Las preguntas que el Gobierno no contesta (pese a la Ley de Transparencia)

La norma que regula el derecho a saber en Espa?a ha cumplido a?o y medio, con escaso inter¨¦s por parte de los ciudadanos. El Portal de Transparencia apenas ha recibido 5.992 peticiones de informaci¨®n por culpa, en parte, del complicado sistema de acceso, que el Defensor del Pueblo ha calificado de "disuasorio".

Si es dif¨ªcil pedir informaci¨®n ampar¨¢ndose en la Ley de Transparencia, en muchas ocasiones tambi¨¦n lo es que el Gobierno conteste a lo que se le pregunta. El Ejecutivo no admite a tr¨¢mite o deniega una de cada tres peticiones, seg¨²n su ¨²ltimo balance. Hoy se celebra el d¨ªa internacional del derecho a saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas.

Pese a que la norma obliga a hacer publicidad activa de las informaciones cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, el Portal de la Transparencia lleva meses sin ofrecer ning¨²n dato que proceda de peticiones ciudadanas. El Gobierno tampoco ha elaborado el reglamento que desarrolla la ley --previsto para 2015--, y que tendr¨ªa que resolver las diferencias en la interpretaci¨®n de sus preceptos.

El resultado es que los ciudadanos cada vez recurren m¨¢s al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el ¨®rgano competente para velar por el cumplimiento de la ley, porque no est¨¢n satisfechos con la respuesta de la Administraci¨®n o porque esta directamente no les contesta. El CTBG ha recibido desde su creaci¨®n 911 reclamaciones, seg¨²n sus ¨²ltimos datos.

Bajo el lema Contra la opacidad, el derecho a saber, el Consejo organiza hoy un "marat¨®n de preguntas" con la colaboraci¨®n de la fundaci¨®n Civio y de Access Info. Estas dos organizaciones ceden su certificado digital (el requisito de identificaci¨®n que exige la Administraci¨®n en Espa?a) para que cualquiera pueda ejercer su derecho y preguntar a trav¨¦s de un sencillo formulario.

Aunque la Ley ha permitido hacer p¨²blicos datos hasta ahora secretos, como los gastos en las embajadas, los pasajeros que utilizan las estaciones del AVE, c¨®mo emplea la Iglesia los fondos p¨²blicos que recibe o qu¨¦ abogados del Estado est¨¢n en excedencia, todav¨ªa hay muchas preguntas que el Gobierno no quiere responder. EL PA?S ha recopilado a lo largo de a?o y medio ejemplos en los que la ley no ha ayudado a hacer transparente la gesti¨®n de lo p¨²blico:

Industria

Tras conocerse el contenido de dos informes oficiales de instituciones espa?olas que dec¨ªan que hubo relaci¨®n entre la inyecci¨®n de gas en el dep¨®sito submarino Castor y los m¨¢s de 500 terremotos registrados en la zona en septiembre de 2013, el entonces ministro de Industria, Jos¨¦ Manuel Soria, anunci¨® que tambi¨¦n hab¨ªa encargado estudios a ¡°expertos internacionales¡±: la Universidad de Stanford y el MIT.?

¡°Qu¨¦ tipo de contrataci¨®n ha seguido el ministerio, con cargo a qu¨¦ partida presupuestaria, d¨®nde est¨¢ publicado el concurso p¨²blico o la adjudicaci¨®n y el importe de estos dos estudios¡±. As¨ª pregunt¨® EL PA?S meses despu¨¦s, pero Industria deneg¨® la petici¨®n. Aleg¨® que los estudios todav¨ªa estaban "en curso de elaboraci¨®n".

Medio Ambiente

?Qu¨¦ hace el Gobierno para cumplir su propio plan contra la contaminaci¨®n? EL PA?S solicit¨® los informes de seguimiento del plan nacional de calidad del aire, llamado Plan AIRE, para comprobar qu¨¦ avances se han producido desde que el Gobierno lo aprob¨® en 2013.

Por defecto, cualquier informaci¨®n sobre medio ambiente que se solicita a trav¨¦s del portal es rechazada. Se inadmite a tr¨¢mite y se le indica al interesado que tiene que trasladarla directamente al Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, en virtud de una ley de 2006 que regula el derecho a la informaci¨®n en materia de medio ambiente.

El problema es que, por esta v¨ªa, las garant¨ªas para reclamar la informaci¨®n no son las mismas. En el caso del Plan Aire, el ministerio nunca envi¨® la documentaci¨®n oficial que se le solicit¨®. Tampoco aleg¨® la inexistencia de informes, lo que hubiera significado que no hizo seguimiento de su plan. El CTBG no admiti¨® a tr¨¢mite la reclamaci¨®n por "no ser competente" en materia medioambiental.?

