El PP se prepara para gobernar con el Congreso en contra
Los populares ven posible aprobar los Presupuestos y rebajar las comisiones de investigaci¨®n
El PP trabaja ya para poder gobernar en minor¨ªa desde noviembre, con un respaldo de solo 137 diputados frente a 213, el menor que ha tenido nunca un Ejecutivo en democracia. El control de da?os incluye el an¨¢lisis de los recovecos legales, la necesidad de negociar cada iniciativa, el freno de las derogaciones de leyes, la salida al control de comisiones de investigaci¨®n y el uso de instrumentos en su favor como la Presidencia del Congreso y la mayor¨ªa absoluta del Senado.
Estar¨¢ en minor¨ªa, pese al pacto a¨²n vigente con Ciudadanos y Coalici¨®n Canaria que elevar¨¢ a 170 el n¨²mero de diputados que apoyar¨¢ previsiblemente la investidura de Mariano Rajoy, con la abstenci¨®n del PSOE.
El PP del Congreso y La Moncloa barajan, para empezar, iniciar de forma inmediata el tr¨¢mite de unos Presupuestos para 2017, aunque ya hayan sido prorrogados los anteriores. Estudian iniciar el tr¨¢mite en noviembre, junto al techo de gasto, aunque el PSOE asegura que no descarta que ese procedimiento no se inicie hasta despu¨¦s de Navidad.
Seg¨²n el c¨¢lculo de los populares, que encabeza Rafael Hernando en el Congreso, el procedimiento de tramitaci¨®n de las cuentas del Estado les puede favorecer. El primer escollo es el debate de totalidad y en ¨¦l cada grupo puede presentar una enmienda de devoluci¨®n que, de aprobarse paralizar¨ªa medidas urgentes como la revalorizaci¨®n de pensiones, por lo que el PP conf¨ªa en que tendr¨¢ la mayor¨ªa? necesaria para que se supere esa barrera para discutir los detalles. La devoluci¨®n del proyecto del Gobierno supondr¨ªa mantener en vigor las cuentas aprobadas en septiembre de 2015 solo con la mayor¨ªa absoluta del PP, contestadas por todos y rechazadas ya por Bruselas, especialmente, en lo referido al techo de gasto y la estabilidad que afectan a las comunidades aut¨®nomas.
Luego tendr¨ªa que negociar las enmiendas una a una, de manera que, por primera vez en muchos a?os, el texto resultante puede ser muy distinto del inicial, lo que permite pactar con distintos partidos, como el PNV y hasta las formaciones catalanas. Incluso, podr¨ªan aprobarse apartados sin el PP.
En el Senado el PP puede cambiarlas con su mayor¨ªa absoluta, pero necesitar¨ªa confirmar luego las modificaciones en el Congreso.
En ese control de da?os se incluye como instrumento fundamental el art¨ªculo 134.6 de la Constituci¨®n y el 126 del reglamento del Congreso, que permiten al Gobierno vetar iniciativas de la oposici¨®n que impliquen un incremento de gasto. Por ejemplo, la iniciativa presentada este jueves por todos salvo PP y Ciudadanos para revalorizar las pensiones.
Los decretos, un instrumento que us¨® el Gobierno en minor¨ªa de Aznar en 1996 como no ha hecho ning¨²n otro, tienen la contraindicaci¨®n de que precisan mayor¨ªa para ser convalidados.
Los populares asumen que tendr¨¢n dificultades en el control al que les someter¨¢ la C¨¢mara, aunque cuentan con margen de maniobra como el utilizado hace un mes cuando Ana Pastor favoreci¨® la f¨®rmula de comparecencia de Luis de Guindos que prefer¨ªa el Gobierno para hablar del caso Soria, aunque no pudiera evitar que el ministro se sometiera al control del Congreso.
