Los estrategas del partido consideran que su electorado premia una actitud proactiva en la materia: por eso, por ejemplo, los portavoces de Ciudadanos han reivindicado que Rita Barber¨¢ deje el PP como una consecuencia de su pacto anticorrupci¨®n con Rajoy, pese a que este acuerdo no afecta a la senadora porque no est¨¢ imputada.
Tras la pol¨¦mica generada alrededor del exministro Jos¨¦ Manuel Soria, que dimiti¨® por aparecer en los papeles de Panam¨¢ y luego fue nombrado para un cargo ejecutivo en el Banco Mundial, la propuesta de Ciudadanos tambi¨¦n recoge que "los altos cargos no podr¨¢n ser titulares de cuentas bancarias en para¨ªsos fiscales". Adem¨¢s, aboga porque se tipifiquen los delitos de enriquecimiento il¨ªcito, responsabilidad civil subsidiaria de los partidos pol¨ªticos, sindicatos y organizaciones empresariales por la corrupci¨®n de sus integrantes; o porque se eliminen los plazos m¨¢ximos para la instrucci¨®n penal de los casos de corrupci¨®n.
Los 32 votos de Ciudadanos son insuficientes para sacar adelante la iniciativa, que requiere de profundas reformas legales: habr¨ªa que modificar dos leyes org¨¢nicas, un real decreto y seis leyes para que entrase en vigor.
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