Baltasar Garz¨®n: ¡°Sab¨ªa que estaba condenado desde el comienzo¡±
El exjuez publica las memorias de los 28 a?os que pas¨® en la Audiencia Nacional
Despu¨¦s de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucci¨®n de lo que fue una actuaci¨®n concatenada y que obedeci¨® al ¨²nico designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso G¨¹rtel, los documentos encontrados a Luis B¨¢rcenas ¡ªel extesorero del Partido Popular¡ª, las cuentas bancarias de Suiza, la financiaci¨®n cuando menos irregular del PP, el se?alamiento ¡ªcon creciente insistencia y claridad¡ª de esta formaci¨®n pol¨ªtica como estructura que se prest¨® a la m¨¢s evidente degradaci¨®n y la extensi¨®n territorial de la il¨ªcita actuaci¨®n del grupo criminal investigado.
La consolidaci¨®n de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que a?adir como tel¨®n de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garant¨ªas de las que yo emple¨¦.
En el caso del franquismo, las sucesivas condenas y denuncias internacionales por la pasividad judicial espa?ola, auspiciada desde el Tribunal Supremo pero claramente insostenible jur¨ªdicamente por lo que comporta de abandono de las v¨ªctimas, han sido no solo abundantes, sino tambi¨¦n definitivas para evidenciar, a¨²n m¨¢s si cabe, su clara posici¨®n de garantes de la impunidad m¨¢s ramplona. Tan solo se salva del naufragio judicial la encomiable acci¨®n en Argentina con la tramitaci¨®n de la querella por tales cr¨ªmenes, de acuerdo con el principio de jurisdicci¨®n universal. Junto a la acci¨®n judicial, las exigencias por parte de la sociedad civil, unida en una plataforma de organizaciones, se han concretado en la demanda de una Comisi¨®n de la Verdad en Espa?a.
En el tercer caso seguido contra m¨ª, por la financiaci¨®n de unos cursos en la Universidad de Nueva York (UNY) en los que particip¨¦ como director, todav¨ªa estoy buscando la base jur¨ªdica que justifica que la actuaci¨®n, cuando menos extra?a, del Tribunal Supremo y, especialmente, de quien hoy asume la presidencia de su Sala Segunda, el mismo que demostr¨® ¡ªy sigue haci¨¦ndolo¡ª una animadversi¨®n cong¨¦nita contra m¨ª no solo en ese proceso como instructor, sino tambi¨¦n, y simult¨¢neamente, como juzgador en el caso G¨¹rtel, en varias sentencias de otros casos que yo instru¨ª y tambi¨¦n en los de jurisdicci¨®n universal.
A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdi¨® en torno a este espacio, con la inestimable colaboraci¨®n, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuaci¨®n de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontaci¨®n profunda en diferentes ocasiones porque, para m¨ª, sus intenciones torcidas eran evidentes. Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escr¨²pulos para obtener los fines que persiguen.
All¨¢ por los a?os 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las ¨²nicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haci¨¦ndolo, seg¨²n conven¨ªa desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentaci¨®n que ha llevado a un deterioro grav¨ªsimo de la justicia. Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acci¨®n popular por este seudosindicato y esta extra?a organizaci¨®n, lo ¨²nico que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acci¨®n popular convirti¨¦ndola en un instrumento de extorsi¨®n aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acci¨®n en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacci¨®n.
Por lo dem¨¢s, si se confirmara ¡ªcomo han informado algunos medios de comunicaci¨®n¡ª que jueces, fiscales y/o abogados han estado m¨¢s o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiaci¨®n, o que se han aprovechado de ellas, supondr¨ªa el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. Aunque para la regeneraci¨®n de este viciado esquema habr¨¢ que esperar mucho tiempo, m¨¢s que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso c¨®mo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ¨¦tica judicial.
En este contexto se desarroll¨® la espec¨ªfica y especialmente dise?ada teor¨ªa del Supremo para admitir las querellas contra m¨ª. La afirmaci¨®n de que no es inveros¨ªmil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jur¨ªdica. No fue ni siquiera una presunci¨®n, sino directamente un se?alamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstenci¨®n para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebraci¨®n de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra m¨ª ¡ªLuciano Varela y Manuel Marchena¡ª, cuya imparcialidad era m¨¢s que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. Si alguna duda ten¨ªa de que no ser¨ªa un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sab¨ªa que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espect¨¢culo, para mayor descr¨¦dito de una Justicia suprema en la que ya no creo.
S¨ª es cierto que hubo algo que me molest¨® y que, a¨²n hoy, me sigue llamando la atenci¨®n: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra m¨ª. Que no se abstuvieran los magistrados que hab¨ªan participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuaci¨®n a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garant¨ªas necesarias y con la proporcionalidad m¨¢s exquisita en relaci¨®n con los bienes jur¨ªdicos en juego, era preconstitucional¡ cuando casi todos ellos ven¨ªan de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. No era mi caso, al ser mi promoci¨®n la primera que entr¨® con la Constituci¨®n vigente. Aunque nada de ello me gust¨®, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si alg¨²n comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunci¨®n de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no hab¨ªa cometido delito alguno.
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