El sistema electoral s¨ª importa
Las opciones van de mejorar la proporcionalidad entre sufragios y esca?os a asegurar el Gobierno del m¨¢s votado
Hillary Clinton gan¨® a Donald Trump por varios cientos de miles de votos populares, pero perdi¨® las elecciones presidenciales porque la traducci¨®n de los sufragios en n¨²mero de delegados por cada Estado dej¨® a la candidata dem¨®crata muy por detr¨¢s de su adversario. Las enormes consecuencias de lo ocurrido ponen brutalmente de relieve la influencia capital de los sistemas electorales en cada pa¨ªs. Espa?a, donde el malestar con la situaci¨®n pol¨ªtica es muy persistente, necesita cambios en las reglas de juego pol¨ªtico si se pretende recuperar la confianza en la democracia representativa.
La base del proceso de reformas pol¨ªticas es la del sistema electoral, que regula la relaci¨®n entre votantes y elegidos. ?Hay que cambiar la legislaci¨®n electoral en vigor? No es ocioso advertir que ha servido tanto para grandes mayor¨ªas absolutas como para dar juego a un conjunto de minor¨ªas. Pero hay demandas de mayor proporcionalidad entre votos y esca?os, a lo cual se a?ade otra de mayor¨ªas m¨¢s fuertes. Las dos tendencias tienen abiertos sus libros de reclamaciones.
Mecanismos antibloqueo
Como se ha visto a lo largo de casi un a?o de par¨¢lisis, la obligaci¨®n constitucional de votar de nuevo cuando es imposible elegir a un presidente del Gobierno es muy negativa para las negociaciones poselectorales. Ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil evitar elecciones de repetici¨®n eliminando esa salida de la m¨¢xima ley, que tambi¨¦n deber¨ªa tocarse para no dejar al azar el momento de iniciar la formaci¨®n de Gobierno despu¨¦s de cada elecci¨®n.
El pacto entre el PP y Ciudadanos, que permiti¨® la reelecci¨®n de Mariano Rajoy, contiene esta advertencia: ¡°El Partido Popular se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza m¨¢s votada¡± ¡ªen l¨ªnea con las declaraciones de muchos de sus dirigentes¡ª, despu¨¦s de admitir que hay que abordar ¡°la reforma de la proporcionalidad¡±. La formulaci¨®n admite desde la designaci¨®n como jefe del Ejecutivo del candidato del partido m¨¢s votado, hasta forzar una mayor¨ªa con la atribuci¨®n de un plus de esca?os, como ha defendido Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un procedimiento de ese tipo funciona en Grecia, donde el partido ganador recibe hasta 50 esca?os extra. Algo parecido est¨¢ previsto en Italia para favorecer con una mayor¨ªa absoluta al partido o coalici¨®n m¨¢s votado. El cambio se encuentra pendiente del refer¨¦ndum constitucional convocado para diciembre, a cuya aprobaci¨®n ha condicionado Matteo Renzi su futuro pol¨ªtico como primer ministro. Aplicar este tipo de mecanismos en Espa?a ser¨ªa sin duda pol¨¦mico. Otra alternativa es una segunda vuelta entre los m¨¢s votados, importando el concepto de Francia, pa¨ªs con sistema mayoritario.
M¨¢s proporcionalidad. Una finalidad distinta es la que se persigue desde los nuevos partidos (Ciudadanos, Podemos) y tambi¨¦n desde el PSOE, cuyas propuestas van en el sentido de una mayor proporcionalidad entre votos y esca?os. El debate tiene que ver con la desigualdad del sufragio de los espa?oles, fruto, esencialmente, de la exigencia constitucional de mantener la provincia como distrito electoral. Lo cual provoca precios dispares por cada esca?o: hacen falta relativamente pocos votos para obtener diputados en las partes menos habitadas de Espa?a, granero habitual del PP y en parte del PSOE; pero se necesitan hasta cuatro o cinco veces m¨¢s en las zonas densamente pobladas.
