Anticorrupci¨®n pide anular los cargos de Alaya contra la Junta por una ¡°red de clientelismo¡±

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido esta ma?ana anular la acusaci¨®n de la juez Mercedes Alaya contra la Junta de Andaluc¨ªa por crear "una red de clientelismo pol¨ªtico" a trav¨¦s de los cursos de formaci¨®n que subvencion¨®, y por la que hace un a?o y medio detuvo a 16 ex altos cargos del Ejecutivo auton¨®mico en la rama pol¨ªtica del caso de los cursos de formaci¨®n. Si en marzo de 2015 tres ex directores generales de la Junta y ocho delegados de Empleo fueron a calabozos esposados por la Guardia Civil, hoy est¨¢n muy cerca de ser exculpados. Tras la petici¨®n de la fiscal¨ªa para archivar las actuaciones contra 26 investigados, la juez Mar¨ªa N¨²?ez, que ahora lleva el caso, cuyas tesis son opuestas a las de Alaya, acatar¨¢ previsiblemente la solicitud del ministerio p¨²blico.?

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"No se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades", considera el fiscal en su escrito, en la ant¨ªtesis de las graves acusaciones de Alaya. En la rama pol¨ªtica de la formaci¨®n est¨¢n imputados 24 altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), incluido el exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez.

El viraje del caso desde la fiscal¨ªa llega un a?o y medio despu¨¦s de la Operaci¨®n Barrado dirigida por Alaya en una causa que ha significado un azote pol¨ªtico desde el PP a la Junta en paralelo al caso ERE, aunque con menor intensidad. En marzo de 2015 la juez acus¨® a la Consejer¨ªa de Empleo andaluza de impartir "¨®rdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" de la formaci¨®n, 2.896 millones entre 2002 y 2012.

Hoy el escenario es bien distinto. La juez Alaya ascendi¨® a la Audiencia y su sustituta se alinea con la tesis exculpatoria de Anticorrupci¨®n. El fiscal censura el criterio de Alaya y de la Guardia Civil y considera que la f¨®rmula empleada por la Junta para pagar a las empresas de formaci¨®n, las denominadas exoneraciones, no constituyen delito. Las exoneraciones permit¨ªan a las empresas recibir nuevas subvenciones sin haber justificado las del a?o anterior, dada la falta de funcionarios para fiscalizarlas. "Podr¨ªan ser acertadas o no, nulas o no, incluso contraria a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno. Responde a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma", zanja el fiscal Fernando Soto.

Anticorrupci¨®n matiza que la labor de justificaci¨®n de las ayudas millonarias a la formaci¨®n por parte de los altos cargos de la Junta "no puede ser tachada de manera global de negligente". Y a?ade: "Ni siquiera cabe en la v¨ªa penal un estudio globalizado de tal cuesti¨®n, el an¨¢lisis jur¨ªdico penal siempre es individualizado a una conducta concretada en una persona y por raz¨®n de unos hechos", aclara con llamativas may¨²sculas el escrito del fiscal.

Anticorrupci¨®n destaca que hoy solo quedan pendientes de justificar 539 millones del total de 2.896 millones. Adem¨¢s, solo ha prescrito el derecho de la Administraci¨®n en cinco expedientes.

El fiscal replica a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su ligereza a la hora de calcular la supuesta malversaci¨®n que achacaban a los mandos de la Junta. "Equiparar inexistencia de reintegro en justificaci¨®n vencida con malversaci¨®n es err¨®neo (...) La falta de apertura de un expediente de reintegro en una subvenci¨®n no justificada cuyo plazo ha vencido era indicio de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. La hip¨®tesis no se ha confirmado".

Al margen de esta investigaci¨®n que analiza los servicios centrales de la Consejer¨ªa de Empleo y el papel de los exconsejeros provinciales de Empleo, hay otras 10 piezas en Sevilla que analizan las ayudas concedidas por la Junta. En las otras siete provincias hay m¨¢s investigaciones en marcha sobre los fondos concedidos, entre las que destaca la Operaci¨®n Edu de la polic¨ªa.