Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel

Antonio Seoane celebra 26 juicios a la semana, pero ha llegado a se?alar 60. Los nuevos despidos, reclamaciones por pensiones de viudedad o invalidez, problemas sindicales o de acoso laboral se agolpan en la mesa de su despacho d¨ªa tras d¨ªa. Su carga de trabajo est¨¢ al 200% de lo considerado razonable. Trabaja por las tardes, muchas noches y los fines de semana. Y sabe que nunca ser¨¢ suficiente. La justicia le devuelve a este magistrado su particular roca de S¨ªsifo una y otra vez; un colapso imposible de atajar.

M¨¢s informaci¨®n

Cuando su se?or¨ªa es el sancionado

El Consejo de Europa reprueba la politizaci¨®n del sistema para elegir el Poder Judicial

El sistema electoral s¨ª importa

La justicia en Espa?a es lenta, sobre todo en algunas jurisdicciones. Hay juzgados se?alando juicios para 2020. Y los ciudadanos creen que, adem¨¢s, est¨¢ politizada. El 56% de los espa?oles, seg¨²n el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE publicado el pasado abril por la Comisi¨®n Europea, tiene una opini¨®n mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones pol¨ªticas y econ¨®micas.

La ineficacia y la apariencia de politizaci¨®n de la justicia son los dos grandes problemas en torno a los cuales gravitan todos los dem¨¢s. Pero ning¨²n Gobierno democr¨¢tico los ha abordado de forma radical. Quiz¨¢ porque los ciudadanos no aprecian que la Administraci¨®n de Justicia sea uno de los principales problemas del pa¨ªs (solo lo consideraba as¨ª el 1,4% de la poblaci¨®n seg¨²n el ¨²ltimo bar¨®metro del CIS); quiz¨¢ porque la gente tiene relaci¨®n con los juzgados en momentos puntuales de su vida y, a diferencia de lo que ocurre con la Sanidad o la Educaci¨®n, la lentitud de la justicia nunca sacar¨¢ a las masas a la calle; o quiz¨¢ porque se trata de una reforma compleja y que requiere de m¨²ltiples consensos.

Los operadores jur¨ªdicos (abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios¡­) coinciden en que la soluci¨®n no se puede demorar m¨¢s, en que es urgente un Pacto sobre la Justicia que lleve de una vez al siglo XXI a uno de los tres poderes del Estado; un pacto duradero que pueda sentar las bases para el buen funcionamiento del sistema judicial como servicio p¨²blico que tiene la obligaci¨®n de atender en tiempo y forma las reclamaciones ciudadanas. Y, por primera vez, parece que hay tambi¨¦n consenso entre los partidos sobre la necesidad de acometer estas reformas. ¡°El momento pol¨ªtico es id¨®neo¡±, opina Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola. ¡°No se puede desaprovechar esta oportunidad¡±.

Sistema poco ¨¢gil y mal dotado

Espa?a tiene 5.800 jueces, 5.500 de ellos en activo. Son 12'5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21'6 de media de la UE ¡ªaunque los criterios de c¨®mputo no son homog¨¦neos¡ª. Los expertos consultados coinciden en que aumentar la planta judicial es necesario. Pero a?aden que no es suficiente; que de nada sirve poner 4.000 o 5.000 jueces m¨¢s en el pa¨ªs si eso no va acompa?ado de otros mecanismos que dejen atr¨¢s el viejo modelo organizativo del siglo XIX.

¡°Es urgente racionalizar el trabajo¡±, opina Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, diputada socialista y presidenta de la Comisi¨®n de Justicia del Congreso. ¡°Hay jurisdicciones y juzgados colapsados mientras otros tienen una carga de trabajo m¨ªnima, como los juzgados de menores o las salas civiles y penales de los tribunales superiores de justicia. Un primer paso ser¨ªa hacer una radiograf¨ªa de los juzgados existentes y de su carga de trabajo. Las estad¨ªsticas ahora no son fiables. Est¨¢n las del Poder Judicial, las de las comunidades aut¨®nomas¡­ Yo soy partidaria de una auditor¨ªa externa que diga de verdad qui¨¦n sobra, qui¨¦n no sobra y cu¨¢ntos y d¨®nde faltan¡±.

Hacen falta m¨¢s jueces, pero no necesariamente m¨¢s juzgados. Los magistrados plantean la posibilidad de crear, en vez de m¨¢s juzgados unipersonales, tribunales de instancia en los que un secretario y un grupo de funcionarios puedan atender las necesidades de varios jueces. Porque los atascos no suelen estar en la tramitaci¨®n de los casos sino en las resoluciones que tienen que dictar los magistrados. As¨ª, la creaci¨®n de nuevas plazas de juez no conllevar¨ªa la creaci¨®n del mismo n¨²mero de ¨®rganos judiciales y exigir¨ªa una menor inversi¨®n. ¡°Esto supondr¨ªa que el trabajo se podr¨ªa repartir racionalmente entre todos los miembros de ese tribunal¡±, defiende Jos¨¦ Mar¨ªa P¨¢ez, juez decano de M¨¢laga. ¡°Y se evitar¨ªa esa situaci¨®n tan absurda de que en un juzgado entren 2.500 asuntos al a?o y en otro 250¡±.

Sobre la mesa est¨¢ tambi¨¦n modificar el n¨²mero de partidos judiciales en los que se divide Espa?a, 431, para simplificar el modelo y poder concentrar los recursos. ¡°?Qu¨¦ sentido tiene que en Asturias haya ahora 18 partidos judiciales?¡±, se pregunta Ignacio Gonz¨¢lez Vega, portavoz de la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia. ¡°Tal y como est¨¢n configurados, se crearon pensando en que los ciudadanos iban en diligencia, a caballo o a pie¡±, a?ade Manuel Almenar, portavoz de la mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora. ¡°Hoy en d¨ªa no tienen sentido. La eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensi¨®n y grandes sedes donde se concentren juzgados que est¨¦n dotados de m¨¢s medios y mejores servicios de apoyo¡±.

