Dos alcaldes del PP de Ourense ser¨¢n juzgados por enchufar a trabajadores
Los regidores de Xinzo de Limia y Vilari?o de Conso est¨¢n acusados de prevaricaci¨®n continuada

Dos alcaldes del PP de la provincia de Ourense se sentar¨¢n en el banquillo por presuntamente haber enchufado a trabajadores municipales. Ventura Sierra, regidor de Vilari?o de Conso, y Antonio P¨¦rez Rodr¨ªguez, su hom¨®logo en Xinzo de Limia, est¨¢n acusados de prevaricaci¨®n continuada. Es el mismo delito por el que fue condenado Jos¨¦ Luis Baltar Pumar, expresidente de los populares ourensanos y de la Diputaci¨®n, padre del actual bar¨®n del partido en la provincia, Jos¨¦ Manuel Baltar Blanco, tambi¨¦n imputado por ofrecer supuestamente un empleo p¨²blico a cambio de sexo.
Sobre el alcalde de Vilari?o pesa ya un auto de apertura de juicio oral emitido por la juez de instrucci¨®n de Trives (Ourense). La fiscal¨ªa pide para Sierra 5 a?os de c¨¢rcel y 14 de inhabilitaci¨®n por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n continuada y falsedad documental en la contrataci¨®n de una veintena de personas en el Ayuntamiento. Quien es regidor de este peque?o municipio de algo m¨¢s de 600 habitantes desde hace casi 40 a?os ha pedido la baja en el partido, pero ya ha advertido de que no piensa dejar el cargo.
Por su parte, la titular del juzgado n¨²mero 1 de Xinzo de Limia, ?gueda Rodr¨ªguez, ha cerrado la investigaci¨®n por un presunto delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa contra el alcalde de Xinzo, el popular Antonio P¨¦rez Rodr¨ªguez, y ha dictado este lunes un auto por el que abre la puerta a la celebraci¨®n de juicio oral contra ¨¦l.
Aunque son hasta 21 contrataciones irregulares las que se realizaron en el Ayuntamiento de Xinzo (10.200 habitantes) y que fueron motivo de las correspondientes impugnaciones administrativas, la magistrada se ha ce?ido en la investigaci¨®n de cuatro de ellas. Considera la instructora que estas son "el paradigma de los incumplimientos", y que ponen en evidencia "el supuesto proceder de la alcald¨ªa a la hora de efectuar contrataciones, sin someterse a la normativa aplicable, y a pesar de existir informes negativos por parte de los t¨¦cnicos municipales".
La juez insta al ministerio fiscal y a la acusaci¨®n popular ejercida por el sindicato CIG (Confederaci¨®n Intersindical Galega), que denunci¨® los hechos, a que presenten sus escritos de calificaci¨®n que podr¨ªan contemplar otros delitos conexos, adem¨¢s del de prevaricaci¨®n continuada que dio lugar a la apertura de estas diligencias.
Una vez cerrado este tr¨¢mite procesal en el que acusar¨¢n las partes, la juez tendr¨¢ que acordar en otro auto la apertura del juicio contra el alcalde para la depuraci¨®n de responsabilidades penales. Los hechos que motivaron la apertura de la investigaci¨®n se refieren a contrataciones eventuales, pero que finalmente dieron lugar a encadenamientos de otros sucesivos con las pr¨®rrogas correspondientes. Por ello, en la jurisdicci¨®n contencioso administrativa se dictaron sentencias, ya firmes, en las que se apreci¨® la existencia de "desviaci¨®n de poder" en las referidas contrataciones por parte del alcalde.
Se?ala el auto de la juez que los contratos objeto de estos dict¨¢menes judiciales hac¨ªan referencia a 21 personas. Pero cuatro de ellos, que tambi¨¦n fueron impugnados y que fueron efectuados por el alcalde de Xinzo de Limia, tienen en com¨²n que "vulneran la normativa vigente, al no concurrir los requisitos necesarios ni circunstancias de urgencia que permitiesen justificar, m¨ªnimamente, las diferentes contrataciones".
Se deduce de la investigaci¨®n que "no se observaron las m¨¢s m¨ªnimas garant¨ªas de un proceso selectivo en base a criterios de m¨¦rito y capacidad", sino que m¨¢s bien los expedientes tramitados al efecto para la contrataci¨®n de los diferentes trabajadores, "resultaron escuetos y dirigidos a dar una apariencia de legalidad". Se trata, seg¨²n la investigaci¨®n, de unos contratos que "¨²nicamente persegu¨ªan colocar y mantener en un puesto de trabajo a determinadas personas, eliminando la posibilidad de acceso de otros candidatos".
La instrucci¨®n del caso pone el acento en el hecho de que sobre casi todos los contratos irregulares exist¨ªan informes desfavorables de la secretar¨ªa del Ayuntamiento, advirtiendo del incumplimiento de la normativa en materia de contratos, as¨ª como tambi¨¦n apercibimientos del departamento municipal de intervenci¨®n.
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