El negociado de la vicepresidenta
La ¡®n¨²mero dos¡¯ pondr¨¢ a prueba la voluntad de acuerdo de Rajoy y de los soberanistas catalanes
La novedad m¨¢s llamativa del nuevo Gobierno es el papel asignado a la vicepresidenta S¨¢enz de Santamar¨ªa como responsable de la pol¨ªtica territorial, cuyo eje es la cuesti¨®n catalana. Se hab¨ªa especulado con la posibilidad de recuperar un ministerio exclusivo de Administraciones P¨²blicas para destacar la importancia otorgada a esa cuesti¨®n por el PP de Rajoy; pero este ha preferido hacerlo adjudicando tal responsabilidad a su n¨²mero dos, que se har¨¢ cargo de la negociaci¨®n con las instituciones catalanas. En dos campos: el de las demandas relacionadas con el autogobierno, en particular la financiaci¨®n, que permita crear un clima favorable al acuerdo; y el encaje en la legalidad del refer¨¦ndum.
Para lo primero, un punto de partida podr¨ªa ser el listado de 23 medidas (luego ampliado) presentado en su d¨ªa por Artur Mas; y, para lo segundo, la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2014 que admite que pueda invocarse ¡°un derecho a decidir como aspiraci¨®n pol¨ªtica a la que pueda llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional¡±. Es decir, tras una reforma constitucional refrendada por el conjunto de los espa?oles que ampare reformas del Estatut que a su vez refrendar¨ªa el pueblo de Catalu?a.
El di¨¢logo deber¨ªa partir de la voluntad compartida de evitar pasos irreversibles; y tambi¨¦n salidas simplistas o unilaterales. Frente a quienes con un 48% de voto independentista proclaman como un m¨¦rito haber llevado el proceso a un punto de no retorno, experiencias recientes como el Brexit han puesto de manifiesto que una debilidad del refer¨¦ndum es precisamente la imposibilidad de dar marcha atr¨¢s. Otro punto d¨¦bil del refer¨¦ndum es que comprime la pluralidad de la sociedad en dos ¨²nicas opciones, lo que divide a la poblaci¨®n en dos mitades excluyentes.
Falsas salidas ser¨ªan la generalizaci¨®n a todas las autonom¨ªas de un supuesto derecho de secesi¨®n ¡ªlo que solo servir¨ªa para convertir un problema dif¨ªcil en uno irresoluble ¡ª; o la pretensi¨®n de que el propio Estado facilite la ruptura modificando la normativa constitucional para salvar la incompatibilidad entre algunas de las demandas planteadas por los soberanistas y el principio de igualdad de derechos y deberes de todos los espa?oles consagrado en la Carta Magna. Su art¨ªculo 139 admite diferencias entre las comunidades, pero siempre que no impliquen ¡°privilegios econ¨®micos o sociales¡±.
En su toma de posesi¨®n, la vicepresidenta dej¨® un mensaje favorable a la v¨ªa reformista que podr¨ªa encajar con la disposici¨®n al di¨¢logo expresada por un sector del soberanismo catal¨¢n que admite la distinci¨®n entre un refer¨¦ndum dirimente, ineficaz como v¨ªa para superar desacuerdos y muy eficaz para fragmentar a la sociedad, y uno de ratificaci¨®n del acuerdo alcanzado. Este tipo de consulta cumplir¨ªa los requisitos de legal y negociada que los d¨ªas impares reivindica el soberanismo; mientras que un refer¨¦ndum binario sin acuerdo previo no resuelve el problema de fondo sino que lo perpet¨²a. Como ha evocado el profesor Joan Subirats en la edici¨®n catalana de EL PA?S (8-10-2016), un modelo remoto de esta forma de refer¨¦ndum es el emplazamiento de Poncio Pilatos a la muchedumbre para dirimir sobre si ten¨ªa que soltar a Jes¨²s o a Barrab¨¢s. El desenlace demostrar¨ªa que ¡°falt¨® deliberaci¨®n y sobr¨® excitaci¨®n¡±.
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