Los gr¨¢ficos incluidos en estas p¨¢ginas muestran lo que habr¨ªa sucedido el 26-J si la elecci¨®n se hubiera hecho en distritos auton¨®micos ¡ªen lugar de provincias¡ª o si se ampliara a 400 el n¨²mero de diputados del Congreso. Soluci¨®n esta ¨²ltima plenamente constitucional, aunque dif¨ªcil de intentar por el aumento de gasto p¨²blico que supone, en medio del clima exacerbado de cr¨ªticas a la clase pol¨ªtica. Los nuevos partidos, sobre todo Ciudadanos, habr¨ªan podido controlar un mayor porcentaje de esca?os del Congreso con los mismos votos del 26-J, mientras el PP habr¨ªa tenido algunos diputados menos. Esta ¨²ltima raz¨®n da pocas posibilidades de que el partido de Rajoy apoye una reforma m¨¢s proporcional.
Listas desbloqueadas
Ya hab¨ªa muchas demandas para sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los votantes negar su respaldo a candidatos que no consideren dignos de su confianza. En principio, la reivindicaci¨®n de listas desbloqueadas o abiertas cuenta con el apoyo de los principales partidos. Llevarlo a la pr¨¢ctica no ser¨¢ tan f¨¢cil, puesto que implica retirar a las c¨²pulas el control del orden en que sit¨²an a los candidatos, una de las palancas de su poder interno. Abrir las listas puede ser tambi¨¦n contradictorio con la estricta disciplina de voto impuesta a los grupos parlamentarios. De poco valdr¨ªa permitir al elector cierta autonom¨ªa para decidir sobre candidatos si estos, en caso de ser elegidos, carecen de margen de maniobra. Lo que le sucedi¨® al PSOE en la investidura de Rajoy ilustra la tensi¨®n que existe entre autonom¨ªa del diputado y sometimiento a la disciplina del grupo parlamentario.
La apertura de las listas se inserta en un debate amplio que afecta a la rendici¨®n de cuentas de los elegidos ante los votantes. Al elector solo se le ha permitido hasta ahora enjuiciar globalmente a marcas de partidos y no a candidatos individuales.
Democracia de partidos
Con uno y otro sistema electoral, hay que vigorizar a los partidos. Algunas de las m¨¢s importantes organizaciones pol¨ªticas dilatan demasiado sus congresos, como le ocurre al PP, que ha dejado transcurrir casi cinco a?os desde su ¨²ltimo c¨®nclave nacional. Por comparaci¨®n, en Reino Unido o Alemania es habitual una reuni¨®n anual o cada dos a?os. La cadencia observada en Espa?a tiende a perpetuar el poder de los dirigentes, dilatar la rendici¨®n de cuentas y minimizar los debates sobre las l¨ªneas de acci¨®n.
Un gran asunto pendiente es el de la transparencia de la financiaci¨®n pol¨ªtica. Prestas a explotar los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n del contrario, las organizaciones son m¨¢s reacias a atacar el problema estructural de cu¨¢nto y qui¨¦n tiene que pagar el coste de los partidos y de las campa?as electorales. Es insoportable cargar a la ciudadan¨ªa con la factura del sostenimiento legal de la pol¨ªtica mientras persisten fuertes sospechas sobre el origen irregular de otra parte de los fondos empleados. La publicaci¨®n de algunas declaraciones de la renta en Internet no puede sustituir la imposici¨®n por ley de un sistema mucho m¨¢s transparente y de un control de cuentas de verdad independiente.
No solo merece la pena cambiar las reglas del juego para mejorar la representaci¨®n y la elecci¨®n, sino asegurarse de que en un ¡°Estado de partidos¡± ¡ªcomo lo defini¨® Manuel Garc¨ªa Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional¡ª, las organizaciones que vertebran la pol¨ªtica del pa¨ªs se rijan por serios principios de calidad democr¨¢tica.
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