Interior

?Cu¨¢ntas intervenciones telef¨®nicas hacen la Polic¨ªa y la Guardia Civil? Cuando se solicitan "estad¨ªsticas sobre las solicitudes de intervenciones telef¨®nicas y las autorizaciones concedidas a Polic¨ªa Nacional y Guardia Civil", el Ministerio del Interior contesta con un: ¡°Procede denegar el acceso¡±.

Sanidad

La lista de espera quir¨²rgica, desglosada por comunidades aut¨®nomas, es uno de los mayores secretos en el ¨¢mbito de la pol¨ªtica sanitaria. ?Esperan m¨¢s los madrile?os que los andaluces para operarse? ?D¨®nde se gestiona mejor la actividad quir¨²rgica? Son dudas que ni siquiera la Ley de Transparencia permite resolver, pese a que en otros pa¨ªses son datos p¨²blicos que suelen estar colgados en las p¨¢ginas web de los servicios de salud.

EL PA?S pidi¨® las estad¨ªsticas, pero el Ministerio de Sanidad deneg¨® la informaci¨®n. "Los datos que se reciban de las comunidades aut¨®nomas para facilitar esta informaci¨®n, tienen el car¨¢cter de informes internos o entre ¨®rganos o entidades administrativas", aleg¨® el departamento que entonces dirig¨ªa Alfonso Alonso.

?Y qu¨¦ ocurre con las infecciones hospitalarias? La sanidad p¨²blica de pa¨ªses europeos como el Reino Unido permite consultar la tasa de infecciones nosocomiales de cualquier centro para que el paciente pueda valorar d¨®nde prefiere ir a operarse. En Espa?a, una vez m¨¢s, es informaci¨®n imposible de obtener. El Ministerio de Sanidad afirma que solo tiene datos agregados por comunidades aut¨®nomas y que por tanto no puede responder.

Defensa

?Qu¨¦ autoridades y acompa?antes viajan en aviones oficiales? El uso que se hace de estas aeronaves es una pregunta recurrente, que tambi¨¦n hizo EL PA?S. El Ministerio de Defensa argumenta dos cosas para denegar la informaci¨®n: que requiere reelaboraci¨®n al tener que consultar distintas bases de datos y que adem¨¢s los datos son secretos.

Esta es una de las cuestiones que dirimir¨¢n los tribunales de justicia. El Consejo de la Transparencia dio la raz¨®n a un ciudadano que solicit¨® la informaci¨®n. Consider¨®, por un lado, que la identidad de las autoridades en el desempe?o p¨²blico de sus cargos no debe quedar vetada al conocimiento de los ciudadanos y, por otro, que la informaci¨®n no puede considerarse como clasificada puesto que no ha habido un acto expreso de clasificaci¨®n.

El Ministerio de Defensa present¨® un recurso contencioso administrativo para evitar dar los datos como le ped¨ªa el Consejo.

Asesores a dedo

En los gabinetes ministeriales trabajan unos 150 asesores eventuales (contratados a dedo), con sueldos brutos anuales de casi 60.000 euros de media que, solo en 2013, costaron 8,3 millones de euros al erario p¨²blico. ?Hay m¨¢s o menos ahora? ?Qui¨¦nes son y para qui¨¦n trabajan?

El Gobierno se niega a hacer p¨²blico un listado de esos puestos de trabajo en 2014 y 2015. EL PA?S pregunt¨®, recurri¨® la negativa de la Administraci¨®n y el Consejo de la Transparencia le dio la raz¨®n. Pese a la resoluci¨®n a favor, el Gobierno ha incumplido el plazo y sigue sin entregar la informaci¨®n. La Ley de Transparencia no da poder coercitivo al Consejo; solo le permite "instar".?

Hacienda

?Qu¨¦ le dice la Comisi¨®n Europea a Espa?a cuando le abre un procedimiento de suspensi¨®n o de interrupci¨®n de fondos? ?Qu¨¦ contesta Espa?a a los requerimientos? En el caso de los millones de euros en ayudas FEDER que Bruselas ha bloqueado por distintas irregularidades, el ciudadano espa?ol no lo tiene f¨¢cil para saber qu¨¦ correspondencia intercambia su pa¨ªs con la Comisi¨®n. El Ministerio de Hacienda deneg¨® una petici¨®n de EL PA?S alegando que ped¨ªa demasiada informaci¨®n y que adem¨¢s esta requer¨ªa reelaboraci¨®n.

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