Toneladas de papel

Otra cuesti¨®n: reducir las toneladas de papel que anegan los juzgados. ¡°Para agilizar la justicia hay que arreglar de una vez el tema del expediente digital¡±, se?ala P¨¢ez, decano de M¨¢laga. ¡°Ahora mismo hay ocho sistemas inform¨¢ticos distintos ¡ªsiete de algunas comunidades aut¨®nomas con competencias de justicia transferidas y otro del ministerio¡ª, que no se pueden comunicar entre s¨ª. No tiene ning¨²n sentido. ?Queremos o no queremos que la justicia funcione a nivel nacional? Esa es la gran pregunta¡±. Los jueces decanos presentaron en octubre un documento consensuado sobre la necesidad de un Pacto de Estado y cu¨¢les deber¨ªan ser sus l¨ªneas maestras.

M¨¢s jueces, mayor concentraci¨®n de sedes, m¨¢s y mejores servicios comunes, reorganizar el mapa judicial, m¨¢s recursos en la oficina judicial avanzar en la senda tecnol¨®gica... Sobre el papel, parece f¨¢cil. Pero no lo es. La racionalidad suele chocar con unos alcaldes ¡ªde todos los partidos¡ª que no quieren que se suprima un solo partido judicial porque lo perciben como una p¨¦rdida de poder; con unos intereses sindicales que muchas veces no ven con buenos ojos algunos cambios; con unas comunidades aut¨®nomas que se resisten a cambiar su sistema inform¨¢tico para que sea compatible con el resto; y con unos presupuestos ¡ªauton¨®micos y estatales¡ª que no acompa?an.

¡°Todos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero luego no se hace¡±, lamenta Robles. ¡°Los magistrados, en todo caso, planteamos soluciones para casi todo¡±, asegura el decano P¨¢ez. ¡°Sabemos que el tema de los partidos judiciales es pol¨ªticamente complicado, as¨ª que otra opci¨®n ser¨ªa mantener esos juzgados de partidos peque?os pero con menos competencias y avanzar por el camino de los juzgados especializados y tribunales de instancia. Existen muchos puntos de consenso posible y deber¨ªamos centrarnos en ellos¡±.

?Que instruyan los fiscales?

Hay un sinf¨ªn de debates abiertos: mejorar la forma de seleccionar a jueces y fiscales para que no solo se valore su memoria; potenciar de verdad los medios alternativos de resoluci¨®n de conflictos, la mediaci¨®n y el arbitraje; llevar a cabo reformas procesales valientes que establezcan procedimientos m¨¢s sencillos y racionales que reduzcan dilaciones y carga de trabajo; una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1881 y que probablemente lleve la instrucci¨®n a manos de los fiscales...

¡°Pero si se quiere ir adelante con esta idea se tiene que garantizar la autonom¨ªa de los fiscales y dar la vuelta a su estatuto¡±, opina ?lvaro Garc¨ªa, de la Uni¨®n Progresista de Fiscales. ¡°La constituci¨®n establece que sea el Gobierno quien nombre al Fiscal General del Estado y reformarla es complicado, pero s¨ª se puede blindar la carrera fiscal frente a injerencias pol¨ªticas e impedir que el fiscal general pueda dar ¨®rdenes de no acusar a alguien¡±.

Un sistema que debe ser imparcial... y parecerlo

La politizaci¨®n de la justicia es la otra gran cuesti¨®n que debe abordar un pacto por la Justicia. El sistema no solo tiene que ser independiente, sino que debe parecerlo. El modelo de elecci¨®n de los miembros del ¨®rgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, est¨¢ siempre en el centro de ese debate. De sus 20 vocales, 12 son jueces y 8 son juristas de reconocido prestigio nombrados por el Parlamento. ?C¨®mo deben nombrase los 12 procedentes de la judicatura? Los compromisos internacionales aceptados por Espa?a exigen que los jueces participen de alguna manera, pero no necesariamente excluyen un modelo mixto que incluya a las Cortes ¡ªcomo el anterior al actual, en el que las asociaciones de jueces preseleccionaban y el Parlamento eleg¨ªa¡ª. El Partido Popular y Ciudadanos pactaron una elecci¨®n solo judicial, pero el PSOE no parece estar por la labor de excluir a las Cortes del proceso. El modelo perfecto, de cualquier forma, no existe.

No es lo ¨²nico que debe revisarse. El r¨¦gimen de ascensos y promociones es tambi¨¦n motivo frecuente de queja entre jueces de base que aseguran que poner sentencias y hacer el trabajo bien no es suficiente para ascender y mejorar en la carrera; que quien no tiene contactos y se mueve pol¨ªticamente no tiene acceso a ciertos cargos y que el inter¨¦s del Gobierno por controlar determinados espacios, como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo contamina todo. ¡°Ser¨ªa esencial objetivar el r¨¦gimen de nombramientos, que haya que motivar exhaustivamente cada elecci¨®n y que todo se lleve a cabo con la m¨¢s absoluta transparencia¡±, defiende Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola.

¡°Es necesario replante¨¢rselo todo¡±, dice el juez Seoane entre su mont¨®n de expedientes de papel. ¡°Hasta ahora no ha habido una conciencia democr¨¢tica de que sin una justicia que funcione no hay divisi¨®n de poderes¡±.