El PP tendr¨¢ m¨¢s dificultades para controlar las comisiones de investigaci¨®n, pero trabaja en la forma de descafeinarlas. Por ejemplo, pact¨® con Ciudadanos una sobre ¡°la presunta financiaci¨®n ilegal del PP, que permita esclarecer las responsabilidades pol¨ªticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetici¨®n de casos similares en un futuro¡±. Los populares conf¨ªan en reconducirla hacia una comisi¨®n gen¨¦rica que ya ha sido aprobada por el pleno, que presidir¨¢ el diputado de Ciudadanos Toni Cant¨®, y que trabajar¨¢ en busca de medidas contra la corrupci¨®n. Es decir, m¨¢s que una comisi¨®n de investigaci¨®n ser¨ªa una de estudio con comparecencia de juristas y especialistas que aporten propuestas.
Comisi¨®n de investigaci¨®n
Seg¨²n el PP, no es posible investigar G¨¹rtel mientras se celebra la vista oral y se est¨¢ a la espera de una sentencia sobre el caso. Algo parecido intentar¨¢n con la comisi¨®n de investigaci¨®n relativa a las gestiones en Interior del ministro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz. Esta ya ha sido creada, pero el PP intentar¨¢ negociar con el PSOE y Ciudadanos que no se convierta en un examen de ¡°las cloacas del Estado¡± en la que los populares podr¨ªan forzar comparecencias sobre la actividad de Interior con Gobiernos socialistas.
Respecto a la reforma de la Constituci¨®n, el PP quiere que antes de abrir una ponencia en el Congreso se limite en lo posible su alcance. Nada m¨¢s tomar posesi¨®n, el Ejecutivo tiene margen para poner en marcha una serie de nombramientos de cargos que cesan con el cambio de Gobierno, que son de su estricta competencia y que tienen que pasar por un examen no vinculante en el Congreso. Por ejemplo, el candidato a fiscal general del Estado, que debe comparecer en el Congreso, pero sin opini¨®n determinante de la C¨¢mara. Al futuro Gobierno de Rajoy le favorece que hasta enero, no hay que proceder a nombramientos de los que precisan consenso entre los partidos y que, adem¨¢s, los primeros sean en el Senado, donde tiene mayor¨ªa absoluta, aunque necesite mayor¨ªa cualificada. Concretamente son cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional.
Los que salen son el presidente, Francisco P¨¦rez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela As¨²a; y el magistrado Ricardo Enr¨ªquez, que fue nombrado en sustituci¨®n de Francisco Hernando. De esta terna era tambi¨¦n Luis Ortega, cuya plaza est¨¢ vacante desde su fallecimiento. De ellos, dos fueron propuestos por el PP, uno por el PSOE y otro por el PNV, lo que facilita el acuerdo.
Control de la derogaci¨®n de las leyes emblem¨¢ticas
El PP asume que cambiar¨¢n leyes aprobadas por su mayor¨ªa absoluta, aunque percibe matices entre los partidos, especialmente, entre Ciudadanos y el resto. Da por hecho que no habr¨¢ las rev¨¢lidas previstas en la Lomce, que se modificar¨¢n art¨ªculos de la ley mordaza.
Los populares est¨¢n dispuestos a conceder al PSOE un margen de maniobra, sobre todo porque los prefieren a la cabeza de la oposici¨®n, antes que a Podemos. Esperan aprovechar que en el horizonte no hay ninguna cita electoral y que el PSOE estar¨¢ enfrascado en su propia batalla interna.
Sobre la reforma laboral, el PP entiende que la reciente sentencia europea obliga a una revisi¨®n de la normativa laboral y una adaptaci¨®n a la jurisprudencia, pero cree que le puede favorecer la diferencia de criterio entre los otros tres grandes partidos.
Y se aferran al hecho de que de los 150 puntos y 263 medidas pactadas con Ciudadanos hay unas 107 que seg¨²n sus c¨¢lculos coinciden con las defendidas por el PSOE en su acuerdo con Albert Rivera.
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