La patata caliente suiza
El convenio de cooperaci¨®n judicial entre Espa?a y Suiza exige la doble incriminaci¨®n en el delito fiscal, que sea calificado en ambos pa¨ªses
De todas las cuestiones previas hay una que para los acusados, empezando por Luis B¨¢rcenas, es nuclear (por su relevancia ya que tiene efectos de bomba at¨®mica sobre al menos una parte de la investigaci¨®n): el uso de las cuentas bancarias suizas como prueba de delitos cometidos en Espa?a que ser¨ªan el equivalente en el derecho helv¨¦tico a una trama de defraudaci¨®n fiscal.
El Tribunal Penal Federal (TPF) suizo ya valid¨®, en un fallo del 16 de septiembre, la autorizaci¨®n propuesta por la Oficina Federal de la Justicia (OFJ) ¡ªel Ministerio de Justicia helv¨¦tico¡ª, pero dicha resoluci¨®n est¨¢ recurrida por la defensa de B¨¢rcenas ante el Tribunal Federal¡ª el Tribunal Supremo suizo¡ª, seg¨²n adelant¨® EL PA?S el pasado 3 de octubre, que puede resolver en las pr¨®ximas semanas.
?Cu¨¢l es el problema de fondo? El delito fiscal. El convenio de cooperaci¨®n judicial entre Espa?a y Suiza exige la doble incriminaci¨®n, que una conducta sea calificada delito en ambos pa¨ªses. En Espa?a, pagar menos impuestos de los que se deber¨ªa es delito contra la Hacienda p¨²blica y la Seguridad Social si la cuota supera los 120.000 euros anuales; en Suiza solo es una infracci¨®n administrativa.
Los datos aportados en las m¨¢s de 50 comisiones rogatorias de Suiza siempre contienen una ¡°reserva de especialidad¡±. Esos datos no se pueden usar para probar delitos fiscales. Ahora bien, se puede pedir autorizaci¨®n para hacerlo alegando que esos delitos constituyen un esquema de defraudaci¨®n, con facturas falsas, testaferros y sociedades pantalla para disfrazar dineros procedentes de corrupci¨®n. Es lo que Suiza y Andorra definen como escroquerie.
El juez Pablo Ruz pidi¨® esta autorizaci¨®n para ampliar el uso de los datos, desde blanqueo de capitales y cohecho, a defraudaci¨®n fiscal, cuando la investigaci¨®n estaba avanzada. Utiliz¨® datos de las cuentas de B¨¢rcenas, por ejemplo, para fundamentar delitos del extesorero contra la Hacienda p¨²blica en el auto de prisi¨®n del 27 de junio de 2013.
Fue el 2 de abril de 2014 cuando el juez solicit¨® a la OFJ la autorizaci¨®n para usar los datos en delitos de defraudaci¨®n fiscal. La OFJ la concedi¨® el 14 de abril. Pero al hacerlo, no someti¨® esa decisi¨®n a la otra parte, es decir, a la defensa de B¨¢rcenas, lo que priv¨® a esta de presentar alegaciones. Un recurso ante el Tribunal Penal Federal consigui¨® la suspensi¨®n cautelar de la autorizaci¨®n en junio de 2014 y la anulaci¨®n en noviembre del mismo a?o. Y volvi¨® a empezar.
Las fiscales y el juez Ruz presentaron sus alegaciones y la defensa de B¨¢rcenas las suyas. La OFJ recab¨® la opini¨®n de la Administraci¨®n Federal des Contributions (AFC), la agencia tributaria helv¨¦tica. El 5 de agosto de 2015, la AFC calific¨® la conducta de B¨¢rcenas (y de Francisco Correa, Pablo Crespo, Arturo Gonz¨¢lez-Panero, Guillermo Ortega y Alberto L¨®pez Viejo, acusados en el caso G¨¹rtel, como escroquerie fiscale de la ley del Derecho Penal Administrativo.
El 29 de junio pasado, la OFJ adopt¨® su decisi¨®n: autorizaba el uso de los datos como pruebas en Espa?a y la someti¨® a la defensa de B¨¢rcenas, que la recurri¨® ante el TPF. A finales de julio, el fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Antonio Salinas, pidi¨® informaci¨®n a la OFJ. Y esta respondi¨® que si bien hab¨ªa autorizado el uso de datos, el asunto estaba en manos del TPF a ra¨ªz del recurso presentado. Por estar pendiente la decisi¨®n, no pod¨ªa entregar su propia decisi¨®n, recurrida, ni el dictamen de la AFC.
Apelaci¨®n de B¨¢rcenas
El 16 de septiembre, el TPF rechaz¨® el recurso. Y dio 10 d¨ªas para recurrir ante el Tribunal Federal. La defensa de B¨¢rcenas se orientaba a no recurrir. Pero he aqu¨ª que con la carta de la OFJ mont¨® finalmente el recurso el 30 de septiembre. El argumento es que la carta violar¨ªa la neutralidad debida por parte de la OFJ.
El tribunal de G¨¹rtel, pues, tiene una patata caliente. Habr¨¢ que esperar la decisi¨®n del Tribunal Federal en las pr¨®ximas semanas. Pero habr¨¢ que resolver tambi¨¦n sobre el uso de unos datos cuando no exist¨ªa permiso para ello. Lo m¨¢s sencillo, si el Tribunal Federal rechaza la apelaci¨®n de B¨¢rcenas, ser¨¢ dejar el asunto para resolver en el momento de dictar sentencia. Para el extesorero del PP se piden 42 a?os y seis meses de prisi¨®n. Y la mitad de ellos por delitos fiscales.
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