Un ¡°grupo criminal¡± instalado en la planta ilegal de Chiloeches

En su auto, fechado este mi¨¦rcoles, el juez describe la actuaci¨®n de los empresarios encargados de los residuos como la de "un grupo criminal". Por un lado, el juez imputa a estos empresarios y varios de sus trabajadores. Por otro, a los responsables de la Administraci¨®n auton¨®mica y del Ayuntamiento de Chiloeches que permitieron que la planta siguiera operando pese a no tener en vigor los permisos. Finalmente, las instalaciones acabaron ardiendo en agosto.?

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La Guardia Civil acusa al exalcalde de Chiloeches de prevaricaci¨®n medioambiental

El juez imputa al administrador ¨²nico de KUK Medioambiental -propietaria de la planta- y a los tres due?os de la empresa Grupo Layna, sociedad que tuvo arrendadas las instalaciones entre marzo de 2015 y marzo de 2016. Durante ese tiempo, seg¨²n describe el auto, habr¨ªan llegado hasta las instalaciones "27.220 toneladas de residuos peligrosos, adem¨¢s de una cantidad indeterminada de residuos no peligrosos". Los trabajadores luego realizaban presuntamente "mezclas de los residuos peligrosos con los no peligrosos". "Esta mezcla era posteriormente cargada en camiones ba?era del propio Grupo Layna y, tras ser recubiertos por una capa de Residuos de Construcci¨®n y Demolici¨®n (RCDs), trasladados al vertedero de residuos inertes de Salmedina, con el que los investigados manten¨ªan una estrecha relaci¨®n". El juez tambi¨¦n imputa al gerente de esa planta de Salmedina.?

Con estas pr¨¢cticas, seg¨²n el auto, se pudieron "gestionar presuntamente ingentes cantidades de residuos peligrosos procediendo a su vertido en un lugar no habilitado al efecto, con el consiguiente riesgo para las personas y el medio ambiente".

Estas pr¨¢cticas, seg¨²n adelant¨® EL PA?S, fueron denunciadas a principios de a?o por el grupo Anonymous y la patronal del sector de residuos peligrosos, Asegre, que lleg¨® a contratar a una agencia de detectives privados para registrar las irregularidades, que luego fueron confirmadas por el Seprona de la Guardia Civil.

Responsables pol¨ªticos

Entre los imputados figura el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Sergio Gonz¨¢lez, que en septiembre dej¨® su cargo tras conocerse que hab¨ªa tenido relaciones empresariales con Grupo Layna. El juez le acusa de "prevaricaci¨®n ambiental". Seg¨²n detalla, otorg¨® presuntamente a KUK "una modificaci¨®n no sustancial de la Autorizaci¨®n Ambiental Integrada", el permiso que necesitaba para que la planta siguiera recibiendo residuos peligrosos. Pero el juez recuerda que, en vez de haber logrado esa modificaci¨®n, la empresa "deber¨ªa haber cesado su actividad por sanci¨®n". Ten¨ªa suspendida esa autorizaci¨®n ambiental. Por el mismo motivo, varios altos cargos de la Junta, de esta etapa y del anterior Gobierno aut¨®nomo, tambi¨¦n est¨¢n imputados.

Por ¨²ltimo, el juez imputa al exalcalde Chiloeches C¨¦sar Urrea por haber permitido que la planta operara en su localidad pese a que la mayor parte de las instalaciones no contaban con licencia municipal, como adelant¨® EL PA?S. "El Consistorio ten¨ªa presuntamente perfecto conocimiento de que la empresa ejerc¨ªa la actividad sin la preceptiva licencia de apertura", recuerda en su auto el juez.