Conflicto de legitimidades

El portavoz en el Congreso de la antigua Converg¨¨ncia, Francesc Homs, present¨® la semana pasada una moci¨®n para la creaci¨®n de una comisi¨®n con el encargo de hacer un diagn¨®stico sobre el desarrollo de la autonom¨ªa catalana y de impulsar ¡°el di¨¢logo pol¨ªtico como instrumento que permita dar respuesta al conflicto de legitimidades surgido como consecuencia de que aquello que vot¨® en refer¨¦ndum el pueblo de Catalu?a fue luego alterado por el Tribunal Constitucional¡±.

El conflicto de legitimidades fue muy invocado durante la gestaci¨®n de la reforma del Estatuto de Catalu?a, a mediados de la pasada d¨¦cada; pero no por los nacionalistas sino por pol¨ªticos y acad¨¦micos constitucionalistas, como advertencia del riesgo que para el sistema auton¨®mico supon¨ªa el proceso tal como se estaba planteando: apostando por forzar las cosas al m¨¢ximo, desbordando los l¨ªmites constitucionales al amparo del compromiso de Zapatero de avalar lo que llegase como fruto del consenso catal¨¢n. El resultado fue un proyecto lleno de art¨ªculos bajo sospecha de inconstitucionalidad. Pero es llamativo que los impulsores de aquella operaci¨®n sigan evitando entrar en si los contenidos del texto eran o no inconstitucionales, centr¨¢ndose en el hecho, que consideran una ofensa a los catalanes, de que pudiera ser impugnado un texto que hab¨ªa sido aprobado por el Parlament y refrendado por el pueblo de Catalu?a. El argumento era que hab¨ªa que depurar el proyecto antes de votarlo en la C¨¢mara catalana y de enviarlo a las Cortes porque intentar corregir esas extralimitaciones a posteriori, en el Congreso, plantear¨ªa un conflicto de legitimidades de hondo calado pol¨ªtico.

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Lo que los nacionalistas dec¨ªan no era que los art¨ªculos eliminados por el Tribunal fueran constitucionales, sino que una vez legitimados por el pueblo catal¨¢n, no deber¨ªa ser posible plantear recurso de inconstitucionalidad. Posici¨®n compartida por bastantes juristas desde que se conoci¨® el recurso del PP; y, sobre todo, desde que se public¨® la sentencia, en junio de 2010. Lo que llev¨® al PP y PSOE a pactar una reforma legal que evitase situaciones como esa.

Dicha reforma est¨¢ en vigor desde el 24 de septiembre de 2015, y consiste en la reincorporaci¨®n a la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional del recurso previo de inconstitucionalidad ¡ªsuprimido con car¨¢cter general en 1985¡ª en virtud del cual se evitar¨ªa que el Tribunal tuviera que pronunciarse sobre el Estatuto una vez celebrado el refer¨¦ndum, con lo que se evitar¨ªa tambi¨¦n el potencial conflicto de legitimidades. El nuevo art¨ªculo 79-5 de esa ley precisa que cuando la aprobaci¨®n de la propuesta haya de ser sometida a refer¨¦ndum, el mismo ¡°no podr¨¢ convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales¡±.

Que una de las pocas iniciativas eficaces en este terreno haya sido fruto de un pacto entre PP y PSOE da la raz¨®n a la vicepresidenta cuando sostiene que fue un error de su partido no haber intentado acordar con los socialistas una estrategia com¨²n. Seg¨²n la moci¨®n presentada por Homs, la sentencia del Constitucional ¡°derrumba todas las expectativas del catalanismo pol¨ªtico¡±. Afirmaci¨®n a todas luces exagerada para una resoluci¨®n que declara inconstitucionales 14 de sus 223 art¨ªculos, avalando el resto.